octubre 15, 2021

Modelo económico combina socialismo y mercado

por: América Do Sul

Estrategia de Chávez ubica al Estado como principal instrumento del desarrollo económico, pero abre espacio a alianzas con el capital privado y a iniciativas empresariales.

Las filas se formaron desde la madrugada. Centenares de personas, y pronto miles, se acomodaban en la Plaza Venezuela, en Caracas, aguardando la apertura del centro comercial Bicentenario, que sería inaugurado aquel día. Pero no era sólo la multitud de consumidores entusiasmados lo que llamaba la atención. El hecho más relevante era que el nuevo templo de ventas tenía como propietario al Estado, ofreciendo más productos y mejores precios que la competencia privada. El propio presidente Hugo Chávez participó de la inauguración.

El shopping está ubicado en la misma área en donde el grupo francés Casino, nacionalizado en 2010, pretendía abrir el mayor hipermercado del país. El gobierno mantuvo el proyecto, pero decidió abrir espacio también para tiendas, bancos y farmacias. Más de diez mil clientes pasaron por las góndolas el primer día de funcionamiento, en busca de los casi 20 mil artículos disponibles, de diferentes marcas.

La voracidad de las compras era tan intensa que el gerente del mall socialista, Jóvito Ollarves, tuvo que fijar un límite de mercaderías para cada cliente. “Se trata de un programa social que tiene sus propias normas y restricciones”, explica, mientras camina, intentando administrar el desorden. “Tenemos que controlar para que todos puedan ser atendidos”.

Cambios

El caso del Bicentenario es ejemplo de algunos de los principales rumbos de la economía venezolana en los últimos catorce años: aumento del empleo y renta, crecimiento del papel del Estado, participación subordinada del capital privado y presión inflacionaria del consumo popular. Incluso la aglomeración en las cajas es una buena muestra del proceso. Los cambios avanzan en un escenario de conflictos, tensiones y expectativas.

El paso inicial del gobierno de Chávez fue la ruptura progresiva con los paradigmas de la llamada “Agenda Venezuela”, el programa elaborado por el periodista y economista Teodoro Petkoff cuando era ministro de Planificación del presidente Rafael Caldera, el último de la conocida como IV República. Bajo ese título, la administración del Copei (de centroderecha) ejecutó varias medidas de privatización, incluyendo la industria petrolífera, y de recorte de gastos públicos. Hasta el sistema de seguridad social fue afectado, con el cese del pago de indemnización por tiempo trabajado, entre otras medidas. La ironía de esa historia: Petkoff, hoy opositor, había sido en el pasado un importante líder guerrillero e ideólogo de izquierda.

La política económica de Caldera, al final de cuentas, propiciaba la expansión de las inversiones extranjeras, con vista a los buenos negocios, pero disminuía el consumo popular, restringiendo derechos, limitando servicios ofrecidos por el Estado y desnacionalizando riquezas. En febrero de 1999, cuando Chávez asumió, según datos de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), la inflación se acercaba al 30% anual, el 80% de la población estaba en la pobreza, y el 39% en la miseria, el índice de desempleo era del 18% y el 37% de los venezolanos sufrían de desnutrición.

Otra de las herencias dejadas por Caldera era el precio del barril de petróleo, que se acercaba a los $us 9. La principal riqueza del país, de la cual era el tercer exportador mundial, estaba depreciada tanto por la subordinación de la OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo) a los intereses estadounidenses y europeos, como por una serie de leyes que prácticamente hacía de PDVSA, aunque estatal, una empresa al margen del control gubernamental.

Los primeros años, hasta el 2003, fueron complicados. Las energías del gobierno fueron absorbidas en batallas por la transformación del sistema político, que permitiesen restablecer instrumentos de política económica del Estado. Sometida a situaciones de desestabilización, incluyendo el golpe de Estado y el paro patronal de 2002, la producción se derrumbó en tres de los primeros cinco años de gobierno. Se contrajo un 6,1% en 1999, un 8,9% en 2002 y un 9,2% en 2003, para subir un 3,2% en 2000 y un 2,8% en 2001. El balance del primer quinquenio indica una caída de un 17,60%.

La reacción de parte del empresariado y de sus socios internacionales fue una respuesta a las reformas que Chávez adoptó a finales de 2001, especialmente la Ley de Tierras, que dio inicio a la reforma agraria, y la Ley de los Hidrocarburos, que modificaba ampliamente las reglas de propiedad e impuestos sobre el petróleo.

“Las empresas del sector tributaban, hasta entonces, poco más del 1% de impuestos”, relata Nelson Merentez, actual presidente del Banco Central y ex-ministro de Finanzas, un simpático docente de matemáticas que aún encuentra tiempo para dar clases. “El gobierno elevó esa tasa al 33% y hizo de PDVSA socia mayoritaria de todas las compañías del sector, además de poner a la propia estatal bajo su comando. Antes, era un Estado dentro del Estado.”

Sólo en 2003, con la derrota de la paralización empresarial, el gobierno de Chávez pudo apoderarse de la principal palanca para el desarrollo venezolano, el petróleo. Además de eso, el presidente había obtenido acuerdos, en el ámbito de la OPEP, para la reducción de la producción petrolera, con el precio del barril subiendo a $us 23 en diciembre de 1999 e iniciando una escalada que llegaría a más de $us 100 en los últimos años. Las condiciones económicas comenzaban a cambiar.

El primer objetivo del gobierno, a partir de 2004, fue la expansión de los programas sociales, dando origen a las misiones de salud y educación, entre otras. Además de combatir la dramática situación de pobreza, miseria y destrucción de los servicios públicos que había heredado, ese era también uno de los caminos para aumentar tanto el consumo familiar, como los gastos públicos, generando una fuerte recuperación de la economía, del empleo y de la renta.

La elevación del precio internacional del petróleo, asociado a las inversiones sociales y a la implementación de nuevos proyectos de infraestructura, fortaleció los números del país. En el segundo quinquenio de Chávez, el país tuvo el mayor índice de crecimiento del PBI de Sudamérica y uno de los más altos de mundo. El salto fue de un 61,20% en el período, un promedio anual superior al 10%. Sólo volvería a bajar en 2009 (-3,3%) y 2010 (-1,4%), durante la crisis internacional, para volver a crecer en 2011 (4%).

Industrialización e infraestructura

Los nuevos recursos fiscales y financieros, originados en ese período de prosperidad, apalancaron la expansión de los programas sociales, a punto de convertir a Venezuela en el país con menor desigualdad social del subcontinente, reduciendo drásticamente la miseria y la pobreza, entre otros indicadores positivos. Pero también sirvieron, particularmente tras 2006, para dotar al Estado de mecanismos más potentes de intervención en la economía.

Fondos públicos fueron creados para financiar la industrialización y la infraestructura, además de inversiones sociales. Actualmente, el más importante de ellos es el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), creado en 2005 con un capital inicial de $us 6 mil millones, pero que habrá alcanzado, en 2012, casi $us 100 mil millones. Abastecido por la receta tributaria del petróleo y por reservas del Banco Central, este fondo, que hoy tiene en su cartera más de 400 proyectos de gran porte, permitió al Estado nacionalizar empresas de sectores estratégicos, realizar obras logísticas e incentivar programas sociales.

Aunque las nacionalizaciones hayan sido originalmente planificadas para alcanzar sólo algunos segmentos estructurales de la economía (energía, telecomunicaciones y sistema financiero), terminaron por extenderse, a veces de forma caótica, a otros rubros y actividades. Muchas de las adquisiciones de empresas por el Estado fueron tomadas para resolver embotellamientos en la producción, problemas de oferta, resistencias de los capitalistas a políticas del gobierno o demandas de los trabajadores.

La fuga de capitales fue una de las estrategias más utilizadas por los empresarios que no quisieron someterse a las normas gubernamentales o que simplemente dejaron de tener interés en invertir en el país. Según datos del Banco Central, justo tras la reelección de Chávez a fines de 2006, en pocas semanas fueron remitidos al exterior más de $us 10 mil millones. El gobierno resolvió, entonces, centralizar el cambio y obligar a que cualquier proceso de remesa o de importación pasara por un estricto sistema de autorización. La nacionalización, en ese contexto, varias veces sirvió para penalizar determinadas empresas e impedir su vaciamiento.

El tema primordial es que el crecimiento acelerado del mercado interno – impulsado por la elevación de los salarios, por el aumento del empleo y por la expansión de los servicios gratuitos – puso en jaque la producción del país. La inflación anual está en un 25%, pero la recomposición de los salarios sigue superando ese índice. La explosión de la demanda, en distintos momentos, resultó en la escasez de productos.

La búsqueda de soluciones para esas disyuntivas está en la agenda. “No somos una economía neoliberal”, dice Merentez.”Nuestra lógica no es recortar la demanda para proteger la remuneración del capital a cualquier costo, sino ampliar la oferta a través de inversiones crecientes en las distintas formas de propiedad.”

Cuatro tipos de economía

Aunque el peso del sector estatal haya adquirido más relevancia en los últimos tiempos, no hay una voz importante en el gobierno que defienda un modelo inspirado en las experiencias soviética o cubana, marcadas por la estatización de prácticamente todos los medios de producción y distribución.

Leyes recientes fijaron la combinación de cuatro tipos de economía. El primero, el de control estatal, potencialmente orientado a los pilares ya mencionados del desarrollo nacional. Otro, de carácter privado y relativo a la competencia, que se concentra en los nichos que no afectan al funcionamiento estratégico del país. El tercer tipo, de capital mixto, representa la asociación del Estado a empresas privadas nacionales o compañías extranjeras. Finalmente el cuarto, que alberga la economía cooperativa y comunal, de propiedad de los consejos comunales y centrada en la autogestión.

Esta cuarta forma de propiedad, que se basa, un poco, en los métodos conducidos por la Yugoslavia de Tito entre los años 1950 y 1980, es actualmente el orgullo de distintos dirigentes del país. Básicamente, se trata de una estrategia de iniciativa empresarial colectiva, a través de la cual los propios ciudadanos, y sus organizaciones, crearían empresas capaces de ofrecer servicios, producir bienes de menor complejidad tecnológica y incluso abastecer parcialmente la demanda alimenticia.

“El desarrollo de la economía comunal es fundamental para que derrotemos la inflación y evitemos situaciones de escasez”, defiende el heterodoxo presidente del Banco Central. “Buena parte de los productos y servicios fundamentales para la población se pueden poner en práctica a nivel local, atendiendo a la demanda y generando renta en donde viven los ciudadanos, bajo su control y propiedad.”

El sueño de una economía sin Estado ni patrón no es propiamente una novedad. Pero en Venezuela es fomentado por una formidable receta petrolera, hoy enteramente bajo tutela del gobierno, que incluso se puede dar el lujo de dar alas a la imaginación.

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