octubre 15, 2021

¿Crisis de los derechos humanos o los derechos humanos en crisis?

Hasta que los derechos humanos adquirieron esa denominación oficialmente otorgada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, habían transcurrido miles de años, desde las que culturas ágrafas proponían normas morales para el gobierno de los príncipes, hasta lograr las modernas Convenciones, que recogiendo ese amplio legado filosófico previenen a quienes cumplen funciones estatales sobre el abuso del poder.

Es que una cosa esta clara: es la naturaleza del Estado, el origen de las violaciones de los derechos humanos, sean estas producidas por acción o por omisión. Dicho de otra manera, el ejercicio del poder político sitúa permanentemente al servidor público en la frontera del mal uso del poder y la consiguiente violación de derechos humanos.

Y este es un concepto válido para examinar a cualquier Estado del planeta, por lo que quienes asumen posiciones en el ejercicio del poder, sean capitalistas o socialistas, demócratas o republicanos, azules o colorados, han de tener presente este horizonte en cada uno de sus actos. Por tanto, los derechos humanos se convierten en el freno moral para el uso del poder en la construcción de una sociedad participativa y que diseña su propio patrón de acumulación económica para su progreso.

Bajo este concepto, todo servidor público, del más alto o del menor rango es un potencial violador de los derechos humanos, por acción directa o por inacción. Y por consiguiente, todo Estado es también un potencial violador de derechos humanos.

El no comprender esto, hace que servidores públicos por principio se defiendan como gatos panza arriba cuando desde la sociedad civil se los acusa de ser autores de violaciones de derechos humanos, reiteramos, tanto por su acción de abuso de poder, como por su negligencia en el desempeño de sus funciones, que termina provocando violaciones de derechos humanos.

El no reflexionar en esta perspectiva, pone a los derechos humanos en crisis, y, muchas veces los argumentos con los que los servidores públicos se defienden son absurdos, como el decir que los derechos humanos son occidentales y una expresión colonialista, o que cuando el pueblo es poder, ya no necesita de los derechos humanos o que las instituciones de derechos humanos son instrumentos del stato quo.

Estas expresiones afilan el perfil político de los derechos humanos, es decir, terminan sobre-politizándolos y convirtiéndolos en un escenario de disputas. Y esta es una mala práctica producida tanto por oficialistas como opositores, quienes hacen uso y abuso de los instrumentos e instituciones de derechos humanos de las organizaciones nacionales como de los sistemas internacionales.

Hoy esa crisis se evidencia cuando las instituciones nacionales callan cuando deben hablar, o justifican a autoridades que violan derechos humanos diciendo que si las instituciones mandadas por ley los absolvieron es suficiente, o en dirección opuesta, satanizan toda acción y decisión estatal, aún enmarcada en la atribución legal del legítimo uso de la fuerza que la sociedad le confiere al Estado, como actos de violaciones de derechos humanos.

Y este panorama nacional, se replica en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, que de acuerdo a como construyen sus correlaciones de fuerza, afectan en unos casos y salvan en otros Estados parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos, siempre a partir de decisiones políticas.

Un Estado inteligente, debía convocar permanentemente a los diversos órganos del sistema para pedir su opinión consultiva, ante dudas de la aplicación de normas o políticas o acciones relativas a la realización de los derechos humanos. Así demostraría su voluntad política para el cumplimiento de normativa de carácter vinculante.

Por su parte, una sociedad civil inteligente debería buscar las mejores y más eficaces argumentaciones y uso de los mecanismos nacionales y constitucionales antes de asumir posiciones tremendistas, que sólo producen un efecto mediático, pero son totalmente ineficientes para el ejercicio de los derechos humanos de las víctimas.

Finalmente, nunca olvidar que quien es o se considera defensor de los derechos humanos NO ES NEUTRAL, sino que por principio, se pondrá del lado del débil, es decir de quien no puede hacer uso del poder.

Es un exabrupto e ignorancia de la teoría y filosofía de los derechos humanos, pensar que pueda haber una defensa oficialista de los derechos humanos.

Otra cosa sería decir que un Estado tiene vocación de promoverlos, pese a estar permanentemente trajinando la frontera de su violación. Bajo este concepto: podrá un Embajador arrogarse ser defensor de derechos humanos? Por supuesto que no.

Quien no entienda esto, será otro cultor de la crisis y devaluación de los hoy denominados y tan desportillados derechos humanos.

*          Fernando Rodríguez Ureña es zoociologo, con maestría en quimeras. Hizo su doctorado en la pluriversidad de Los Sauces en Lian Ma He Nan Lu. Alguna vez fingió como diplomático.

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