junio 24, 2021

De los microconflictos a la guerra prolongada contra el proceso de cambio. La derecha busca y busca

Entre 2006 y 2009 la derecha optó predominantemente por los métodos no democráticos para acabar con el proceso de cambio. A partir de 2010 se apoya en la sobreexpectativa de demandas de sectores sociales cuya amplificación busca erosionar progresivamente los cimientos del primer gobierno indígena-campesino-popular que Bolivia ha conocido desde su fundación.

Un diputado de la ultraderechista Convergencia Nacional pide la renuncia del presidente Evo Morales por no resolver los conflictos sociales, la militancia de los partidos conservadores se moviliza para respaldar a la aristocracia médica que quiere mantener los privilegios de unos pocos, el responsable de la seguridad de la embajada de Estados Unidos es encontrado “in fraganti” trasladando armas y municiones en una vagoneta oficial, los dirigentes de los partidos que históricamente oprimieron a los indígenas del oriente ahora son fervientes simpatizantes de la IX marcha, un informante de la CIA dice que en Bolivia se entrena un grupo guerrillero para matar a un dirigente opositor, se denuncia la admisión irregular de estudiantes en la Academia de Policías en medio de un procedimiento para el ascenso a generales y algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) baten palmas para que se profundice la crisis como preámbulo a la instauración de la dictadura del proletariado.

Observadas por separado cada una de estas acciones, carecen de sentido. Se notan dispersas y aisladas en medio de un cuadro de situación en que el presidente Evo Morales mantiene cerca del 50 por ciento de aprobación en las cuatro ciudades del eje, lo que representa un dato estadístico de enorme importancia dada la hegemonía del MAS en el área rural.

Vayamos por partes. Es evidente que la organización de ultraderecha —integrada por ex adenistas, falangistas, podemistas y manfredistas—, no dispone —por sí sola— de la capacidad de convocatoria y organización significativas como para conducir a la población a una sublevación que genere una crisis de estado y obligue al presidente Evo Morales a renunciar.

Tampoco es para perder el sueño que los militantes de los partidos que condujeron el país durante dos décadas de neoliberalismo sean los más activos impulsores de la huelga encabezada por una aristocracia médica que, a diferencia de la inmensa mayoría de los galenos del país, es la responsable de la mercantilización del acceso a la salud. Está claro que su oposición a las ocho horas de trabajo no cuenta con el respaldo de la población.

Pero además, la batalla de fondo es que los colegios médicos quieren seguir jugando un papel de primer orden en la selección y distribución de los cargos jerárquicos y en la admisión de personal médico para todos y cada uno de los centros de salud públicos, lo que ha conducido en todos estos años a la conformación de grupos de poder.

Lo que si llama poderosamente la atención es el desarrollo de dos acciones que tienen la marca de la Central de Inteligencia Americana (CIA): la primera, el fallido intento de trasladar tres armas y municiones, además de equipos de comunicación, de propiedad de la estadounidense NAS desde el Beni hasta presuntamente la ciudad de Santa Cruz, sin haber pedido la autorización correspondiente a las autoridades nacionales.

Nunca podrá saberse el destino real de esas armas, pues un mejor sentido común hubiese recomendado intervenir al final y no al principio. Lo que sí es evidente, para alguien medianamente informado, que no es la cantidad de armas sino el destino de las mismas lo que las convierte en instrumentos de desestabilización política o no. Ahora, apelando a esa larga historia que acompaña a los servicios secretos de los Estados Unidos, hay más de una razón para estar alertas.

Un dato adicional: es bastante sugerente que la embajada de Estados Unidos hubiese reaccionado ante la soberana intervención del gobierno boliviano estimulando a otras legaciones diplomáticas, particularmente europeas, a la aprobación de una resolución condenatoria al Estado Plurinacional, bajo el argumento de la violación de la Convención de Ginebra. El agresor se presentaba como agredido.

La medida no prosperó ante la enérgica oposición del representante cubano y otras legaciones de América Latina.

La segunda acción made in USA es la que se registró a inicios de marzo, cuando un estrecho colaborador de la CIA y miembro del grupo terrorista anti-cubano Omega 7, Eduardo Macaya, sostuvo —a través de un programa de televisión que se difunde en Estados Unidos y varios países de América Latina—, que un grupo guerrillero denominado “Ejército de Liberación” estaba entrenando cerca del parque Madidi con el propósito de asesinar al empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

La especulativa versión no ha sido capaz de resistir el mínimo análisis, aunque ha dado pie para la salida pública de un político que no pierde la oportunidad para hacerse de un ambiente social y electoral que no ha podido construir a pesar de multimillonarias inversiones.

La “denuncia” de Macaya —un mercenario empleado por la CIA en acciones encubiertas en Vietnam y en Centroamérica, particularmente en operaciones de sabotaje contra la revolución sandinista en la década de los 80—, pasó desapercibida para la mayor parte de la población, en gran parte por la presunta víctima que eligió.

En esa misma dirección, es altamente probable que las manos invisibles de la CIA se encuentren dentro de un clima de enrarecimiento que se percibe dentro de la Policía Nacional, en un momento que se pone en marcha por vez primera un nuevo mecanismo de selección para el ascenso a generales.

La denuncia del ingreso irregular de 54 postulantes a la Academia de Policías ha sido el detonante para levantar una manto de sospecha sobre el actual comandante de la Policía y otros niveles jerárquicos, los cuales, vaya “casualidad”, han participado de las acciones que identificaron e interrumpieron el traslado del armamento estadounidense en el Beni.

Independientemente de las circunstancias que acompañan al hecho y que deben ser investigadas, la denuncia ha provocado un clima de inestabilidad dentro de la fuerza policial y, por tanto, de apertura de escenarios de riesgo para la seguridad interna del país.

Y bueno, a todo lo anterior, se suma el anuncio de la IX marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas, en rechazo a la construcción de una carretera por el TIPNIS —que está interrumpida por efectos de una ley promulgada en octubre de 2011 y reforzada por la decisión gubernamental de anular el contrato con la brasileña OAS— y en oposición a la realización de la consulta.

La posición de algunos dirigentes indígenas ha sido observada debido a que, interrumpido el contrato para la construcción de la carretera, la marcha parece privilegiar la materialización de intereses políticos bastante alejados de las causas populares antes que la apropiación del derecho a la consulta, que es el motivo por el que el año pasado de asumió idéntica medida de presión.

Es incierto el nivel de cohesión dentro de las comunidades indígenas afiliadas a la CIDOB, pero es evidente que el anuncio de la marcha ha despertado el interés de políticos y dirigentes sociales claramente opositores al proceso de cambio y al presidente Evo Morales. De una parte están Ernesto Suárez Sartori y Rubén Costas, quienes en 2008 formaban parte del comando político que planificó el plan de desestabilización del proceso de cambio y que en diciembre de 2011, paralelamente al Primer Encuentro Plurinacional organizado por el gobierno, se reunía con algunos dirigentes indígenas de la CIDOB. En el otro extremo están ex funcionarios del gobierno que convocan a presionar por la “reconducción del proceso”.

A toda esta situación hay que sumar las movilizaciones convocadas por la COB en demanda, como lo hacen todos los años, de mayor incremento salarial para los trabajadores. El ritual anual carecería de importancia si no se inscribiera dentro de un cuadro general.

Y es ahí donde empiezan a ganar sentido muchas cosas. De hecho, la experiencia histórica muestra cómo muchas legítimas movilizaciones populares —como las protagonizadas en demanda de más salario—, han servido de cortina de humo para que sectores conservadores activen estrategias y planes de conspiración contra gobiernos de izquierda y progresistas, cuyas solas reformas han provocado en décadas pasadas el rechazo imperial por la vía de la instauración de dictaduras militares.

Una revisión de las acciones de la derecha en los últimos 6 años conduce a identificar que se ha pasado de la estrategia para el derrocamiento de Evo Morales por métodos no democráticos a la estrategia del desgaste para la derrota política del líder indígena.

Esta estrategia, a diferencia de la confrontación directa con el gobierno, se traduce en la creación de conflictos —allí donde pueda hacerlo— o en la amplificación de protestas sociales a través de la industria mediática, de tal manera de construir en el imaginario colectivo la sensación de inestabilidad y convulsión social.

Esta estrategia, que busca usar la fuerza del otro para beneficio propio, ha conducido en el pasado a desestabilizar a gobiernos de izquierda, cuya caída no abrió las puertas a la instauración de la dictadura del proletariado, sino más bien a regímenes de derecha bastante duros. No hay que ir fuera de las fronteras bolivianas para encontrar dramáticos ejemplos: en la década de los 70, el nacionalista Juan José Torres fue derrocado por la dictadura de Hugo Banzer y en 1985 el reformista Siles Suazo se vio obligado a acortar su mandato y convocar unas elecciones generales que le abrieron el paso a dos décadas de neoliberalismo. Esa es la cruda realidad.

Desde ese perspectiva, vistas esas acciones aisladamente no representan una amenaza para el proceso de cambio. Pero, vistas en su integridad, sobre todo desde otros tiempos políticos, es evidente que abril y mayo se anuncian como bastante complejos y riesgosos para el gobierno de Evo Morales.

¿Cuál es la bandera o el paraguas para unificar las protestas contra el gobierno? El TIPNIS puede convertirse —a pesar de que eso no esté en los cálculos de la mayor parte de los indígenas—, en el instrumento de materialización de los fines de una derecha, nacional e internacional, que nunca renunciará a la recuperación del poder político perdido.

¿Pero cuáles son los límites de las acciones de la derecha? En primer lugar, la ausencia de referentes públicos con credibilidad, la inexistencia de un proyecto alternativo y las dificultades para construir un mando unificado.

Pero, sobre todo, en segundo lugar, una base social bastante dura que, —a diferencia de la soledad de Torres y Siles—, respalda decididamente a Evo Morales y ha dado claras señales de no estar dispuesta a rifar el resultado de una larga resistencia anticolonial.

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