noviembre 29, 2021

Proxenetismo, trata y prostitución la esclavitud del siglo XXI

Bolivia mejora una norma aprobada hace algunos atrás contra la trata y tráfico de personas e incorpora modificaciones al Código Penal a través de la promulgación de la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas, destinando para su implementación recursos estatales, indispensable para avanzar en la defensa de los derechos humanos, principalmente de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los retos es el de internalizar en la sociedad la condena al proxenetismo, a los prostituyentes, hombres potencialmente delincuentes que pagan por sexo de menores esclavizadas, que con la mayor impunidad cotidianamente ante miradas cómplices de autoridades y sociedad atentan contra la dignidad humana, ejercen la explotación sexual, la intimidación o el abuso de poder, amparados en prácticas machista, miserables y socialmente aceptadas.

Ninguna mujer nace para puta, ninguna niña sueña y juega para ser prostituta

Como afirmaba María Galindo de Mujeres Creando hace ya varios años —vivimos todavía en un Estado Proxeneta— que no ha erradicado prácticas que perpetúan a las mujeres como objetos sexuales de intercambio, seres fuera de la historia y a las que se les sigue negando la condición de personas humanas con dignidad, con derechos; basta con revisar los niveles de impunidad contra la trata, el tráfico, la violencia intrafamiliar o el feminicidio en distintas instancias judiciales.

Arrastramos el lacre de la contradicción y la infamia, cuerpos sagrados para la maternidad, exaltación de las madres/esposas dadoras y cuidadoras de vidas, pero por otro, la condena a mujeres que por situaciones extremas son obligadas y esclavizadas para vender sus cuerpecitos por míseras monedas. Generalmente niñas y adolescentes que han padecido la violación de algún familiar o persona cercana y maltratos extremos, como bien lo demuestran sendos estudios o las miles de denuncias archivadas en los estrados judiciales.

Por ello es imprescindible que se denuncien, clausuren y condenen a los y las propietarias de las casas de citas, bares, clubes nocturnos, salas de baile, alojamientos o moteles, cárceles encubiertas de explotación y prostitución de menores obligadas, extorsionadas, engañadas y esclavizadas por dichos delincuentes, que se valen del amedrentamiento, la coerción, el secuestro no solo la documentación sino de vidas, de sus cuerpos y de su dignidad para su propio enriquecimiento delincuencial, incluso amparados por instancias policiales y judiciales.

Si se atreve déle una mirada a los cientos de lugares clandestinos que al caer la oscuridad se develan cerca de todas las terminales de buses del país, por mencionar los más evidentes, que cada día acogen a forajidos choferes y hombres viajeros que sin escrúpulo alguno son asiduos “clientes”, exentos de noción de lo que es la dignidad humana de mujeres menores y menos, ni las asocian con las vidas paralelas de sus hijas, madres o hermanas. Luces rojas que garantizan a los prostituyentes y proxenetas la venta del sexo de menores contra sus voluntades, perpetuando esas identidades maleantes/clientes y de delincuentes propietarios, con complicidades de un andamiaje estatal que precisamente incentiva el proxenetismo.

En todo caso confiamos en que la nueva norma desde las distintas instancias del Estado defiendan el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente; proporcionando -Celeridad; Confidencialidad; y la NO Revictimización, evitando a que sean sometidas a procedimientos reiterados que vulneren aún más su dignidad y sus derechos.

*          Feminista queer y periodista

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