La veta Rosario de Colquiri, Colquiri mismo y al final toda la minería nacionalizada, podría dilucidar el carácter y el rumbo de los cambios que se operan en lo estructural en Bolivia. Las negociaciones con los sectores sindical y cooperativo, ¿estarán negociando el cambio o en las negociaciones se estará tratando de viabilizar el cambio real en la estructura de nuestra sociedad?
Los problemas de fondo en el conflicto de Colquiri
- El gobierno decidirá fortalecer el sector estatal reincorporando TODO el yacimiento de Colquiri bajo tuición de la COMIBOL como exigen los trabajadores asalariados?
- Optará por viabilizar el cambio que establece la Constitución Política del Estado mediante el modelo económico PLURAL con tres sectores como sujetos reconocidos en la minería: Estado, privados y cooperativas compartiendo yacimientos?
- Estos tres sujetos de la minería -con las empresas sociales comunitarias excluidas- lograrán el equilibrio más o menos iguales o las empresas transnacionales continuarán en ventaja y el Estado continuará siendo el último sector productivo del país?
El Estado mediador
En este conflicto de Colquiri, como el Estado no tiene el monopolio de la explotación minera (el modelo no es estatista) como lo exige el sindicalismo; y tampoco prioriza al sector cooperativista, el Gobierno tiene que jugar un rol, en este caso, de mediador aún siendo parte del problema.
La Constitución Política del Estado, exige articulación a los actores económicos una articulación bajo los principios de “complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” (Art. 306.III.). Por estas disposiciones, articular y aplicar los principios, el Gobierno se convierte en mediador, función que la está cumpliendo con mucha dificultad en el conflicto.
Las formas de articular el modelo PLURAL serían por las formas ya conocidas o por la vía de la imaginación y creatividad. Las ya conocidas, son: las empresas mixtas con la participación accionaria entre el Estado y las privadas (51-49 % aceptable); los contratos de riesgo compartido (CRC) o de beneficio mutuo como deberían ser, con solamente el contrato como fuente de derechos y obligaciones sin constituir responsabilidad empresarial (modalidad neoliberal o joint venture); también podría ser mediante la coexistencia de los tres sectores en forma separada con solamente asistencia financiera, fiscal, administrativa, por parte del Estado.
Las vías imaginativas y creativas, podrían darse en las negociaciones; recoger las experiencias y mejorarlas o aplicar creativamente aquello de las declaratorias de interés estratégico para el Estado y asignar las demás áreas a los otros sectores productivos. Esto significaría una distribución de las áreas mineralizadas por sectores de manera racional, equitativa, porque igualitaria como sería la meta, por el momento no sería posible. Para mostrar una sola dificultad entre muchas otras, el trato igualitario entre actores de la minería, implicaría reducir las cuadrículas al sector privado y aumentar a las cooperativas.
La aplicación de los principios, sin articulación no serían viables y quedaríamos como estamos: con un sector privado dominante con las transnacionales como líderes; un sector cooperativo en consolidación como segundo sector productivo y un Estado en último lugar oficiando de mediador sin poder hacer realidad el principio de igualdad entre operadores mineros. Si el Estado no articula la economía PLURAL minera, no tendrá opción de aplicar los principios ya mencionados.
Los problemas ideológicos y la acción política
- La indefinición ideológica complica más el conflicto
Ideológicamente persiste una fuerte influencia neoliberal en la minería. El socialismo comunitario que profesan algunos niveles importantes del Gobierno, por falta de claridad, difusión y socialización, aún no les dice nada a los trabajadores mineros tanto asalariados como cooperativistas y menos a los empresarios nacionales y transnacionales. La confrontación ideológica silenciosa pero presente entre la oligarquía (burguesía) minera y el proletariado minero, se da en los marcos de la ortodoxia de la contradicción capital – trabajo y por ende entre el socialismo histórico (teórico y real) y el capitalismo liberal o neoliberal.
El cooperativismo está ausente en éste debate, como no son obreros ni patrones por definición, el mayor interés del cooperativismo minero son mayores y mejores áreas de trabajo, acceso al financiamiento, algunas ventajas tributarias, acceso a la tecnología manteniendo inalterable la tipificación de organizaciones de carácter social sin fines de lucro conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1959. Si el socialismo comunitario no es de preocupación de los sectores sociales mineros, el concepto CAMBIO sería lo único que reemplazaría la indefinición ideológica pero insuficiente para llenar el vacío ideológico revolucionario sin lo cual no hay revolución posible. En este caso la negociación sería para viabilizar el cambio y no negociar el cambio para que nada cambie.
- Las acciones políticas del sector minero
El sector privado transnacional se guía y se comporta según las normas imperiales de dominación; el privado nacional es conservador y sus niveles más politizados son neoliberales; el sector estatal aún no ha llenado de contenido ideológico al concepto cambio y políticamente hay una dispersión y conveniencia en la comprensión del significado del cambio. Muchas personas para ingresar a las esferas de Gobierno dicen estar con el cambio; pero cuando ingresan, boicotean todo lo que es susceptible de cambiar. Los trabajadores asalariados, por el lugar que ocupan en la producción y por su situación y consciencia de clase, son de tendencia socialista (no del socialismo comunitario) y los cooperativistas mineros, por sus objetivos reivindicativos, por su historia, por la poca evolución, son de tendencia privatista, el fruto de su trabajo es de apropiación privada; la CPE en su Art. 310 dice que las cooperativas mineras son reconocidas y protegidas por el Estado “como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro”. Tres conceptos: solidaridad, cooperación y sin fines de lucro, no corresponden a la realidad del cooperativismo minero, pues uno de los motivos más fuertes de su movilización y ataque a la sede de la FSTMB, es la lucha por el lucro.
Esta realidad es la que está impidiendo la aprobación de una nueva Ley Minera que reemplace al Código de Minería neoliberal de los tiempos de Goni. La confrontación en Colquiri y por Colquiri, entre sindicalistas y cooperativistas, que más correcto sería decir entre el Estado y los sindicatos contra los cooperativistas o viceversa, incorpora un obstáculo más para la nueva Ley Minera; otra contradicción más en la viabilidad del proceso de cambio y una mayor urgencia para las definiciones ideológicas que marquen el rumbo del proceso actual.
Lo que nos deja Colquiri y lo que no deberíamos dejar de Colquiri
- Lo que nos deja Colquiri
- Además del c. trabajador minero asalariado muerto en la sede de la FSTMB, Colquiri nos deja mucho más. Veamos:
- Nos deja una prueba de que el modelo económico PLURAL es muy difícil de articular en condiciones igualitarias y más aún de aplicar los principios que deberían regirlo.
- Un sector cooperativo con teoría y concepción social, pero con solidaridad y cooperación imperceptibles en su práctica. Si el cooperativismo minero persiste en la definición sin fines de lucro (que corresponde más a las cooperativas de servicio), deberían aceptar que la ganancia o utilidad (plusvalía), debiera llamarse “Cooperativas generadoras de producto social” en los marcos establecidos por el Art. 313 de la CPE.
- El proletariado minero, de hecho tiene una alianza implícita con el Estado porque son trabajadores estatales y la defensa de Colquiri implica la defensa de toda el área estatal, situación contraria al modelo PLURAL de participación o coexistencia con el sector privado y por tanto con el sector cooperativo. Motivo de reflexión profunda para el proletariado boliviano.
- Lo que no deberíamos dejar de Colquiri
- Como todos los bolivianos somos propietarios titulares de los recursos naturales, es nuestra obligación involucrarnos, participar y controlar a nuestro administrador que es el Estado.
- No ver éste conflicto de Colquiri ni ningún otro, como problema entre asalariados y cooperativistas. Estos recursos son estratégicos para nuestro desarrollo, de utilidad pública e interés estatal; por lo tanto, la disposición del Art. 350 sobre la nulidad de pleno derecho de títulos otorgados en reserva fiscal, debería ampliarse sobre todos los recursos naturales.
- Como toda Constitución Política del Estado no se justifica a sí misma, sinó concuerda con los intereses superiores de la sociedad a la que pretende representar y de donde ha emergido, su adecuación para viabilizar el proceso de cambio ya amerita una Reforma constitucional, temprana por cierto, pero hay que desemtrabar el camino del progreso, la lucha contra la pobreza, el goce pleno de los derechos de todo lo que significa VIVIR BIEN.
Deja un comentario