junio 22, 2021

TIPNIS, entre la democracia y el enfrentamiento

La realidad objetiva está demostrando que la posibilidad de construir una carretera por el TIPNIS para unir Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni) encuentra en posiciones radicalmente distintas a los indígenas que viven en ese territorio y área protegida, pero también a los que ni son indígenas ni viven en esa extensa región del país.

Sin embargo, si bien el caso TIPNIS se ha convertido en un dato objetivo de la realidad política del país, un primer acuerdo no explícito de los actores políticos —oficialistas y opositores—, debería ser el dejar la resolución de este caso solo en manos de los directos involucrados; es decir de los indígenas.

Segundo, esto implica que el Estado, por mandato de la Constitución Política del Estado, debe impulsar una consulta, en coordinación con las instituciones de ese territorio, para garantizar y reconocer la expresión democrática de los indígenas, ya sea a favor o en contra de la construcción de la carretera. Son las organizaciones naturales de los indígenas yuracaré, chimanes y trinitario moxeños las que deben ser parte de la organización de la consulta y no otras.

Tercero, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe trabajar en la elaboración de una ley de consulta y su respectiva reglamentación, de tal manera que no existan susceptibilidades al momento de recoger las posiciones de los pueblos indígenas sobre temas similares al TIPNIS.

Cuarto, la demanda de inconstitucionalidad de la ley corta por no haberse consultado a la totalidad de los indígenas del TIPNIS es absolutamente legal pero no el mejor camino para salir pacífica y democráticamente del problema. Peor modificar la ley en términos de autorizar la construcción de la carretera. Lo que se provocaría de inmediato es la organización de otra marcha de los que se oponen al segundo tramo y a la que se sumarían otros actores que aprovechan cualquier oportunidad para desarrollar su oposición al proceso de cambio y al presidente Evo Morales.

Quinto, es absolutamente innecesario y no ayuda a nada decir que los que marcharon el año pasado son parte de una tierra comunitaria de origen, mientras los que llegaron hace pocos días tienen una lógica más individual. Aquí lo objetivo es que son indígenas y en su condición de tales deben ser consultados para resolver el problema que los coloca en posiciones contradictorias.

Por tanto, el caso TIPNIS está ante una disyuntiva: o sirve para seguir ampliando nuestra democracia por la vía de la consulta a los pueblos indígenas o se convierte en un instrumento para generar niveles de violencia que la derecha opositora busca desarrollar en desmedro del proceso de cambio, como lo ha intentado hacer en tres años del primer mandato del presidente Morales.

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