En las últimas semanas resurgió la importancia del sector minero en la conciencia social de los bolivianos, tanto por su peso económico como porque la lucha blandida entre las clases que concurren en ella expresa de manera concentrada la lucha de clases existente en el país. De ahí la necesidad de debatir las orientaciones de una política minera que tienda a transformar las relaciones de producción en la minería, no sólo porque las riquezas minerales beneficien a la gran mayoría del pueblo en vez de a un puñado de empresarios sino también porque puede ser el inicio del cambio de las relaciones sociales de producción capitalistas hacia otras donde no exista la explotación del hombre por el hombre.
Desde 2005 el Movimiento Al Socialismo ha manifestado en su discurso una posición supuestamente antimperialista, vale decir anticapitalista en esencia. Se anunció enemigo del imperialismo, del capitalismo que en su forma monopólica hegemoniza la economía mundial a través de las empresas transnacionales, las mismas que saquean nuestras riquezas; de los organismos financieros internacionales que nos delinean las políticas macroeconómicas de hambre; y de los ejércitos que invaden y asesinan a los pueblos del mundo.
Este discurso, entre otras cosas, le ganó la simpatía de una parte del pueblo, siendo por demás evidente que el capitalismo como forma de organizar la producción social está caduco, y en su angurrienta búsqueda de ganancia el capital es altamente destructor de la naturaleza o madre tierra y, principalmente, del hombre cuyo trabajo social no remunerado es fundamento de la ganancia.
Sin embargo a la hora de tomar decisiones el discurso se vio subordinado al capital, y en la Constitución se reconoció a la forma empresarial como parte del modelo de economía plural, lo mismo que a la estatal, la cooperativa y la comunitaria. Se garantiza de esta manera que las “socias” transnacionales continúen explotando nuestros recursos naturales, pero también la continuidad de empresarios capitalistas nativos de toda laya, entre ellos los encubiertos bajo formas jurídicas distintas a la capitalista como, por ejemplo, los “cooperativistas” mineros 1.
Amparado en el sofisma de economía plural (en la que el capital conviviría armónica, solidaria, complementariamente, etc. con las otras formas de producción -supuestamente al margen de la ley general de la acumulación capitalista, explicada por Marx, que marca la tendencia monopólica del capital- el gobierno implementó políticas de apoyo a las economías comunitaria y cooperativa, beneficiando a los “cooperativistas” con equipos, ingenios, exención en el pago de impuestos, y ahora más yacimientos del Estado.
Lo que escandaliza e indigna a la población no es sólo que con recursos del Estado, es decir de todos, se otorgue tantas ventajas a empresarios capitalistas (aunque estén ocultos bajo el velo “cooperativista”) para que incrementen sus niveles de acumulación de capital, sino que se lo haga conociendo de la inhumana explotación a la que someten a sus trabajadores asalariados 2, entre los cuales se incluyen niños, que en su mayoría son de origen campesino e indígena. Y, por si fuera poco, ahora se decidió privatizar parte de la reserva fiscal minera para entregárselas a cambio de solucionar un conflicto en el que los trabajadores de Comibol encarnan la reivindicación del pueblo boliviano, la estatización de las minas y los recursos naturales. Revelando que el gobierno tiene como aliados a los “cooperativistas” sólo en la medida que les garantiza mejores condiciones para acumular capital.
También alarma que desde el gobierno se intente formar y/o consolidar capitalistas (burgueses) cuando el sistema capitalista está en decadencia y atraviesa una crisis profunda a nivel mundial. Más aun sabiendo que en Bolivia nunca se ha podido formar una burguesía nacional industrial, y que nuestra historia evidencia la imposibilidad del desarrollo capitalista del país en la época del imperialismo.
Estos hechos revelan la necesidad de debatir profunda y seriamente el carácter de clase de la política minera. Sin duda en el debate surgirán muchas preguntas: ¿La nueva ley minera defenderá los intereses del Estado ó de los capitalistas y “cooperativistas” como hasta ahora? ¿Cuál de los actores debe ser el principal en la minería boliviana? ¿Cómo se debe fortalecer en los hechos a Comibol? ¿El Estado debe ó no controlar físicamente toda la cadena minera, desde la exploración hasta la industrialización? ¿Se debe seguir confundiendo estatización con incremento de regalías? ¿Quién y cómo debe hacer cumplir las leyes de cooperativas, laborales, sociales, ambientales y otras en el sector minero? ¿La minería debe priorizar a los trabajadores y al pueblo ó a los capitalistas? ¿Cómo se puede estatizar la minería? ¿Podría haber formas alternativas a la capitalista para organizar la minería?
Respecto de la última interrogante se podría incentivar la constitución de verdaderas cooperativas. Donde todos los cooperativistas sean iguales en hechos, derechos y obligaciones; donde quien no trabaje directamente pierda inmediata y definitivamente su calidad de tal; donde todos sean copropietarios igualitarios del yacimiento, los instrumentos de trabajo y el dinero; donde según las variaciones en la escala de producción los trabajadores que se incorporen o retiren lo hagan en las mismas condiciones que cualquiera. Cooperativas que cumplan todas las leyes vigentes que hacen al sector, realizando una producción respetuosa del medioambiente y cuidadosa de los trabajadores tanto en su vida laboral activa como pasiva. Etc.
Para ello sería imprescindible reflexionar sobre la actividad minera como generadora directa de fuentes de trabajo. Conseguir el apoyo del Estado en temas técnicos, financieros, de seguridad, de control de la mina, para poder dar un salto de modos de producción artesanales a otros maquinizados, con especializaciones en el proceso de trabajo, etc. El monopsonio estatal en la comercialización interna y externa de minerales. La participación de los trabajadores directos en la planificación del proceso de producción y distribución.
Debe prohibirse en las cooperativas todo tipo de trabajo asalariado. Debe cuantificarse de manera diferenciada a socios “cooperativistas” y asalariados (aprovechando el Censo y población y vivienda, cruzando información proveniente de los Ministerios de Minería, Trabajo, Inalco, INE, Caja Nacional de Salud, AFPs, etc).
En caso de detectarse trabajo asalariado en cualquier cooperativa debería darse a escoger a los trabajadores entre volverse cooperativa verdadera ó asimilarse como asalariados de Comibol explotando la mina estatizada. Los excedentes de estas cooperativas en parte deberían ser destinados para el funcionamiento de la misma y en parte para un fondo común que financie otras iniciativas de ese tipo, no capitalistas, donde no exista explotación del hombre por el hombre.
1 Recordemos que, producto de una compleja evolución histórica, existe una marcada diferenciación social en las cooperativas mineras, que deviene en al menos dos tipos de cooperativistas en Bolivia. Los primeros se acercarían a lo definido en la Ley de Cooperativas y aceptado por el pueblo, personas que en igualdad de condiciones son copropietarios de los yacimientos e instrumentos de trabajo, que trabajan y participan del resultado de la producción en la misma proporción que todos los miembros de la cooperativa, personas iguales en los hechos, en derechos y en obligaciones, cooperativistas verdaderos. Los segundos serían una clase de propietarios privados, socios “cooperativistas” que se valen de su personería jurídica para acceder al yacimiento, una vez obtenido cada uno se vuelve propietario privado individual de una parte del yacimiento (paraje), de sus instrumentos de trabajo y de su dinero, los cuales convierte en capital al comprar la fuerza de trabajo de peones por un jornal o salario diario, en moneda o a destajo, en otras palabras se convierte en una suerte de capitalista bajo la apariencia de “cooperativista”, hecho común tanto en la minería del oro como en la de estaño, zinc, plomo y plata. Ver: Cooperativas y política minera. En: suplemento Observatorio Económico. Semanario La Época N° 543. La Paz, del 16 al 23 de septiembre de 2012.
2 Los grados de explotación de los trabajadores asalariados (bajo cualquier nombre: peones, jornaleros, aprendices, nuevos, etc.) son extremos e inhumanos, no cuentan con las mínimas condiciones de trabajo, no gozan con los elementos básicos de salud ni seguridad industrial, no tienen beneficios sociales, no están sujetos a la ley del trabajo, no tienen derecho de sindicalización, no cuentan con seguro ni de corto ni de largo plazo, no reciben aguinaldo, en otras palabras no se cumple ninguno de sus derechos a pesar de que la Constitución en varios de sus artículos ordena la defensa de la vida humana y el trabajo en condiciones dignas. Ver: Cooperativas y política minera. En: suplemento Observatorio Económico. Semanario La Época N° 543. La Paz, del 16 al 23 de septiembre de 2012.
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