diciembre 6, 2021

Los casos del juez del senador Roger Pinto, el juez Tapia Pachi y la cívica Ana Melena. Brasil y su conducta de refugio y asilo respecto a Bolivia

¿Asilo o refugio?

 

La primera pregunta que debíamos hacernos es ¿por qué Roger Pinto decide solicitar asilo diplomático y no solicitar refugio en el Brasil?

Este no es un detalle menor.

Primero es importante señalar la diferencia en los procedimientos: el asilo diplomático se produce cuando el solicitante, acude en su propio país a una legación extranjera, que por los Acuerdos de Viena, posee inmunidad territorial. Allí argumenta persecución política y afectación de sus derechos.

Esta solicitud debe ser evaluada mediante un informe elaborado por la Embajada o Consulado, informe que siendo enviado a su capital, es analizado por su Ministerio de Relaciones Exteriores que, en coordinación con sus más altas autoridades de gobierno, decide el caso.

Cuando de solicitud de refugio se trata, el procedimiento es otro, pues es condición pasar la frontera y ante la primera autoridad competente, solicitar refugio, para lo que existe un procedimiento, acompañado generalmente por la agencia del ACNUR que actúa en el país de solicitud.

En el primer caso, cuando el asilo es concedido, dado que el solicitante de asilo se encuentra en su propio país, requiere de un salvoconducto emitido por la oficina de migraciones de su gobierno, para cruzar la frontera.

En el segundo caso, o de refugio, la solicitud pasa al organismo que evalúa la solicitud a la luz del Estatuto o Convención del Refugiado y en caso de América Latina, utilizando también la definición ampliada de refugiado.

Es norma, en caso de negación de la solicitud, aplicar el principio de no devolución, es decir no re enviando al solicitante a su propio país. Si esto ocurriera, el Estado solicitado, debe orientar la solicitud a un tercer país dispuesto a evaluar la posible concesión del status de refugiado.

Si bien en el caso del refugio, el trámite de la solicitud puede demorar algún tiempo, una vez otorgado, el refugiado se acoge a la Convención, acatando sus normas, que están orientadas un perfil bajo, ya que debe integrarse a la población local, en las condiciones de cualquier ciudadano. Si el solicitante no transgrede la Convención, no será más motivo de noticia, precisamente para proteger su proceso de inserción local.

No ocurre lo mismo en caso de Asilo Político, donde los casos siempre son motivo de aparición permanente en los medios de comunicación, hasta su resolución, pues la misma puede llevar a motivos de especulación periodística permanente.

Habiendo aceptado el Estado otorgante del Asilo Diplomático, se considera que ha aceptado como válidas las razones del solicitante, lo que sin deteriorar las relaciones consulares y comerciales entre ambos países, pone en entredicho la vigencia de las garantías constitucionales, la vigencia de los derechos humanos y el debido proceso en el Estado de donde procede el solicitante.

Por consiguiente, esta vía puede resultar hasta escandalosa por el rol que podrían jugar los medios de comunicación que se adhieran a la causa del solicitante.

Este es precisamente el caso de Roger Pinto, que asume la vía de la solicitud de Asilo Diplomático, sabiendo que por detrás cuenta con el apoyo permanente de algunos medios de comunicación que harán un sin número de especulaciones, como ya viene ocurriendo, con noticias como la suspensión de visitas presidenciales que no se programaron, el deterioro de las relaciones diplomáticas que no ocurrieron, o las inventadas reacciones adversas como efecto de la negación de otorgamiento del salvoconducto, además de todas las imaginables posibilidades que puedan ser motivo de “escándalo político” para afectar la imagen internacional del gobierno de Evo Morales.

Y esto es tan claro, que tenemos en el otro extremo los casos del juez Tapia Pachi o de la ex cívica Ana Melena, ambos solicitantes de Refugio en el Brasil, los que una vez concedido su status de refugiado, dejaron de ser noticia y por consiguiente dejaron de ser motivo de interés de aquellos medios convertidos en caballos de Troya de la oposición política.

Bolivia y Brasil, los casos de asilo y refugio

 

Pero más allá del rol de algunos medios de comunicación, debe llevarnos a reflexión la actitud del Brasil, en los casos de solicitantes de Refugio y ahora de Asilo Diplomático.

Dichas instituciones no se conceden, o más bien, no pueden ser concedidas por capricho, pues están normadas por convenciones y estatutos que implican procedimientos y responsabilidades de los estados contratantes o dicho de otra manera, de los estados que asumen estas normas como parte de sus legislaciones internas.

Y para el caso, no podemos dudar de la eficiencia y profesionalidad de los funcionarios de Itamaraty, seguramente, una de las mejores escuelas diplomáticas del mundo.

Pero, entonces, qué es lo que ocurre?

El problema radica en la aplicación de la norma. Tanto en los casos de Tapia Pachi, como de Ana Melena, se aplicó a letra muerta, -lo que ahora también se talla para el caso Pinto-, la declaración ampliada de refugiado.

Esta sostiene que es suficiente “tener causas fundadas de sospecha de persecución por motivos de posición política, pertenencia a un grupo étnico o religioso u opción sexual” para solicitar la protección de otro país miembro de la Convención.

Quiero destacar aquí el concepto de “fundadas sospechas de persecución”.

Este concepto, tiene origen en la Declaración de Cartagena del 76, donde el ACNUR, reconociendo las condiciones de persecución política que se producía en Centro América y el cono sur de Sud América en los años 70, decide incorporar esta definición, pues se estaba dando una “guerra antisubversiva”, que no respetaba ni la Convención de Ginebra ni otros instrumentos de protección de la vida de la población civil para casos de conflicto interno.

Esta denominación se la ha caracterizado como la “definición ampliada”, pues permite incorporar elementos subjetivos al momento de la calificación de la solicitud: por eso la aceptación de la “sospecha fundada”.

Históricamente se incorpora este concepto, por las condiciones de guerra sucia que se producía en nuestro continente en los marcos de la doctrina de seguridad vigente en aquella época, cuando según los EEUU, había que impedir por todos los medios el avance del comunismo y el castrismo (modo empleado para referirse a la revolución cubana y la vía armada de toma del poder).

Por entonces, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas individuales y masivas así como el secuestro de familiares como forma de presión para la entrega de los perseguidos, era moneda cotidiana en la realidad militarizada de América Latina.

Por eso y en esas condiciones, las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con esta problemática, incidieron para incorporar esta “variable subjetiva”, pero de un valor sin precedentes para salvar la vida de perseguidos y darles una oportunidad mayor para protegerlos a ellos y sus familias.

La Latinoamérica de entonces no es la misma de hoy. Pero aquellas normas siguen vigentes y aplicándolas a letra muerta más tecnicismos jurídicos, la definición ampliada de refugiado, que tantas vidas inocentes salvó, hoy está sirviendo para proteger a políticos, que por evitar sus responsabilidades ante sus mandantes, las invocan para ser favorecidos por instituciones que se crearon para salvar vidas y no precisamente patrimonios económicos.

Hoy, en virtud a la letra muerta de la definición ampliada de refugiado, políticos, convertidos en delincuentes por un uso doloso del poder, pero que infelizmente no tienen sentencia ejecutoriada, pueden obtener protección de ACNUR aunque tengan innumerables procesos en trámite judicial.

Ese apego a la letra muerta de la norma, es parte de la tradición diplomática de Itamaraty, y por tanto, el motivo de la concesión de solicitudes de Refugio y Asilo Diplomático. Lo demás es pura especulación.

Por tanto, este tema, amerita de parte de nuestro Estado Plurinacional frente al Estado Brasileño, una sólida argumentación, pero con un posicionamiento flexible y práctico, que permita que más allá de la justeza de nuestras demandas, se ponga en evidencia la contradicción entre justicia y legalidad para la aplicación de esta norma.

Finalmente, esto pone una vez más en evidencia, la necesidad de reformar la ONU, la OEA y muchas de sus Convenciones, que históricamente fueron muy valiosas, pero que pasado el tiempo, en su aplicación a letra muerta, pueden servir para proteger desde delincuentes económicos hasta autores de crímenes de lesa humanidad.

 

*          Forma parte del MG. Es sociólogo. Trabajó con organizaciones de derechos humanos de Bolivia y el Continente. Fue Embajador de Bolivia ante la R.P. China.

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