octubre 25, 2020

“Aquí aprendí a matar”

por: Lupe Cajías

Está abierto el debate entre organizaciones y militantes relacionados con la defensa de los Derechos Humanos después de los tristes sucesos de las últimas semanas y que tuvieron su explosión en el humillante maltrato a bebés, niños, jóvenes, madres, adultos y ancianos de origen indígena, el pasado domingo 25 de septiembre.

Varias entidades con larga tradición humanista tuvieron cismas internos desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) asumió el gobierno porque hubo dos líneas para mirar al futuro: una mayoría opinó que no se podía criticar al gobierno identificado con los pobres, sobre todo para evitar dar argumentos a la reacción, a la derecha, a los neoliberales. Fue también la posición de antiguos activistas, algunos actuales funcionarios de gobierno en diferentes niveles.

Una minoría, entre los que se cuentan fundadores de Justicia y Paz y de la Asamblea de Derechos Humanos, argumentaron desde el 2006 que lo principal es mantener la independencia de las organizaciones —sobre todo aquellas respetadas por la opinión pública— y que la defensa del ser humano está por encima de las simpatías político partidarias.

El caso de la APDDHH de La Paz es un ejemplo extremo. Su primera crisis está relacionada con la mala gestión y la pérdida de apoyos durante la presidencia de Sacha Llorenti, al que reuniones colectivas descalificaron aún antes de su rol como Ministro de Gobierno. Las divisiones restaron fuerza a la veterana agrupación, más aún cuando ésta apareció al lado del oficialismo sin evaluar ni examinar varios temas polémicos, incluyendo el asesinato de tres presuntos terroristas fascistas.

El debate sirve para reflexionar si el MAS y sus máximos dirigentes, incluyendo al Primer Mandatario Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, tienen como una línea principista el respeto pleno a los derechos humanos.

En 45 días, el propio Presidente Morales adoptó una agresión verbal contra los marchistas que defendían la preservación del TIPNIS. La más grave fue la burla al honor de las indígenas. Enviar a los cocaleros para que las conquisten, con palabras difíciles de aceptar, aunque no hubo reacciones en entidades feministas ocupadas en el “vota mujer”. ¿Qué dirían Gabriela Montaño o Leonilda Zurita si alguien les dice públicamente que por un gringo macanudo ellas dejará de defender sus ideas?

El fin de semana se pasó a la segunda fase, a la maniobra “envolvente”, a la emboscada. No hay ninguna justificación valedera y aunque ahora salgan los Pilatos, quedan las preguntas: quién protegió a los colonizadores (Farfán?); quién contrató los buses, con qué fondos, quién ordenó desplazar 17 camionetas (Farfán?); quién quitó a los bebés de los pechos de sus madres? quién quiso obligar a las madres a subir a aviones sin sus hijos; (Farfán?); quién ordenó que salgan esos vuelos (la policía?); qué hacían el corresponsal de Telesur y el reportero de Cambio en el mismo momento del asalto y por qué ellos callaron?, quién ordenó golpear en la cara a Fernando Vargas?

Las respuestas tendrá responsables individuales y colectivos. Hay una línea permanente de confrontación en la que se insiste el gobierno, pese al rechazo popular. ¿O es que se proyecta la orgullosa declaración de Álvaro García Linera en 2007: “Aquí aprendí a matar”. Quien aprende a quitar la vida, difícilmente aprende a amar.

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