La producción y tráfico de drogas tiene una dimensión global e integral. Está presente en todo el mundo, ya sea como “lugares” donde se produce, como “lugares” donde transita y como “lugares” donde se consume. De hecho, es una de las mercancías que mejor ha logrado expresar el proceso de globalización de la economía.
La producción y el tráfico de drogas —desde la marihuana hasta la cocaína, pasando por las drogas sintéticas—, es hoy una realidad mundial que posibilita una acumulación de plusvalor muy por encima de otros negocios y le está otorgando a los libre empresarios de la droga un poder económico que supera el PIB de una gran parte de países juntos del mundo.
Producto de este poder económico, el negocio de las drogas ha pasado a tener inversiones bastante grandes en la industria y tráfico de armas y en la denominada “industria cultural” que, entre otras cosas, le dan la cobertura suficiente para reproducir su poder, ya sea por la vía de la violencia y por la construcción de modos de vida de la que las poblaciones de los países altamente desarrollados son sus principales víctimas, aunque a estas alturas ya no únicas.
A la violencia generada por los narcotraficantes le es bastante funcional la militarización de la lucha internacional contra las drogas. Así lo demuestra recientemente México, donde los crímenes han crecido proporcionalmente al uso estatal de la fuerza.
Pero además, la llamada Guerra Internacional contra las Drogas también ha sido funcional a los planes de expansión e intervención militar de los Estados Unidos. Sus orígenes hay que rastrearlos en la década de los 90 cuando se invadió Panamá para capturar al presidente Noriega, luego en el Plan Colombia, en la Iniciativa Regional Andina y en las recientes iniciativas en la era Obama de extender sus operaciones hasta Costa Rica, entre las más destacadas.
Y si es funcional a la militarización estadounidense en el mundo, lo es también a sus planes de agresión a gobiernos populares, progresistas y revolucionarios. De ahí que no sea casual que mientras Colombia y México sean los países donde mayor constancia de presencia del crimen organizado existe, Estados Unidos mantenga una línea de descertificación, unilateral y abusiva, de países como Bolivia y Venezuela, a los que poco a poco se les va construyendo una matriz de opinión mundial para que se los vea como “narco-estados” o en el mejor de los casos como “bastante permisibles” con el tráfico de drogas.
Por eso resulta de gran importancia avanzar en una doble dirección: por un lado, en lo interno establecer una alianza estado-sociedad civil (principalmente productores de la hoja de coca) para combatir el negocio de las drogas. Por otro, en el plano internacional continuar exigiendo una responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y apresurar la constitución de un organismo de UNASUR que le haga un seguimiento al tema y tenga —ahora que la ONU se encuentra secuestrada— la tarea, así sea moral, de también emitir informes sobre el grado de cumplimiento de países como Estados Unidos en la lucha contra las drogas.
Deja un comentario