octubre 19, 2021

Cuidar a los niños, responsabilidad de todos. El derecho al cuidado en el centro de la agenda feminista: ayer y hoy

El “sentido común” hace ver que nadie está mejor dotado para cuidar de los demás que las mujeres, por el simple hecho de ser quienes llevan en sus vientres las criaturas destinadas a la prolongación de la especie. Nada más falso y engañoso que ese “sentido común”, tan introyectado por las propias mujeres que hasta culpa sienten cuando se ven impedidas de cumplir con ese rol. Para desbaratar ese preconcepto, les hacemos llegar este aporte fundamental de Fernanda Wanderley.

¿Quién es responsable de las tareas del cuidado?

¿Quién se responsabiliza por la provisión de cuidado a las personas que requieren de atención integral como los niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados y enfermos? La respuesta parece obvia: las familias y especialmente las mujeres. Aunque esta es la realidad en Bolivia y en muchos países, esta situación esconde serios problemas, tensiones y conflictos sociales que ya no pueden seguir ignorados en el debate político. El presente artículo se centra en el cuidado de niños, niñas y adolescentes debido a que este grupo poblacional (de 0 a 18 años) concentra el mayor número de personas que requieren de atención integral en Bolivia.

A más de tres décadas las feministas y los movimientos de mujeres vienen visibilizando las tendencias irreversibles de las transformaciones familiares, sociales y económicas que demandan nuevas formas de organización social del cuidado. Primero se enfatizó la salida de las mujeres de la esfera privada de los hogares y su creciente incorporación al mercado laboral. Discusión que desembocó en la identificación de la estrecha relación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en el hogar y cómo la desigual distribución del trabajo entre hombres y mujeres en la familia constituía una de las principales barreras a la incorporación laboral de las mujeres en igualdad de condiciones. En este momento el problema del cuidado se centró en la resistencia cultural y social a la mayor participación de los varones en el trabajo de cuidado, mientras las mujeres asumían cada vez más la responsabilidad de proveer recursos económicos al hogar.

Transformaciones sociales

Los estudios feministas y de género también desnudaron las transformaciones familiares con la pérdida de importancia relativa de la familia biparental compuesta por un papá proveedor de recursos económicos y una mamá disponible a tiempo completo para proveer cuidado en el hogar. La diversificación de tipos de familias, incluyendo la familia monoparental con jefatura femenina y la familia biparental donde ambos cónyuges comparten la responsabilidad de proveer ingresos, fue desnudando las nuevas aristas del problema del cuidado.

Las tensiones entre vida laboral y familiar y la creciente dificultad de los progenitores para conciliar el trabajo generador de ingreso y el trabajo de cuidado en el hogar fueron documentadas con encuestas de uso de tiempo y estudios cualitativos. Se evidenció que este conflicto afecta más intensamente a las mujeres debido al mandato social y cultural que les impone la responsabilidad de cuidar a los miembros de su hogar al mismo tiempo que comparten la generación de ingresos. Se exploró las estrategias de las mujeres bolivianas para conciliar los trabajos de cuidar y generar ingresos.

En los estratos sociales altos, la principal estrategia de compatibilización entre trabajo remunerado y trabajo de cuidado es la compra de servicios de cuidado en el mercado, como ser la contratación de una trabajadora del hogar, la inscripción del niño en una guardería privada o en actividades extra-escolares. Para las familias menos favorecidas, la compra de servicios en el mercado no es una posibilidad. Sus estrategias de conciliación son aún más restringidas debido a la carencia de servicios públicos de cuidado accesible, de calidad y a tiempo completo.

Al final las salidas que las mujeres de los estratos sociales más bajos encuentran no son satisfactorias ni para ellas ni para los niños, niñas y adolescentes. No les queda otra que buscar actividades económicas que les permitan llevar a los niños, aquellas con jornadas laborales más flexibles o cercanas a la casa. Cuando estas alternativas no son viables, la única salida es delegar la responsabilidad de cuidado a los mismos niños y adolescentes que, al final, se quedan solos en sus casas o en la calle, expuestos a los riesgos físicos, emocionales y psicológicos.

El conflicto entre vida laboral y familiar que viven todas las mujeres, pero más dramáticamente las mujeres de los estratos sociales menos favorecidos, les restringe el derecho al trabajo y a la educación en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que condena a sus niños, niñas y adolescentes a arreglos precarios de cuidado y protección. Un círculo vicioso a través del cual se reproduce la desigualdad y la pobreza de una generación a otra.

¿Quién debe tomar a su cargo la responsabilidad del cuidado?

Con todo este bagaje, la reflexión sobre el cuidado se amplió más allá de los desafíos de la democratización de los roles al interior de la familia y los cambios culturales para superar la discriminación de género en el mercado laboral. Se empezó a cuestionar el supuesto de que las familias/comunidades (léase mujeres) deben ser las únicas responsables de proveer cuidado. La nueva pregunta que proponen las feministas y los movimientos de mujeres es: ¿Quiénes deben responsabilizarse por la provisión de cuidado a las personas dependientes, especialmente a los niños y adolescentes, frente a los cambios que están viviendo las familias, las sociedades y los mercados laborales? La respuesta es contundente: la responsabilidad debe ser compartida entre el estado, la sociedad y las familias.

En este nuevo marco, el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres, estudiosos y organizaciones comprometidas con los derechos de la infancia, entre otros actores sociales proponen la implementación de políticas públicas orientadas a la transformación de la organización social del cuidado con base en el principio de la corresponsabilidad entre familia, sociedad y estado. De tal manera que las familias y las comunidades tengan las condiciones y apoyos institucionales adecuados para llevar a cabo el trabajo de cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes independientemente de su condición socio-económica.

Propuesta que se orienta al fortalecimiento de un estado de bienestar con el reconocimiento explícito del derecho al cuidado en el conjunto de los derechos sociales —educación, salud, vivienda, empleo y seguridad social—. La explicitación de esta dimensión de derecho reorienta la coordinación de las políticas sociales y económicas para el ejercicio efectivo de los derechos ya establecidos (educación, salud, seguridad y empleo) y, por lo tanto, plantea un cambio en el marco conceptual de las políticas para enfrentar integralmente los problemas de pobreza, violencia y desigualdad social. En otras palabras, el nombramiento del derecho al cuidado permite identificar las condiciones necesarias para viabilizar el acceso y el goce de los derechos sociales y económicos.

Es así que el derecho al cuidado en articulación con los derechos a la educación y a la salud redefinen las funciones de las políticas públicas para que los niños y adolescentes reciban cuidado y protección a tiempo completo, mientras los padres y madres están generando ingresos, fortaleciendo sus conocimientos y competencias educativas o participando de la vida pública. Aunque una política pública de cuidado abarca un marco amplio de áreas de intervención, la construcción de un sistema público de servicios de cuidado es uno de sus pilares centrales. Este sistema comprende un conjunto de acciones públicas y privadas que se desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a los niños, niñas y adolescentes en coordinación con las familias, de tal manera que se garantice el cuidado y la protección a todos los que la necesitan.

Desde esta propuesta, los objetivos de las políticas de educación, salud, cultura, protección, seguridad y laboral se articulan para proporcionar servicios integrales a los niños y adolescentes, de tal manera que ellos reciban servicios de protección integral y de calidad incluyendo educación escolarizada y no escolarizada, alimentación, atención de salud a tiempo completo (8:00 a 5:30), mientras sus papás y mamás están trabajando o asistiendo a un centro educativo.

Sistema que requiere la coordinación entre las diferentes instancias estatales (central, departamental y municipal), las organizaciones públicas no estatales y privadas en todos los niveles territoriales, las comunidades y las familias para garantizar protección y cuidado a tiempo completo. Más específicamente un servicio integral de cuidado para los niños y adolescentes se construye con base en la coordinación entre servicios de guardería, escuelas, servicios de atención extra-curriculares complementarios a la escuela, servicios de salud y protección. Las alternativas de coordinación entre las instituciones son variadas dependiendo de los tejidos sociales locales, las necesidades específicas de las familias y los recursos institucionales y sociales disponibles en estos territorios. Y, por supuesto, pasan por fortalecer y expandir las soluciones que ya están en funcionando.

Cuestión de derechos

La articulación de los derechos de la infancia y los derechos de las mujeres se convierte en el eje central para que la política de cuidado genere las condiciones para el ejercicio de los derechos de ser cuidado y de cuidar. En este marco, el acceso a servicios de cuidado garantiza, por un lado, el derecho de los y las trabajadoras con responsabilidades familiares a las mismas oportunidades de desarrollo educativo, ocupacional y personal para alcanzar niveles más equitativos de bienestar personal y familiar, a través de la superación de las tensiones entre vida laboral y familiar.

Y, por otro lado, los servicios de guarderías para los niños en edad pre-escolar y los servicios complementarios de atención extra-escolar para los niños y adolescentes en edad escolar garantizan la formación adecuada desde la educación temprana, mayores niveles de rendimiento escolar y permanencia en la escuela. Estos servicios también previenen los riesgos de exposición a la inseguridad física, sexual y emocional (como la violencia sexual intra y extra-familiar, las actividades delictivas y el consumo de drogas) durante todo el día.

Un sistema de servicios integrales de cuidado de niños y adolescentes con altos estándares de calidad es muy efectivo para prevenir el embarazo adolescente y garantizar a los jóvenes la continuación de sus estudios y mejores condiciones para el ingreso al mercado de trabajo cuando tienen hijos. En relación a los adultos mayores, este sistema les libera de la sobrecarga de cuidar a otros miembros de la familia o la obligación de generar ingresos adicionales para la manutención de su familia. Quedan pendientes los desafíos de la consolidación de otros sistemas de cuidado para los adultos mayores y adultos con discapacidad y enfermos para que estos puedan gozar plenamente del derecho a ser cuidados.

Desde el enfoque de derechos y la equidad de género, una política de cuidado está dirigida a superar los problemas sociales que están en la raíz de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades socioeconómicas, generacionales, de género y étnicas. Por esta razón, las feministas y las organizaciones de mujeres insisten en que uno de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas es generar las condiciones institucionales y sociales para que las familias, desde sus nuevas realidades, puedan proveer cuidado y protección social a sus miembros.

La política de cuidado desde el enfoque de derechos se funda sobre el principio del acceso universal a los servicios, aunque su implementación requiera en una primera etapa de mecanismos de focalización en los sectores menos favorecidos. Sin embargo, la superación del enfoque asistencialista, la garantía de sostenibilidad financiera y la manutención de la calidad de los servicios de cuidado requieren que estos no estén dirigidos únicamente a las familias empobrecidas y que, más bien, atraigan a la clase media.

Lucha que avanza en los diferentes países. En Uruguay, México, Chile y Argentina, para citar algunos, se observa la consolidación de redes de organizaciones para impulsar políticas de cuidado. En Bolivia este trabajo está recién empezando. Con el objetivo de apoyar este cambio transcendental para emancipar a las mujeres y lograr la equidad de género en articulación con la equidad generacional y de clase, proponemos la consigna: “Cuidar a los niños, responsabilidad de todos”.

*          Socióloga y docente-investigadora del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andres (CIDES-UMSA). www.fernandawanderley.blogspot.com

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