julio 24, 2021

Controlar a los jueces

El día que el magistrado Gualberto Cusi afirmó ante las cámaras de televisión que solucionaba sus casos más difíciles con ayuda de la hoja de coca, las repercusiones no se hicieron esperar. A las pocas horas el canal de televisión Cadena A repetía esas declaraciones acompañándolas con la condena de varios opinadores y autoridades de oposición. La ciudadanía, al menos por lo que mostraba la pantalla, estaba horrorizada de que una alta autoridad judicial deje el destino de las personas a los designios de una planta.

Algunos meses después, el conflicto TIPNIS encontró a Cusi en otra incómoda posición. Esta vez había asegurado que el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Héctor Arce, y la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, presionaron al Tribunal Constitucional Plurinacional para la aprobación de la ley de consulta en el parque nacional.

Actualmente se encuentra presionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para rendir informe sobre sus acusaciones.

Resulta claro que el magistrado Cusi enfrenta hoy el cuestionamiento más importante a su investidura a raíz de un caso con claros matices políticos, en el sentido de la repercusión que el caso TIPNIS tiene para la legitimidad de este Gobierno.

Pero, ¿debemos esperar a que las autoridades del poder judicial sean interpeladas por sus acciones solamente cuando ocurren conflictos entre los Órganos del Estado? Lo que hace el Legislativo ahora es obligar a este magistrado a rendir cuentas de sus acciones. Pero, ¿no acaso él no debería hacerlo también públicamente?

Elegir a las autoridades que componen el Órgano Judicial fue anunciado como un importante avance para la democratización del Estado y, sobre todo, de la justicia. No obstante, aunque al votar por quienes ocupan aquellos puestos de autoridad esperamos que representen los intereses de la justicia, una vez que las urnas cierran, no tenemos garantías de ello.

Es un problema de representación que ha ocupado la mente de no pocos políticos y académicos. ¿Cómo evitar que los representantes políticos de la sociedad civil dejen de representar los intereses comunes para representar solamente los suyos? Para ello, ni siquiera los medios de comunicación son una garantía de que los magistrados serán presionados para cumplir correctamente sus funciones.

Establecer mecanismos de Control Social para el Órgano Judicial podría ser la reforma perfecta para acompañar a la realizada el año pasado cuando se permitió que fuera la ciudadanía quien escogiera a las personas más idóneas para administrar la justicia en el país.

Aunque tampoco ello es una garantía para evitar que intereses políticos influyan a la hora de controlar a una autoridad judicial (pues la sociedad civil también es muy “política”, tanto en el sentido noble como en el mezquino del término), está claro que la reforma de la justicia en Bolivia es un proceso que necesitará de múltiples arreglos que la acerquen más al pueblo.

Después de todo, la retardación de justicia es un problema que aún aqueja a nuestra sociedad. También lo es la implícita complicidad que muchos jueces tienen con los acusados. Viene a la mente el caso de la jueza Miriam Flores, que el último agosto fue detenida por sospechas de haber colaborado en la fuga del ex gobernador tarijeño Mario Cossío. Seguramente casos como ese o los de Chito Valle podrían evitarse si la ciudadanía estuviera más involucrada en uno de los mejores inventos de la democracia: la rendición pública de cuentas.

Be the first to comment

Deja un comentario