Los trabajadores de esta empresa textil buscan convertirla en una unidad productiva bajo una forma colectiva de propiedad, luego de constatar que los dueños —que acumularon millones de dólares en varios años— no le han pagado al Estado más de un millón de dólares por concepto a aportes a la seguridad social.
Hace más de dos semanas un evento trascendente para la vida de decenas de familias ocurrió en la ciudad de La Paz. El pasado viernes 13, luego de resistir 55 días dentro de la fábrica que tomaron para salvar sus empleos, los trabajadores de MILLMA lograron apoderarse completamente del edificio con el objetivo de volver a producir chompas de lana de alpaca. No se trata, para ellos, de una victoria definitiva, sino de haberse ganado una oportunidad para ponerse a trabajar y así ganarse el pan de cada día.
Esta historia no ha sido seguida por la mayor parte de los medios de comunicación con entusiasmo ni tampoco por la opinión pública. A pesar que en esta lucha entre empresarios y trabajadores no se ventilan aparentemente intereses políticos estratégicos, el fondo socioeconómico de esta situación es bastante significativo: la crisis que atraviesa actualmente la industria textil en Bolivia pone a prueba a todas las empresas de este sector y también pone sobre el tapete del debate si otras formas de economía —además de la privada—, son posibles. ¿Puede el Estado abrir mercados para nuevas iniciativas productivas surgidas desde la base de los trabajadores?
A mi ingreso a la fábrica tomada ya completamente en una mañana de los primeros días de enero pude apreciar cierto regocijo en los rostros de los trabajadores. Sarah Martínez, una tejedora, me dio un recorrido a través de los salones donde estaban las máquinas que tanto lucharon por proteger. Con orgullo, ella me muestra el escenario de su largo y aún no concluido drama: debajo de una mesa de planchar, un colchón improvisado donde durmió por 55 noches; junto a la cocina, víveres donados por sus compañeros trabajadores para alimentarse; en el patio, un baño improvisado cuyo uso se hizo completamente desagradable cuando la parte empresarial corte los servicios de agua y luz en la noche de año nuevo, buscando desanimar materialmente la acción de los trabajadores.
Seguramente las anécdotas que sucedieron entre esas paredes son muchas y no siempre felices, pero ella sonríe en el momento de la entrevista. Me cuenta acerca de cómo el número de sus compañeros durante la toma fue decreciendo a medida de que las condiciones empeoraban. En un mes habían pasado de 34 ocupantes a cerca de 20, y en esa última semana ya sólo quedaban 10. Por eso, ese día fue tan importante, pues significaba un respiro de esperanza justo cuando las expectativas anunciaban lo peor.
Por el momento han reactivado los servicios de agua y luz, que estaban cortados por órdenes de los dueños, y con eso les es suficiente para continuar por unos días más.
Una batalla empieza
La toma comenzó el 19 de noviembre del año pasado. Los dueños, Arthur Noel Tracht Goodman y Laurie Adelson Feiber, una pareja de empresarios estadounidenses que cosecharon grandes éxitos en esta industria durante casi dos décadas, decidieron cerrar las puertas de su fábrica debido a una millonaria deuda con el SENASIR, estimada en 1 millón 54 mil dólares. Esta deuda, cuentan los trabajadores, se fue acumulando durante años por aportes no realizados por los dueños de la fábrica al Estado y que están destinados al pago de la jubilación.
No se trataba, después de todo, de una empresa con ganancias mínimas. En 2007, de acuerdo a un comunicado de la agrupación socialista revolucionaria Tesis 11, su volumen de exportaciones solamente a EE.UU. alcanzó los 400 mil dólares. Tomando en cuenta de que MILLMA exporta a más de 15 países, entonces la evasión de su responsabilidad fiscal no parece muy justificada.
“Tan alta es esta deuda que es superior al costo total de los talleres, incluyendo maquinarias y terreno, que la empresa tiene en la zona de Cristo Rey (Alto Sopocachi). En el curso de las negociaciones para evitar el cierre, los trabajadores hemos llegado a ofrecer comprar la empresa, incluso nos hicimos cargo de la administración de la producción por el lapso de 2 meses, pero al enterarnos de tan alta deuda nos damos cuenta que en realidad la empresa le pertenece, como acreedor, al Estado. Y por lo tanto exigimos que el Estado se haga cargo, y nosotros, como ya lo hemos hecho, la administremos y la pongamos a producir”, dice un comunicado de los trabajadores de MILLMA posteado por el CEDIB en su página web.
“¿Qué íbamos a hacer?”, me cuenta Sarah. “Decidimos comprar la empresa”. Pero eso era antes de saber la cuantiosa deuda. Lo que ellos esperan ahora es que el Estado les confiera un capital de arranque para que reemprendan su producción y así salvar los empleos de casi 300 familias que dependen de esa fuente de sustento.
Antes de que Tracht y Adelson comenzaran a repartir los preavisos de despido, esta empresa daba sustento económico a 120 familias dentro de sus instalaciones y poco más de 200 fuera de planta, a destajo. Los salarios variaban desde los 1800 Bs., en el caso de aquellos con más antigüedad, hasta 600 Bs., usualmente para aquellos que trabajaban en la última modalidad. Esta última forma, también, resultaba en extremo problemática, debido a que a veces, si se perdía algo, el trabajador debía pagarlo de su bolsillo. Tomando en cuenta de que la materia prima era lana de alpaca vendida en precios inaccesibles para el común de los bolivianos, las advertencias a ser cuidadosos no eran pocas en las paredes de los talleres.
Pero se trataba ante todo de una empresa exitosa. MILLMA fue conocida durante la última década y media como una productora de primera y sus textiles no sólo se vendían en la Zona Sur de La Paz, sino también en prestigiosas tiendas de moda de EE.UU. y los países de Europa, incluyendo a Francia. Los precios de una de sus chompas podían llegar a superar los 400 dólares en el país y llegar a costar mucho más como producto exportado.
“No obstante”, advierte Daniel, “durante la entrega de los preavisos de despido, la empresa no llegó a declararse en quiebra, por lo que estos despidos podrían ser considerados como una masacre blanca, ilegal”.
Daniel es un activista político de la agrupación socialista Tesis 11, y ha estado apoyando a estos obreros en los momentos más cruciales. No es porque lo diga él, por supuesto. La noche de la toma de la fábrica, varios compañeros lo saludan con entusiasmo y le agradecen el apoyo durante los días previos a esa pequeña victoria. Daniel ha estado publicando, ante la indiferencia de gran parte de los medios, varios comunicados a través de Internet para pedir apoyo a los hombres y mujeres de MILLMA, en su lucha para conformar una empresa social.
Días difíciles
Durante aquellos días (que aún no han terminado) los obstáculos fueron variando y aumentando en dificultad. Primero, después de tomar la fábrica, debieron cuidar de que los dueños no sacaran más máquinas de los talleres para tener posibilidades de producir en el futuro. Esas máquinas son más complejas que las de un telar común. Están equipadas con una computadora portátil que define el diseño a partir de modelos virtuales. Aunque los dueños lograron llevarse algunas, ellos lograron conservar la mayor parte.
Tampoco fue fácil resistir durante los meses de noviembre y diciembre. Las fiestas desviaron la atención de su lucha a los medios y para la mayor parte de la población los detalles acerca de la toma de esta fábrica son aún desconocidos.
Tanto navidad como año nuevo fueron una prueba de fuerza para ellos y sus familias. Muchos desistieron durante estas fechas. Los que quedaron no tenían ni siquiera fuerzas para festejar a la media noche. Sarah cuenta que la noche de año nuevo, de los poco más de 15 que quedaban, solo 5 se abrazaron mutuamente y expresaron su esperanza de continuar hasta lograr su objetivo. Fue justamente en año nuevo cuando los dueños hicieron cortar el servicio de agua y luz, empeorando mucho más las cosas.
No obstante, hubo solidaridad de sus compañeros en el exterior que ya no podían ingresar a la fábrica debido al cerco policial. A través de las paredes ellos lograron ingresar alimentos y turriles de agua, así como frazadas para sus improvisadas camas colocadas debajo de las mesas de planchar y otros lugares del taller.
Pero lo que tal vez hizo aún más difícil la lucha de estos trabajadores es la ausencia de ayuda del Estado. Desde el principio de su toma, los trabajadores demandaron a la nueva Justicia boliviana que se haga respetar el artículo 54 de la Constitución Política del Estado que reconoce, “las trabajadoras y trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo o en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y organizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales”.
No obstante, hasta el momento dos jueces ya se han excusado del caso y la actual jueza ha dilatado el proceso, poniendo en peligro a los trabajadores debido al desgaste que significa resguardar una fábrica por ya más de dos meses en condiciones adversas aún. Por su parte, el Defensor del Pueblo sostuvo que no puede intervenir debido a que existe una demanda judicial de por medio. Finalmente, el Ministerio de Producción y Economía Plural aún no ha dado curso al mencionado artículo 54 de la CPE.
A la espera
Ya ha pasado más de dos semanas desde aquel día de la toma definitiva, más de 72 días. El entusiasmo se ha mantenido desde entonces, pero aún no han logrado ponerse a producir debido a que cierta cantidad de materia prima es necesaria para tal emprendimiento, materia prima que no está a su disposición. Aunque en el almacén existe lana aún no trabajada y queda todavía una cantidad considerable de máquinas en los talleres, ellos prefieren no hacer nada antes de elaborar un inventario con un notario de fe pública, para evitar problemas.
Johnny Tola, el secretario general cuenta acerca que la excusa de dos jueces hace más lenta la solución de su situación, pues a medida que pasa el tiempo se hacen más difíciles las cosas. También dice que se han comprometido desde el Ministerio de Producción y Economía Plural a apoyar con la reactivación de la fábrica. No obstante, los trabajadores aún no se confían y esperan que el Estado se ponga oficialmente a su favor y les ayude a conservar su fuente de empleo. Lo que es más importante, a aplicar la Constitución a favor de los trabajadores.
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