junio 22, 2021

Una consulta para salir del conflicto

Indígenas del Consejo Nacional del Sur (Conisur) ingresarán este lunes 30 a la ciudad de La Paz en demanda de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que fuera suspendida en octubre pasado a través de la promulgación de una ley corta, con lo cual se dio por resuelto uno de los conflictos que más afectó a la imagen gubernamental.

Independientemente de lo procedente o no de la demanda de ese otro sector de los indígenas de las tierras bajas, lo que llama la atención es la indiferencia con la que durante semanas han actuado organizaciones, autoridades, analistas y medios de comunicación que se vieron en movimiento activo por su apoyo a la marcha del año pasado. Una mirada prejuiciosa ha conducido a no pocos periodistas y dirigentes sociales y políticos opositores a mirar como colonizadores a hombres y mujeres claramente pertenecientes a varios de los pueblos indígenas de las tierras bajas del TIPNIS.

Eso parece confirmar la posición claramente política de muchos de “esos apoyos” a la marcha de 2011 —lo que no invalida la legítima preocupación de los indígenas de base y algunos de sus dirigentes que se oponían a la carretera—, y abre de nuevo la pregunta de qué intereses y desde dónde se los estaba digitando con el objetivo de desgastar al gobierno.

La respuesta a los marchistas del Conisur no es modificar la ley corta autorizando la construcción de la carretera que busca unir a los departamentos de Cochabamba y Beni. Eso solo activaría otro conflicto con los protagonistas de la marcha del año pasado y así el problema seguiría latente y caliente.

Con una perspectiva positiva, que obviamente los opositores no desean, la convocatoria a una consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS se presenta como la salida más recomendable y que aleja el peligro de una innecesaria agudización del conflicto. El argumento de que el gobierno debe respetar la ley que promulgó no sirve pues hay un hecho objetivo: una parte de los indígenas sí quiere esa carretera.

En la política no hay recetas. Hay que actuar sobre la realidad. Eso implica que el gobierno y los indígenas que están a favor y en contra de la carretera deben ponerse de acuerdo para transparentar la información y organizar una consulta democrática. Que no sea previa como establece la Constitución y algunos tratados internacionales —que es una lectura unilateral de esos instrumentos y el gran chantaje de muchos políticos y analistas—, no invalida que no sea democrática, claro está si solo se realiza a los indígenas que viven en esa área protegida. De hecho, su realización tampoco sería una negación de esos instrumentos legales.

Alguna solución pacífica y democrática hay que encontrar al conflicto. Lo importante es consultar a los indígenas y respetar la decisión soberana que tomen.

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