octubre 30, 2020

El vuelo del Cóndor

El 16 de octubre de 1998, el dictador chileno Augusto Pinochet era detenido en Londres, a pedido de la justicia española, por los crímenes cometidos en su país a partir de 1973, dos años después de que en Bolivia el entonces coronel Hugo Banzer Suárez instalara una de las dictaduras más sangrientas, anti-populares, anti-nacionales y pro-imperialistas.

Días después de que Hugo Banzer negara su participación en la “Operación Cóndor” —un sistema de represión internacional concebido por la CIA y coordinado desde Chile— el ambiente político nacional volvió a estremecerse por las declaraciones del periodista y escritor argentino Martín Sivak y el abogado paraguayo Martín Almeda.

El 27 de octubre de ese año, la prensa boliviana hacía conocer una carta abierta dirigida por el periodista argentino al presidente Hugo Banzer Suárez, en la cual señalaba que el Jefe de Estado estaba involucrado en la “Operación Cóndor”.

“El viernes pasado usted declaró que no sabía nada de la Operación Cóndor, la coordinación represiva de los países del Cono Sur. Fui consultado por varios medios bolivianos, pero prefiero escribir mi respuesta de manera más detallada”, comenzaba la carta escrita por Sivak en respuesta a las iniciales declaraciones de Banzer, ocho días después de registrarse la detención de Pinochet en Inglaterra y en la cual afirmaba, “a fe de hombre”, jamás haber conocido la puesta en marcha de ese plan antisubversivo.

Tras la sistemática negativa de Banzer de haber tenido conocimiento de la “Operación Cóndor”, Sivak sostiene: “su ex ministro del Interior, Alfredo Arce Carpio, me lo dijo en una entrevista: ‘La coordinación entre Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay, que se llamó Operación Cóndor, existió. Esa forma de espionaje fue real. Los gobiernos militares de América acordaron tener un trabajo conjunto de información e intercambio de prisioneros”.

Agrega que “Un documento de la CIA, en manos de la justicia española y citado en mi libro, señala que Chile es el centro de Operación Cóndor y sus miembros incluyen a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay”.

Como ejemplificación de lo anterior, el periodista y escritor argentino hace referencia a la detención y posterior desaparición del contador agrícola Julio del Tránsito Valladares Caroca, también contemplado en la resolución del juez Garzón, y a la tortura en dependencias del Ministerio del Interior de Bolivia de los ciudadanos chilenos Jorge Tobar Muñoz y Wálter Rivera, a quienes les clavaron alfileres en las uñas y los testículos, además de hacerles simulacros de fusilamiento, en varios días de interrogatorio y tortura.

Al insistir en la coordinación de las dictaduras de Bolivia, Chile y Argentina, Sivak sostiene que en junio de 1976, el dirigente minero Víctor López Arias fue deportado por el gobierno de Banzer a Chile, junto a otros 50 dirigentes, y al secuestro en el vecino de país de Jorge Gallardo, ministro del Interior de Juan José Torres, para ser trasladado a territorio boliviano en un operativo conjunto de ambos ejércitos.

En la misiva, no respondida por Banzer, el periodista argentino también hace referencia al secuestro de una niña argentina, nieta de Matilde Artés, al asesinato del esposo de su hija, Lucas López, y a la persecución de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista asesinado en 1980.

Por su parte, el abogado paraguayo Martín Almada, quien descubrió los “Archivos del Terror” de la dictadura de Alfredo Stroessner, señala en una declaración formulada a la agencia EFE, el 21 de octubre de ese año, que “la detención de Pinochet en Londres a petición del juez español Baltazar Garzón es una buena ocasión para recordarle, especialmente a algunos países suramericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay) que la ‘Operación Cóndor’ existió y dejó miles de víctimas”.

Almada sostiene que “las mayores pruebas no están en España ni en Londres, sino en Asunción en las cinco toneladas de documentos que pueden acorralar a Pinochet, a Estroessner, a Rafael Videla y Hugo Banzer”.

El asesinato de Torres, una pesadilla

No cabe duda que el asesinato del general Juan José Torres, ocurrido en 1976 en la Argentina, se convirtió en una de las pesadillas más fuertes que recayó sobre Hugo Banzer Suárez y los que lo acompañaron en la dictadura.

De acuerdo a la bibliografía que existe sobre este hecho, entre las que destacan Operación Cóndor, su rastro sangriento, de Valentín Mashkin, y Banzer y el Mercosur de la muerte: el asesinato de Juan José Torres, de Martín Sivak, la suerte del llamado “general del pueblo” estaba sellada desde el momento en que el entonces coronel de ejército ocupó el Palacio Quemado en la mañana del 21 de agosto de 1971.

Tal vez sea bueno recordar que la situación política en Bolivia llegó a polarizarse a fines de la década de los 70. Varios hechos permitieron a las fuerzas progresistas y de izquierda recuperar un espacio que se pensaba perdido: los efectos de la presencia y posterior muerte del Che, la nacionalización de la transnacional petrolera Gulf Oil durante el gobierno de Jorge Ovando y a iniciativa de su ministro de Minas y petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz; las jornadas de mayo del 68 en París, la lucha por la autonomía universitaria y la irrupción de una nueva experiencia guerrillera en Teoponte.

Las fuerzas armadas no escapaban a esta polarización. Al interior de este “destacamento de hombres armados” habían corrientes progresistas y revolucionarias, aunque la mayor parte de ellas de corte nacionalista, pero también posiciones reaccionarias y proimperialistas. En el primer bando estaba Juan José Torres, en el segundo Hugo Banzer.

En 1970, durante el gobierno de Ovando, el general Rogelio Miranda encabezó un levantamiento militar con el propósito de instaurar en el país una dictadura abiertamente reaccionaria. El entonces presidente de Bolivia entregó el mando a una junta militar, pero una movilización de obreros y campesinos, previa convocatoria a una huelga indefinida por parte de la Central Obrera Boliviana, cambiaría el curso de los hechos. El general Juan José Torres, en torno al cual se nuclearon las fuerzas civiles de izquierda, dio un contragolpe y el 7 de octubre asumió el mando del país.

Durante los diez meses en que Torres ocupó la presidencia, no siempre actuó consecuente en sus acciones contra el imperialismo y la oligarquía local, llegando incluso a tener una posición ambigua en relación a la Asamblea del Pueblo, una suerte de parlamento popular. Sin embargo, lo que hizo no fue del agrado de la reacción: nacionalizó la mina Matilde que estaba en manos de una empresa norteamericana, estableció contactos económicos con la URSS y abrió las puertas para un control obrero en las minas y la industria petrolera.

Producto de esta lucha entre las fuerzas revolucionarias y reaccionarias es que en agosto de 1971, respaldado por los Estados Unidos y dos partidos tradicionalmente enemistados: el MNR y FSB, el coronel Banzer organiza un golpe de estado que el 21 de agosto de ese mes lo encumbraría en la presidencia.

Según sostiene Martín Sivak en su libro, en marzo de 1976, a pocos días del golpe militar en la Argentina, el agregado militar de Banzer en Buenos Aires lanzó una abierta amenaza: “Ahora me la va a pagar Torres. Ya no voy a conformarme con hacerlo poner en la frontera, sino van a ver lo que le pasa”.

En 1975, señala el autor, Juan José Torres, dirigentes opositores al régimen y los exiliados del MNR —ya habían roto su alianza con Banzer— vivían en Buenos Aires. El dictador necesitaba de una persona de confianza para vigilarlos y perseguirlos. Raúl “Pajarito” Tejerina fue el elegido.

En Argentina, agrega, Tejerina contaba con un apoyo fundamental: el cónsul boliviano en La Plata, Eduardo Banzer Ojopi, primo del dictador que luego se haría famoso por estar involucrado en un negocio de drogas.

Un mes antes del asesinato de Torres, el hijo menor del “general del pueblo”, Juan Carlos, observó como un auto del consulado de color oscuro estaba estacionado a cuatro cuadras del departamento donde vivía con sus padres. Lo mismo dice el escritor Valentín Mashkin, quien señala “a veces, a la cola de su coche (de Torres) iba pegado, sin tratar siquiera de disimularlo, un automóvil perteneciente al consulado de Bolivia. Aquel mismo automóvil vigilaba frecuentemente la casa de Torres. Y el agregado militar de la embajada de Bolivia, el coronel Raúl Tejerina, amenazó abiertamente más de una vez con matar al general en retiro”.

Las investigaciones establecen que Juan José Torres fue secuestrado en la mañana del 1 de junio de 1976 y su cuerpo apareció treinta y seis horas después cerca de la ciudad de San Andrés de Giles, distante a cien kilómetros de Buenos Aires, ya sin vida.

Tejerina regresó a Bolivia a fines de 1976 y fue recibido con todos los honores. El 3 de enero de 1977 fue ascendido a General de Brigada y dos días después asumió como Jefe de la Casa Militar. Sólo habían pasado seis meses del asesinato de Torres.

En la lista de sospechosos de la muerte de Torres figuran, además de Hugo Banzer, su primo y Tejerina, el ministro del Interior argentino en 1976, Albano Harguindeguy, dos comisarios de ese país, la banda de Aníbal Gordon, un grupo de Rangers y el ex agente de la DINA chilena, Michael Townley.

El caso de Matilde Arét

Otro de los casos que pesan, en calidad de prueba de cargo contra el general Hugo Banzer Suárez, es el largo vía crucis por el cual pasó la ciudadana argentina Matilde Artés en su afán de recuperar a su hija y nieta secuestradas por la dictadura boliviana.

Matilde, llamada Hilda o Sacha en el mundo teatral, en recuerdo a su rutilante vida artística y un interminable peregrinar que como efectos de la “Operación Cóndor” la llevó a recorrer Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, fue detenida en enero de 1972 en una casa de la ciudad de La Paz y liberada 46 días después por presión de la embajada de Argentina, cuando las cicatrices de las profundas heridas abiertas por las brutales palizas propinadas por los agentes de la dictadura llegaron a cerrarse.

Los agentes de inteligencia del banzerismo, entre los cuales habían varios extranjeros, acusaron a Artés de haber integrado parte de la estructura guerrillera que comandaba Ernesto Che Guevara durante la experiencia insurgente de 1967. Torturas psicológicas y físicas trataban, de día y noche, de arrancar una confesión incriminatoria de la ciudadana argentina.

Luego de una presión de la representación diplomática de su país, Matilde fue expulsada a la Argentina. Días después volvería a salir al exterior, esta vez a Chile, donde uno de sus hijos fue operado del corazón. Ella, todavía, continúa mostrando, en su tierra natal, las heridas causadas por los paramilitares de la dictadura boliviana.

Pero los sufrimientos de Matilde no acabarían. Su hija, Graciela Artés, fue detenida en la ciudad de Oruro de Bolivia en abril de 1976 y entregada a unos agentes al mando de Guido Benavidez, un jefe policial causante de varias muertes en la dictadura de Banzer pero también en la de García Meza.

Con las manos maniatadas y los ojos vendados, Graciela fue torturada y violada en varias casas de seguridad que la dictadura disponía. Entretanto, el ejército boliviano asesinó al esposo de Graciela, el uruguayo Lucas López, acusado de pertenecer a una de las estructuras del ELN de Bolivia.

Pero si lo que sucedía con Graciela es un vivo y lacerante testimonio de la violación de derechos humanos cometidos por el régimen de Banzer, la situación se torna mucho más inhumana y cruel cuando se llega a saber que junto a esta ciudadana argentina estaba detenida Carla Rutilo, su pequeña hija, de apenas 8 años de edad, que fue llevada a un hogar de niños ubicado en la popular zona de Villa Fátima.

Como parte de la “Operación Cóndor”, Graciela fue entregada, por ordenes del ministro del Interior, Juan Pereda, a los oficiales de la seguridad argentina, donde fue trasladada a Automotores Orletti, un centro de torturas que la dictadura del general Rafael Videla había organizado para retener a cientos de prisioneros. Años después se llegaría a saber que la hija de Graciela y nieta de Matilde Artés, Carla, sería entregada con otra identidad a manos del asesino de la Triple A, Eduardo Russo.

Carla ha sido recuperada, su madre, Graciela, figura en la larga lista de las desaparecidas por la dictadura argentina. Entretanto, Matilde Artés continúa luchando a lado de las Abuelas de la Plaza de Mayo esperando que se haga justicia

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La muerte de Selich Chop

Dos días después de la detención de Pinochet, en una declaración efectuada desde el Paraguay, la viuda de Selich Chop colocó a Banzer y Arce Carpio en una situación incómoda y dio un amplio testimonio sobre las circunstancias en las que su esposo murió en mayo de 1973.

“A mi esposo lo mataron en la casa del entonces ministro del Interior, Arce Carpio”, fueron las primeras palabras que un periodista del entonces matutino Presencia escuchó a través del auricular al empezar su conversación con Socorro Salinas Vda. de Selich.

El desaparecido coronel fue ministro del Interior de Banzer desde el 24 de agosto de 1971, cuatro días después del golpe militar, hasta el 28 de diciembre de ese mismo año, para luego asumir la representación boliviana en el Paraguay, gobernada por el también dictador Alfredo Stroessner.

Tras ingresar clandestinamente al país, en mayo de 1973, presuntamente para reunirse con varios militares y civiles descontentos con Banzer, fue detenido el 15 de ese mismo mes, a las 13:30 horas, en una casa de Miraflores, en un operativo dirigido por Arce Carpio. Por tres lugares pasó Selich Chop antes de encontrar la muerte: el Ministerio del Interior, la casa del teniente Moyano y la residencia del entonces ministro Arce Carpio

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La viuda del militar está convencida de que en la segunda casa es donde a su cónyuge le reventaron el hígado, previa intoxicación con whisky, y en el último lugar donde le propinaron los últimos golpes que le destrozan las costillas y le provocan la muerte.

El asesinato de Quiroga Santa Cruz

El 17 de julio de 1980, cerca de las siete de la mañana, el país amanecía con las noticias de un alzamiento armado en la ciudad de Trinidad, encabezado por un grupo de militares que, a partir de ese día, constituirían uno de los regímenes que mayor relación llegaría a tener con el narcotráfico. Los golpistas justificaron sus acciones porque observaban “excesos” de la democracia y un vacío de poder producido por Lidia Gueiler, presidenta interina de la república.

En la sede de la COB, una vez enterados de los hechos, se llevó a cabo una reunión de urgencia del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) con el propósito de analizar la situación política del país y preparar las medidas de resistencia. Los planes de las organizaciones sindicales, políticas, derechos humanos y otras no prosperaron pues a poco antes de que las manecillas del reloj marquen las doce del día, bandas de paramilitares, encubiertas en ambulancias, penetraron al recinto sindical y, tras disparar unas ráfagas de ametralladora, detuvieron a todos quienes se encontraban en el lugar.

Al bajar las escalinatas, un paramilitar disparó sobre el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista que después sería salvajemente torturado y asesinado. Junto a él, también recibió un impacto de muerte el dirigente Carlos Flores Bedregal.

¿Cuál es la relación del golpe de Estado de 1980 y el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz con la “Operación Cóndor”?. De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, existen cada vez menos dudas de que esta nueva interrupción del sistema democrático en Bolivia fue parte de la ofensiva de las fuerzas reaccionarias del continente y de los Estados Unidos, con el objetivo de impedir el avance de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda.

El régimen de García Meza y el coronel Luís Arce Gómez, hoy presos en Chonchocoro, contó con el asesoramiento y participación de los militares argentinos, y de connotadas paramilitares italianos y alemanes que también jugaron un papel de primera importancia en la “Operación Cóndor”. Estos son los casos del italiano Stephano delle Chiaie; el alemán involucrado en el exterminio masivo de judíos en la II Guerra Mundial, Klaus Altmann, fallecido en Francia luego de ser extraditado de Bolivia y Joseph Menguele, otro criminal de guerra nazi muerto extrañamente en Argentina.

¿Quienes se beneficiaron con la muerte de Quiroga Santa Cruz?. En primer lugar, García Meza, quien el 21 de junio de 1980, declaró públicamente a la prensa: “Advierto por última vez que las Fuerzas Armadas de la Nación no permitirán un ataque más a cualquiera de sus miembros o a la propia institución tutelar de la patria, y los que reiteren en sus insultos se atendrán a sus graves consecuencias. No se puede tolerar más esos ataques, esos insultos a las Fuerzas Armadas, como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz (…) A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar, y yo como hombre”.

No cabe duda de que Quiroga Santa Cruz ya tenía conocimiento de los preparativos de un golpe de Estado. En marzo de ese año, un grupo de paramilitares secuestraron y asesinaron, luego de una feroz tortura en el matadero municipal de Achachicala de La Paz, al sacerdote jesuita Luís Espinal, director del semanario Aquí.

En segundo lugar, Hugo Banzer Suárez, quien encabezó la dictadura de 1971-1978 como parte “de un proceso de militarización del poder en América Latina” y a quien el líder socialista puso en el banquillo de los acusados en 1979 a través de un juicio de responsabilidades por los delitos contra la economía nacional y popular; delitos contra la seguridad, soberanía e integridad nacionales y delitos contra los derechos humanos.

El juicio de responsabilidades fue interrumpido producto del golpe militar de 1980 y la mayor parte de la documentación y pruebas entregadas por Quiroga Santa Cruz al Congreso Nacional han desaparecido extrañamente.

Y, en tercer lugar, los Estados Unidos, pues el político boliviano, cuyos restos permanecen aún desaparecidos, desnudó los intereses del imperio en todo el continente al alertar, por vez primera, los preparativos de un proyecto de carácter internacional que luego sería oficializado mediante la organización de la “Operación Cóndor”, al mando de la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973.

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