diciembre 3, 2021

La Ley del Finpro y la necesidad de reflexionar sobre el rol y las características de las empresas estatales

En medio de una gran expectativa el 9 de abril del presente año se promulgó la Ley N° 232 Del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que tiene por objeto establecer los mecanismos de financiamiento y asignación de recursos para el funcionamiento de las empresas estatales en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 316 de la Constitución Política del Estado, que establece las funciones económicas del Estado. Recordemos que entre dichas funciones están las de dirigir el proceso de la planificación económica social, ejerciendo la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía, pudiendo participar directamente en la producción de bienes y servicios económico sociales para promover la equidad y el desarrollo económico y social evitando los oligopolios, promoviendo la integración de diferentes formas económicas de producción. En ese sentido, el mencionado artículo señala que el Estado debe promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, incluso podrá atribuirse el monopolio de determinadas actividades en caso de considerarlo de necesidad pública, también deberá gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y transferencia de tecnologías a fin de promover las actividades productivas y de investigación. Asimismo, en dichas actividades promoverá el respeto al medioambiente, la generación de empleo, la participación y consulta ciudadana en el plan general de desarrollo.

La Ley del Finpro dispone un fondo de un mil doscientos millones dólares estadounidenses ($us. 1.200.000.000.-) provenientes de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Este fondo se divide en un fideicomiso de 600 millones de dólares y uno de crédito de otros 600 millones. La finalidad de estos fondos es la de financiar la inversión de emprendimientos productivos estatales que generen excedentes, sea a través de empresas públicas y/o sociedades comerciales con participación mayoritaria del Estado, emprendimientos conjuntos del Nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas, y otras entidades públicas. Dichos emprendimientos productivos financiados por el Finpro estarán orientados a la transformación de la matriz productiva y necesariamente incorporarán la etapa de industrialización de materias primas, así como de alimentos en el marco de la política de seguridad y soberanía alimentaria.

Para cumplir este objetivo el Órgano Ejecutivo definirá la instancia que identificará los emprendimientos productivos que puedan ser financiados con base, al menos, en estudios de pre-factibilidad que concluyan que dichos emprendimientos se encuentran en el marco de la finalidad del Finpro. Así, el Ministerio cabeza del sector y/o a la Máxima Autoridad de la Entidad Territorial Autónoma respectiva, mediante resolución expresa, confirmará la validez del estudio de factibilidad del emprendimiento productivo que asegure la devolución del financiamiento otorgado y la asignación será aprobada mediante Decreto Supremo, pues, todo financiamiento otorgado por el Finpro para emprendimientos productivos deberá ser reembolsado. Por ello, la cobertura del riesgo crediticio de las empresas y entidades prestatarias, en función de sus flujos de caja, deberán crear reservas destinadas a la amortización del financiamiento recibido. Asimismo, el Tesoro General de la Nación garantizará la operación de financiamiento mediante la emisión de bonos u otras formas o instrumentos que considere.

Sin abundar más en los otros mandatos de la Ley N° 232 referidos al manejo de los fondos, consideramos que es pertinente reflexionar sobre el rol y las características que deberán tener las empresas estatales que se financien mediante el Finpro como forma de concretizar los mandatos de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo: Cuál será el criterio de planificación que mediante programas priorice y articule a las empresas estatales en pos del ansiado desarrollo, será la simple y pura rentabilidad la que permita la creación de empresas estatales o acaso se retomarán los preceptos emitidos en el Plan Nacional de Desarrollo, por ello es vital debatir sobre las estrategias y programas concretos de industrialización que deberá seguir el país, y, sin embargo, el debate de la planificación concreto sobre el cambio del patrón de acumulación no ha sido aún iniciado.

También importa debatir, cómo se asociaran las empresas estatales con empresas comunitarias, lo harán al amparo del viejo código de comercio tan cuestionado por los movimientos sociales, pues aún no existe una legislación para el funcionamiento de las empresas comunitarias. En el caso de las cooperativas se les permitirá asociarse aunque estas incumplan la legislación laboral y de cooperativas, como actualmente ocurre con algunas cooperativas mineras. Cómo se legislaran las controversias con empresas capitalistas privadas y extranjeras, acaso bajo la vieja ley de inversiones de Paz Zamora, y dado que las empresas desarrollaran actividades en sectores estratégicos los contratos de asociación estos se los firmará al amparo de la Ley minera de Sánchez de Lozada o a la de Hidrocarburos de Mesa. Otra cuestionante es cómo se medirá la rentabilidad de las empresas, pues la norma exige generación de excedentes y estudios de viabilidad que permitan la devolución de los fondos, serán acaso administradas como las empresas sociales en las que a título de generación de empleo descuiden los criterios de eficiencia y productividad, bajo el subterfugio de que la generación de excedentes es un criterio “neoliberal” cuando bien puede ser una forma de financiar la diversificación del aparato productivo bajo la guía del Estado; es decir que parte de ese excedente, una vez cubiertos los compromisos con el Finpro y la reinversión en la misma empresa estatal, bien podrían ser destinados a fondos estatales para ampliar el aparato productivo.

Otro aspecto a debatir, es la forma en que participarán la sociedad civil y los trabajadores en las empresas estatales, se continuará con el inocuo control social o acaso se rescatarán aspectos positivos de formas como la cogestión o el control obrero, o se diseñara una forma creativa que precautele los intereses de los bolivianos en dichas empresas que vaya más allá de un rol ornamental en los directorios y permita la real participación de la trabajadores y ciudadanía en el diseño implementación y supervisión de las actividades de dichas empresas. Un último aspecto a definir es como se fortalecerán las empresas estatales y evitara su atomización a título de autonomías, es importante entender que se deben proteger los intereses de todos los bolivianos y no solo de los de algunas regiones, a fin de tener empresas estratégicas fuertes y con perspectivas de crecimiento que puedan encabezar el desafío de la industrialización de los recursos naturales y la consiguiente diversificación del aparato productivo nacional.

Creemos que es buen momento de retomar el debate del carácter concreto de las empresas estatales como elemento de la estrategia de desarrollo, de cómo se organizará la producción social a fin de eliminar la explotación del hombre por el hombre, y definir si el desarrollo del país será obra de los bolivianos a través de las empresas estatales ó continuará en manos de las socias transnacionales.

*          El autor es economista y profesor universitario

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