septiembre 20, 2021

Aborto legal para no morir

En Bolivia, cada día cuatro mujeres, adolescentes y niñas son violadas y se registran más de 200 denuncias por violencia en el hogar. Anualmente, alrededor de 700 mujeres y adolescentes se enfrentan a embarazos no deseados producto de violaciones. Ante esta situación es fundamental que se reglamente el artículo 266 del Código Penal que expresa que el aborto es impune cuando es consecuencia de un delito de violación, estupro e incesto. Lastimosamente, a pesar de que esta norma tiene más de treinta años, en la práctica no se aplica y miles de niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de violencia sexual y quedan embarazadas no pueden acogerse a la interrupción voluntaria del embarazo porque la norma no es clara en sus procedimientos y plazos.

En la práctica el Artículo 266 es casi imposible de aplicar, puesto que, cuando las mujeres o las madres de niñas violadas y embarazadas exigen la autorización judicial para interrumpir el embarazo, se anteponen al cumplimiento de la norma, prejuicios personales, burocracia judicial, oposiciones médicas y amenazas de orden religioso. A consecuencia de esto se obliga a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, poniendo en serio riesgo sus vidas.

Desde 1996 varias organizaciones de mujeres y activistas por los derechos sexuales y reproductivos, especialmente las integrantes de la Campaña 28 de Septiembre, contribuyeron a elaborar un proyecto de Ley con el objetivo de disminuir la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia y a reducir los embarazos productos de un delito. La propuesta fue presentada el 2009 por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para evitar que más mujeres, adolescentes y niñas mueran por causa de abortos mal practicados y prevenibles.

El proyecto de Ley suprime pasos que hacen inviable la aplicación del Art. 266, por ejemplo la autorización judicial, en su lugar se plantea que la interrupción legal del embarazo se pueda practicar con la presentación de un certificado forense emitido después de que la victima de violación ha sido revisada y ha sentado la denuncia ante la Policía y como producto de esa violación quede embarazada. Al mismo tiempo, se toman los recaudos para que el certificado medico forense no pueda ser un recurso utilizado indiscriminada y falsamente.

Son innumerables los casos que indican que cuando una victima quiere abortar y solicita autorización judicial se presentan varias situaciones que actúan como obstáculos y retrazan en permiso judicial. De esa manera, se dejan pasar los meses y cuando al fin el o la jueza autoriza el aborto ya ha pasado demasiado tiempo y ya no se puede proceder con el mismo o llega después del parto. Esta situación es causante de que muchos niños/as sean abandonados, acaben en un basurero o resulten muertos, porque una niña, adolescente o mujer que tuvo un niño producto de una violación en la mayoría de los casos lo rechaza.

A nadie se le puede obligar a proseguir con un embarazo producto de un delito como es una violación. Las mujeres, niñas y adolescentes que se practican un aborto en la clandestinidad, en la mayoría de las veces llegan al hospital con abortos incompletos, con hemorragias, infecciones o desangrándose y muchas de ellas acaban muriendo. Es por ello, que con el Proyecto de Ley se quiere atender la gran cantidad de abortos que se realizan como resultado de embarazos no deseados producto del delito de violación.

En Bolivia las principales causas de muerte materna son las hemorragias, infecciones, hipertensión, complicaciones del aborto y otras. 7 de cada 10 muertes de mujeres bolivianas podrían ser evitadas con atención calificada en el momento de la interrupción voluntaria del embarazo. Es por ello que el aborto es un problema de salud pública por la magnitud de los casos y es un problema de justicia social, porque la mayoría de las mujeres que mueren como resultado de un aborto practicado en malas condiciones, son pobres. Las mismas mueren por practicarse abortos clandestinos en manos de personas irresponsables e inescrupulosas que cobran poco pero ponen en riesgo la salud y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.

Es de esperar que las y los actuales asambleístas comprometidos/as con los derechos de las mujeres puedan retomar la propuesta y aprobarla.

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