octubre 19, 2020

Los abogados de Guantánamo denuncian una década de torturas y abusos

por: Peter Daniels/ World Socialist Web Site/ Rebelión

En medio de interminables perogrulladas patrióticas e intentos de incitar al chauvinismo en el décimo aniversario de los ataques del 11-S, poca atención se prestó en los medios, y ninguna por parte de los funcionarios del gobierno, al recuerdo de los devastadores ataques contra los derechos democráticos y constitucionales a lo largo de la pasada década.

Una mesa redonda celebrada el 8 de septiembre en el John Jay College de Justicia Penal de la ciudad de Nueva York, pocos días antes del aniversario, destacó como uno de los pocos intentos de explicar lo que ha sucedido y continúa perpetrándose en el campo de la prisión de Guantánamo y en más lugares como parte de la “guerra contra el terror” lanzada tras los ataques de 2001.

La mesa redonda de abogados formaba parte de una serie de programas del John Jay College, que complementan el Proyecto de Actuaciones del 11-S, incluyendo tres obras de teatro y una serie de actuaciones que tienen por objetivo examinar “el incremento de la islamofobia, la violencia y la codicia” durante este último período.

Los oradores del evento del 8 de septiembre, que estuvo presidido por la premiada actriz Kathleen Chalfant, incluían a un grupo de abogados que han pasado la mayor parte de la década luchando a favor de quienes se encuentran indefinidamente detenidos en Guantánamo. En la reunión se escuchó a la profesora Martha Reyner, del Fordham Law School; a Alexander Abdo, de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU; por sus siglas en inglés); a Jonathan Hafetz, del Seton Hall Law School, y a Gitanjali Gutierrez, del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés).

Un folleto del CCR, repartido en la reunión y titulado “Guantánamo en Cifras” proporcionaba una breve descripción de la historia de Guantánamo durante los últimos diez años. Hasta ahora, se ha liberado a 600 hombres, pero 171 permanecen aún encarcelados allí. El 92% de los que pasaron por Guantánamo no eran combatientes de Al-Qaida, “según los propios archivos del gobierno estadounidense”. 89 han sido liberados pero siguen allí detenidos. 20 o más podrían salir de inmediato pero tienen miedo de que les torturen o maltraten en sus países de origen. Solo 7 hombres fueron acusados de un delito, y dos de ellos están ya libres. La cifra de “altos funcionarios del gobierno a los que se ha hecho responsable de detenciones equivocadas y torturas”, nos informa el CCR, “es cero”.

Los participantes detallaron el significado de esas estadísticas. Abdo, un abogado del equipo del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, señaló en la apertura de su intervención que la administración Obama, aunque afirma que trata de “mirar hacia adelante y no hacia atrás”, se niega a investigar las conductas criminales que se produjeron durante la presidencia de Bush, pero al mismo tiempo sigue utilizando los testimonios extraídos mediante torturas para justificar la continuada detención indefinida de decenas de presos que no han visto a sus familias en casi una década.

Desde luego, lo que ahí está en juego es más que el encubrimiento de la administración Bush. La administración demócrata sigue cometiendo gran parte de los ilegales abusos de poder perpetrados por su predecesor.

Abdo se refirió a las 2.000 fotografías existentes sobre torturas en Afganistán e Iraq, a las que tanto los gobiernos de Bush como de Obama niegan el acceso, que demostrarían incuestionablemente cuán ridícula es la afirmación de que Abu Ghraib fue el trabajo de “unas cuantas manzanas podridas”. Se refirió también a la continuada clasificación de un documento del 17 de septiembre de 2001, por el cual George W. Bush autorizaba el establecimiento de los denominados “sitios negros” que fueron proyectados para la tortura.

De unos 200 resultados de las autopsias realizadas de fallecidos en prisión, Abdo continuó, 30 fueron claramente homicidios, pero ni una sola víctima o familia de las víctimas ha tenido un día en un tribunal. Al contrario, el ex Vicepresidente Cheney siente la suficiente confianza como para atribuirse el mérito de su papel en las torturas.

El procedimiento se diseñó con la inmunidad in mente, explicó el orador. Todos los implicados podrían señalar con el dedo hacia otra parte, en una especie de “juego circular de trileros”. Estaban quienes solo seguían órdenes, los políticos por encima de ellos, que solo estaban siguiendo los consejos de sus propios abogados y, finalmente, los mismos abogados del gobierno, que solo eran “abogados”.

El tristemente célebre caso de José Padilla fue uno de los ejemplos más flagrantes del tipo de lógica “Catch-22” que se utilizó para justificar crímenes indescriptibles. Padilla, a quien representó la ACLU, fue un ciudadano estadounidense a quien se mantuvo incomunicado y brutalmente tratado durante tres años y ocho meses, antes de que le trasladaran y le juzgaran a partir de acusaciones con las que no tenía nada que ver. El tribunal de distrito estadounidense rechazó sus esfuerzos para obtener reparaciones por el trato cruel e inhumano al que se había visto sometido.

Jonathon Hafetz discutió la forma en que las autoridades habían manipulado el lenguaje para encubrir y justificar violaciones flagrantes de los derechos constitucionales. Por ejemplo, “enemigo combatiente”, se utilizó para sustituir a prisionero de guerra. Aunque el gobierno de EEUU afirmaba que estaba combatiendo “una guerra contra el terror”, reclamaba el derecho a ignorar los Convenios de Ginebra y a mantener indefinidamente a “combatientes enemigos” sin celebrar juicio.

Hafezt explicó también cómo la existencia misma de Guantánamo, en territorio cubano, se utilizó para manipular la cuestión de la jurisdicción. Al encontrarse formalmente fuera de los EEUU, se convirtió en un lugar adecuado para torturar y abusar a los detenidos más allá del alcance de las acciones legales que podrían haberse aplicado en territorio estadounidense.

Por otra parte, la cláusula del Comandante-en-Jefe de la Constitución de EEUU se utilizó de una forma orwelliana, ampliando la definición de líder de las fuerzas armadas durante un tiempo de guerra a la de, prácticamente, monarca dotado de un poder ejecutivo sin control. Esto se interpretó para justificar la suspensión de tratados, la captura de ciudadanos estadounidenses, el espionaje sin orden judicial y la creación de comisiones militares para eludir los juicios con jurado.

Los tribunales, a pesar de más de 70 decisiones en casos de habeas corpus, no han hecho nada para acabar con ninguno de los serios abusos de poder, declaró Hafetz. Las detenciones extrajudiciales continúan, y no sólo en Guantánamo. En la base aérea de Bagram, en Afganistán, sigue habiendo más de 2.000 prisioneros. Ni una sola víctima de tortura ha recibido indemnización alguna por haber padecido tal violación.

Además, prosiguió Hafetz, existen planes para ampliar en gran medida las horrendas violaciones de los derechos humanos perpetradas en la pasada década. El Congreso está considerando legislaciones diversas que supondrían detención indefinida para ciertas acusaciones “relacionadas con el terrorismo”, sin que importe que el presidente decidiera conceder la celebración de un juicio.

Gitanjati Gutierrez explicó con toda crudeza como cayeron la inmensa mayoría de los detenidos de Guantánamo en las garras de la maquinaria de guerra estadounidense. Hombres y muchachos fueron capturados por las calles en las siguientes semanas al 11-S y vendidos a cambio de un botín. La mayoría de ellos no tenían nada que ver en absoluto con actividad alguna de combate.

Gutierrez discutió algunos de los casos importantes en los cuales había estado trabajando durante la anterior década en relación con Guantánamo. Estos casos incluían los de Moazzam Begg y Feroz Abbasi, dos de los nueve hombres británicos a quienes se mantuvo incomunicados hasta su liberación a principios de 2005, y cuya posterior lucha para limpiar sus nombres y exigir responsabilidades a sus torturadores pudo llegar a una amplia audiencia internacional.

Gutierrez es también una de las abogadas de Mohammed al-Qahtani, un ciudadano saudí que lleva retenido en Guantánamo desde enero de 2002. El ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld justificó la tortura de al-Qahtani y otros cuando hizo el infame comentario de “Yo estoy de pie ocho horas al día, ¿por qué ellos no pueden?” A al-Qahtani se le permitió dormir solo cuatro horas por la noche, se le mantuvo en confinamiento solitario durante meses, se le sometió a humillaciones sexuales y se amenazó a su familia. Se llevó a personal médico para que calibrara los métodos permisibles y dar el visto bueno a las torturas. La primera vez que Gutierrez se reunió con su cliente, en 2005, “era un ser humano destruido”.

“Guantánamo es ahora como una muerte en vida”, declaró Gutierrez. “EEUU sigue utilizando la tortura. Con suerte, han terminado algunos de los hechos más extremos, como la simulación de ahogamiento. Pero todavía se permite la privación del sueño y la detención indefinida sin que puedas saber tu destino. La Cruz Roja llama a eso tortura.”

Su experiencia ha “alterado profundamente mi forma de pensar sobre mi país”, dijo. “Como ciudadana estadounidense ya no puedo creer nunca más en nuestro país… Creo en las personas”. Nuestro papel debe ser “mantener viva la llama, sin que importe lo pequeña que esa luz pueda ser”.

Hay un cierto pesimismo reflejado en esos comentarios. Esos abogados, y otros, han emprendido durante muchos años una lucha muy valiente. Como explicó uno de los oradores presentes en el foro, se han topado con los límites de los tribunales y del sistema legal. Los sentimientos de desaliento y aislamiento, a pesar de ser comprensibles, especialmente a la luz de la continuada farsa de Guantánamo, no son la respuesta.

Tenemos que elaborar lecciones políticas urgentes. Los crímenes de guerra tanto de la administración de Bush como la de Obama son el producto de un sistema anticuado y reaccionario, no de los individuos. Las batallas legales deben ir guiadas por una estrategia política, que incluya sobre todo la necesidad de una ruptura fundamental con los defensores tanto demócratas como republicanos de la tortura y otros ataques a los derechos democráticos, y hay que basar la lucha contra esas atrocidades en las clases trabajadoras de EEUU y en las de todo el mundo.

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

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