octubre 20, 2020

El retorno al “Estado fallido”

Un Estado frágil o fallido es aquel que a) carece de credibilidad frente a la ciudadanía que representa o dice representar (primer piso de fortaleza estatal: la legitimidad) b) ha perdido la capacidad de proteger a sus ciudadanos a través de las instituciones estatales existentes o éstas son utilizadas para reprimir a los ciudadanos (segundo piso de fortaleza estatal: el respeto a la ley y, consecuentemente a los derechos humanos) y c) posee escasas o nulas destrezas como para responder a las necesidades de los ciudadanos, proveerlos de los servicios públicos básicos, asegurar su bienestar y/o apoyar sus actividades económicas (tercer piso de fortaleza estatal: la gestión pública eficiente a favor de los más necesitados)

Comienzo con este antecedente conceptual para comprender que la crisis del “modelo neoliberal” tuvo lugar precisamente por la ausencia de legitimidad, desestructuración del Estado de Derecho (respeto a la ley) y patrimonialización de la gestión pública. No hay duda que la presencia de Evo Morales restituyó los tres pilares, posibilitando trascender de un Estado frágil o fallido a un Estado fuerte. Primero, la votación altísima no sólo en una elección sino en todas ellas, recibiendo un apoyo siempre superior al 50% de los votos, lo confirma. Confirma la recuperación de la legitimidad. Segundo, la incorporación, o su anuncio discursivo, de incorporación, con voz propia, de los marginados secularmente a la arena política, restableció el pilar legal: la ley y su plataforma institucional no sólo respondería a los privilegiados de siempre. El Estado de Derecho prometía no ser más un estado selectivo. Prometía igualdad. La ley para todos. Y, tercero, las diversas iniciativas sociales del gobierno hacían creer en una gestión preocupada de la población carenciada. Los bonos sociales habla(ba)n de ello.

Sin embargo, los acontecimientos últimos no ayudan a creer que el momentáneo “Estado fuerte” dure mucho más. Los errores son demasiado serios. Cada uno de ellos se encarga de echar por tierra los elementos señalados de fortaleza de un Estado. En primer lugar, el famoso gasolinazo de diciembre de 2010 no fue una política errada más. Causó conmoción pues significaba la pérdida del primer “requisito” mencionado: la legitimidad. Ni siquiera los muertos en Colquiri pudieron traer similar efecto, visualizado en la frustración de observar que un gobierno “propio” replicaba las peores ofensas neoliberales con el mayor desparpajo. La legitimidad del presidente cayó a su punto más bajo de 31% de aceptación y casi 60% de rechazo. Nunca más superó el 50% de la preferencia ciudadana, porcentaje “normal” en el quinquenio de gobierno previo.

Hoy, el asunto del TIPNIS se ha encargado de fagocitarse el segundo elemento de fortaleza estatal: el respeto a la ley y, con él, la confianza ciudadana en un Estado “amigo”. Se ha comprobado que el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos, al menos a aquellos más débiles. Aun, en la hipótesis bastante improbable de que el gobierno poco tuviese que ver con haber dado la orden de reprimir, de todos modos, no hay duda que es un Estado incapaz de velar por la seguridad personal e integridad física de sus ciudadanos. Y, en la hipótesis, más probable, de que el gobierno haya permitido la represión, entonces es evidente que frente al desdén por la vida misma, hay poco que decir. Evo, con ello, recayó al 37% de popularidad, otro de sus índices más bajos.

Finalmente queda sólo el tercer elemento de fortaleza estatal en juego: la gestión o el dar servicios a sus ciudadanos. Es crucial entender este aspecto. En él reside la agenda futura del gobierno. ¿En qué consiste? En evitar apagones de luz, en asegurar el aprovisionamiento de agua, en impedir la escasez de gas (garrafas) y demás. Las posibilidades de lograr este cometido son menores. Sabemos que la falta de estos servicios (tópico que amerita otra nota) es inminente. La falta de inversión es un dato que hace presagiar futuros fracasos en este campo de alta sensibilidad social. Al gasolinazo —propulsor de la deslegitimación originaria— y al “tipnisazo” —promotor de la percepción de la presencia de un Estado abusivo—, se añadiría un golpe de similar magnitud en el área de la percepción de un Estado (in)eficaz, (in)capaz de proveer de servicios públicos a la población.

Son dos errores muy grandes que afectan la esencia de la “recuperación” estatal. Un tercer error más de este calibre y el retorno del Estado frágil será un hecho indiscutible. Ahí está el meollo de la agenda futura del gobierno.

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