Si me pongo a pensar en las oficinas de la Brigada Parlamentaria de Asambleístas Nacionales de Tarija, inmediatamente me topo con imágenes que hablan de cierto abandono; teléfonos que timbran o que se marcan después de periodos prolongados, computadoras que tienen en común alguna telaraña, funcionarios que a pesar de los esfuerzos no pueden evitar uno que otro bostezo. Es posible que la realidad no sea así, y la verdad es que no tengo manera de saberlo ya que no he tenido pretexto para visitar dicha entidad desde hace más o menos dos años (casualmente el periodo en el que está vigente el régimen autonómico). Hay que decir que en este tiempo, el protagonismo mediático departamental del que gozaron los senadores y diputados les ha sido arrebatado inmisericordemente por los asambleístas regionales. Si intento contabilizar a los parlamentarios nacionales que realmente hacen “protagonismo político” permanente, es posible que los dedos de una mano no me alcancen; y en la mayor parte de los casos se trata de dirigentes que tienen funciones o liderazgos partidarios importantes. Es otro el caso de los “regionales” que son requeridos por los medios para todo y para nada, y otro el del edificio de la Asamblea Regional (ex edificio de la antigua Brigada Parlamentaria) que se encuentra en una esquina “estratégica”, la que separa la Gobernación de la Alcaldía, y que cotidianamente bulle de gente; periodistas, asesores, buscapegas y todos los etcéteras que podamos imaginar.
La anterior descripción, algo superficial en el tono, describe sin embargo una realidad concreta: la autonomía, aunque sea en un grado básico ha comenzado a funcionar. Hoy la principal tensión política departamental se da entre la Asamblea y el Ejecutivo Departamentales. Sobre esa relación es que se producen los forcejos políticos que tocan a la gobernabilidad departamental. Cosa distinta a la de la realidad de hace tres o cuatro años atrás, cuando la línea de tensionamiento se daba entre las oficinas del prefecto electo y los edificios de gobierno de la Plaza Murillo, y mucho más a la de hace diez o doce años, donde la relación entre el palacio de gobierno y la prefectura era completamente vertical, merced a que los titulares de esta última eran nombrados a dedo.
¿La autonomía funciona en un departamento como Tarija?; la realidad política cotidiana nos dice que si, aunque ella misma, de manera muy rápida, nos da cuenta de los distintos factores que la limitan, a momentos parecen atenazarla y empujarla a convertirse en una cascarón con mas forma que contenido; una suerte de autonomía primaria, a la que le falta avanzar por una larga serie de escalones.
El régimen autonómico como tal, implica un pacto social y regional, así como la (re) configuración del escenario en el que se manejan las relaciones del departamento con el Estado central; el documento donde debería plasmarse dicho entramado es el Estatuto Autonómico, y el poco interés que pone la clase política local, de uno y otro signo, en discutir su adecuación a la C.P.E., es una muestra de las carencias con la que esta aborda los temas fundamentales del nuevo escenario. Los pasillos del edifico de la Asamblea, los pocos metros de vereda que la separan del edifico del ejecutivo y a su vez los pasillos de este, ya se han (re)acostumbrado a ser canales de las intrigas políticas diarias, de las resoluciones tomadas para materializar tal o cual zancadilla y de los discursos cuyo objeto es ganar algo de terreno mediático al rival. Hoy el fraccionamiento político en Tarija ha sobrepasado a la polarización oficialismo – oposición que caracterizó el anterior periodo y ha disuelto las bancadas parlamentarias regionales en grupos que con alguna que otra excepción se mezclan y se separan con una sola motivación: el copamiento de la cosa pública. En ese sentido el panorama de la Asamblea se asemeja al de los primeros concejos municipales aparecidos después de la promulgación de la Ley de Participación Popular.
Pero hay que decir que esa realidad no solo se da en el escenario de la Asamblea Departamental, sino también en el de la Regional del Chaco, la única existente en Bolivia, y que las disputas por el control de los recursos también alcanzan a los municipios y las TCOs. En ese sentido puede decirse que el conjunto del aparataje autonómico no ha logrado desarrollar mecanismos de articulación y complementariedad sólidos; las competencias no están completamente delimitadas y en ninguno de los casos parecen discutirse en forma prioritaria las políticas a largo plazo; en ese contexto la maquinaria autonómica parece convertirse en un cuerpo que no para de crecer (alimentado de funcionarios, asesores, consultores, etc.), sin que pueda dar respuestas rápidas y efectivas a los problemas grandes y pequeños del ciudadano de a pie. A la falta de visión de largo plazo, se debe sumar la ausencia de una gestión técnica adecuada, debida principalmente a la excesiva politización de las entidades públicas de una y otra índole.
Está claro que la instauración del régimen autonómico ha supuesto un avance cualitativo respecto al modelo centralista predominante hasta hace poco. El hecho de que se haya materializado se debe en nuestro criterio a que se encontraba ya como reivindicación descentralizadora, ya como reivindicación autonomista en los últimos años, en la “memoria larga” de amplias regiones del país. Sin embargo para avanzar requiere de voluntad política y de objetivos estratégicos claros, caso contrario corremos el peligro de termine convirtiéndose en una formalidad estéril y que más aún, cobije varios de los males contra los que se concibió.
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