Sobre las múltiples ventajas y el impacto positivo que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, denominadas TIC, no caben dudas, por cierto, pues éstas nos han abierto a un sinnúmero de posibilidades, pero como muchas cosas, éstas tienen un lado oscuro que se evidencia con el mal uso que algunos le dan, y que como consecuencia terminan siendo una suerte de extensión y una plataforma más que permite que muchos derechos humanos sean vulnerados.
Lo cierto es que estos usos negativos se dan, día a día, y son reprochables bajo cualquier punto de vista. Lo que algunos le han llamado “delitos en línea”, como el acoso y el tráfico y pornografía infantil, entre otros, que tanto daño hacen a la sociedad, se dan en Bolivia como en muchos otros países en el mundo. Aunque en algunos existen intentos por regular la circulación de mensajes y contenidos perniciosos, frenar la piratería y proteger los derechos de autor, por ejemplo, como es el caso de los Estados Unidos y varios países de Europa, recorre también en todas partes el fantasma del miedo de aquellos que ven estos intentos como amenazas a la “libre expresión”.
En una investigación realizada en 2010 por Eduardo Rojas, activista y estudioso de las TIC señala que en Bolivia “no existen iniciativas de promoción del uso responsable de internet que incorporen específicamente un enfoque de derechos humanos. Esto demostró la extrema vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el ciberespacio”, lo que por cierto debiera conducirnos a reflexionar sobre el tema y debatir sobre regulaciones en este campo.
Sin embargo, me adelanto a decir que temo que nos veremos entrampados como sociedad, polarizada, como estamos, y con posiciones y actores polarizantes, cuando se abra el debate sobre estas cuestiones, sin tener en cuenta la urgente necesidad que plantea esta problemática.
Y si bien la nueva Constitución Política abre paso a la inclusión del enfoque de derechos humanos relacionados con las TIC y la internet, Rojas advierte que al no tener una política pública se extienden “las viejas formas de violación de los derechos humanos y se reproducen en línea”, debido a “la falta de capacidad institucional”, y hace notar que no hay liderazgo de institución alguna ni privada ni del Estado que tome el sartén por el mango para abordar este asunto y dirigir “el desarrollo de la cultura digital con un enfoque multisectorial y transdisciplinario”, como debiera ser tratado este tema.
Entretanto, la orientación en las escuelas, el diálogo con los hijos e hijas en el hogar, el debate en las universidades, en los medios de difusión y en todo espacio posible puede contribuir a crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre el respeto por el Otro, como base para convivir en sociedad, entre otros valores, así como reflexionar sobre el uso racional de las TIC, para el disfrute y beneficio de todos, todo eso sumado a la voluntad de contribuir a construir un mundo mejor, es algo que todas y todos podemos hacer desde donde estemos.
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