octubre 31, 2020

Elecciones judiciales, un hecho histórico

El domingo 16 de octubre quedará registrada, en la historia de la democracia en Bolivia, como una importante fecha en la que los hombres y mujeres de este país sudamericano se atrevieron, por voluntad popular expresada en la nueva Constitución Política del Estado, a elegir a 56 autoridades del Órgano Judicial mediante sufragio universal.

Esta selección de magistrados del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia es parte de un proceso de ampliación de la democracia que en Bolivia se experimenta, en medio de grandes tensiones, desde enero de 2006, cuando el bloque indígena-campesino-popular empezaba a desplazar del poder político al viejo bloque en el poder.

El darle al pueblo la posibilidad de elegir a sus autoridades judiciales ha enfrentado duros escollos de una oposición de derecha que nunca estuvo de acuerdo en la Asamblea Constituyente con la democratización de la justicia y más bien siempre insistió en mantener la designación de los magistrados mediante la negociación cupular y el cuoteo entre los partidos con representación ante el Órgano Legislativo. Salvo el MSM, que acompañó al MAS en una dirección contraria en la AC pero que ha convocado al voto nulo, la dirigencia de derecha nunca ha perdido la oportunidad de bloquear la implementación de la Constitución Política del Estado.

Es previsible que el resultado de estas elecciones exprese un alto porcentaje de participación en el área rural, a manera de ratificar la continuidad del proceso de cambio del que el bloque indígena-campesino es su gran actor colectivo, y un panorama más complejo se enfrente en las ciudades debido a la campaña activa que los partidos de oposición han desplegado en su contra y al uso político que la derecha hace de la marcha indígena.

De todas maneras, por ser vez primera este tipo de elecciones la experiencia será única y los magistrados serán elegidos, lo cual siempre será mejor respecto del mecanismo anti-democrático del pasado.

Es evidente que los problemas de la justicia no se resolverán por el solo hecho de seleccionar a las autoridades del Órgano Judicial mediante voto popular, pero se habrá dado un paso extraordinario que deberá ser mejorado en futuras elecciones. Pero además, esta forma efectiva de ampliar la democracia demandará de otras medidas estructurales para garantizar el acceso a la justicia y su calidad.

Finalmente, otro hecho positivo de estas inéditas elecciones es que coloca al Órgano Judicial en la escena política y por lo tanto bajo la mirada atenta de los pueblos y la ciudadanía, lo cual ejercerá una presión y control social sobre los que resulten elegidos, quienes tendrán el desafío de recuperar la credibilidad de la justicia.

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