Estado Plurinacional de Bolivia / Comisión de Derechos Humanos de La Cámara de Diputados / Proyectista: Dip. Marianela Paco Duran*
Bolivia está en la lista de países con mayores problemas de tráfico de personas. El índice se incrementó en 92,6% entre enero y marzo respecto de 2009.
Adolescentes comprendidas entre los 12 a 18 años son reclutadas en la Amazonia para su explotació n sexual en el occidente. En el área rural, los padres entregan a sus hijos menores para que trabajen con sus padrinos.
Estudios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advierten que Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de trata y tráfico de personas. Las estadísticas señalan que en el primer trimestre de este año con relación a similar período de 2009, el crecimiento fue de 92,6 por ciento.
De acuerdo a información de la agencia ABI, el Encuentro Sudamericano de expertos en trata y tráfico de personas realizado en marzo del pasado año en la República Argentina, concluyeron que “República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina son los países con mayores problemas en trata de personas”.
Por su parte, los jefes de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, Tcnl. DEAP. Adolfo Cárdenas Machicado y el My. Walter Sossa, de la División de Trata y Tráfico de Seres Humanos de El Alto, refutaron esas afirmaciones por cuanto dijeron que la trata de personas es un problema mundial y no solamente de Bolivia, por cuanto la explotación sexual y laboral se ha convertido en tercer negocio más rentable a nivel mundial después del tráfico de armas y el narcotráfico.
En los primeros tres meses de este año, 26 casos fueron atendidos, de ellos 21 corresponden al delito de trata, uno de tráfico de migrantes, dos de proxenetismo y dos de pornografía y espectáculos obscenos.
Durante la gestión 2008, la policía investigó 30 casos de trata, nueve de tráfico de migrantes, cuatro de proxenetismo, tres de pornografía y espectáculos obscenos con adolescentes y niños, uno de corrupción de mayores y siete de corrupción de menores.
El encuentro de países latinoamericanos celebrado en Cochabamba, en mayo pasado, concluyó que estos ilícitos son considerados como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI.
Sólo en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz existen estadísticas sobre estos delitos, por cuanto solo en esas ciudades existen oficinas de investigación de trata y tráfico de seres humanos.
La trata, según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), es la compra y venta de seres humanos. En su concepto, es una forma de delincuencia organizada que se comete especialmente contra mujeres, adolescentes, niños y niñas, ejercida por la fuerza o el engaño para captar a la víctima, trasladarla dentro o fuera de su país con fines de explotación.
La forma más conocida de trata tiene fines sexuales y comerciales, como la prostitución, pornografía, pedofilia y otros ilegales, aunque también la explotación laboral, servidumbre y otras relaciones denigrantes.
El Jefe de la División de Trata de La Paz explicó que existen clanes que se dedican a ese delito. “Captan a las jóvenes, les ofrecen jugosos pagos, las trasladan a otro sitio; una vez en el lugar de destino, les arrebatan sus documentos personales para retenerlas y, a través de coacción y amenazas, las someten a la explotación”.
Los proxenetas, por lo general, escogen adolescentes de la región amazónica para llevarlas al occidente y ponerlas a trabajar como damas de compañía o prostitutas. Otros las reclutan a través de anuncios en periódicos o volantes donde ofrecen “sueldos altos”. Una vez que la menor está en las garras del proxeneta, tiene tres formas de salir: huir, infectada con el VIH-Sida o muerta, según el jefe policial experto en el tema.
Otra forma de explotación se da cuando los padres del área rural entregan a sus hijos menores a la “madrina” para que sean llevados a la ciudad a trabajar en quehaceres domésticos.
El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la D Droga y el Delito (ONUDD) recomienda a Bolivia hacer ajustes en la legislación contra los delitos de trata y tráfico de personas, y crear programas de Estado para brindar ayuda especializada a las víctimas.
Sugiere que las leyes actuales sean revisadas a fin de abordar todos los aspectos necesarios para combatir este flagelo de manera integral y en concordancia con la Convención de Palermo 2000, que establece la creación de oficinas de lucha contra los delitos de trata y tráfico de seres humanos en los países sudamericanos.
El documento observa la ausencia de políticas y programas integrales de atención a las víctimas de trata en Bolivia, esquemas de protección para ellas y para testigos, así como para su reinserción social con oportunidades laborales y atención psicológica y social.
La ONUDD concluye su informe indicando que también están ausentes los programas integrales de prevención destinados a disuadir a las potenciales víctimas, que generalmente son estudiantes, de las redes delictivas cuyo objetivo es desarrollar y expandir sus actividades ilícitas.
Desde 2007, se revisa en el Parlamento un Proyecto de Ley Integral Contra los Delitos de Trata y Tráfico de Personas que contempla sanciones más drásticas —como penas de cárcel para los consumidores sexuales de menores—, la autorización para usar escuchas telefónicas en las redes de proxenetas y la posibilidad de utilizar agentes encubiertos.
Se estima que entre 800.000 y 2.000.000 de personas son víctimas de la trata cada año en el mundo. Este delito mueve entre ocho y diez billones de dólares anualmente.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) estima que a nivel mundial, alrededor de 12 millones de personas se encuentran en condiciones de trabajo forzoso, servidumbre o explotación sexual.
Cálculos de la Organización de Estados Americanos (OEA), dan cuenta de que cada año más de 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata en todo el mundo. En América Latina, más de 250 mil individuos son víctimas de la trata de personas; de éstos el 80 por ciento está compuesto por mujeres y niños. Esta actividad ilícita genera ganancias anuales superiores a los 300 millones de dólares, según datos estadísticos de la OEA.
Monitoreos de la OEA afirman que cada año en Bolivia “miles de personas bolivianas entre los 6 y 20 años de edad son vendidas, transportadas, retenidas, obligadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad”, datos que conducen a la necesidad de aprobar leyes que sancionen la comisión de estos delitos que afectan a la sociedad.
* Ex Presidenta Comisión Derechos Humanos de la Cámara De Diputados
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