Una pregunta que me ha quedado en el aire desde hace algunos días está referida a si la necesidad de actualizar la ley de imprenta debe considerársela como una demanda social o, más bien, hay que analizarla como parte de la coyuntura política.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, invitado en un programa de televisión, hace un par de domingos, acorralado por la evidencias presentadas por los panelistas, admitió la necesidad de actualizar la Ley de Imprenta, pero sin disimulo dijo que con la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Plurinacional, no era conveniente tocar ese tema.
A reconocimiento de parte relevo de prueba. Los periodistas están conscientes de que la Ley de Imprenta, para decir lo menos, está desactualizada; esta ley no responde a la actual situación de los medios, ni menos a la preocupación de diferentes sectores sociales, pero aun así, no hay que tocarla, porque obviamente los intereses que se encuentra detrás de ella, se verían en riesgo.
La situación está clara. No se trata de una defensa de los derechos ciudadanos a la información o a la libertad de expresión. Se defiende única y exclusivamente los intereses de quienes manejan los medios, de los empresarios y de quienes, incluso llenos de observaciones, se reclaman representantes del periodismo independiente.
Seguramente si la correlación de fuerzas fuese favorable a los sectores oligárquicos, a los más conservadores y a quienes pregonan la libertad de empresa en los medios, la libertad de hacer negocios y de lucrar con un bien público como es la información, si sería admisible plantear la actualización de la Ley de Imprenta, obviamente en sus propios términos y, desde luego, precautelando sus intereses.
Se olvida sin embargo, el presidente de la APLP —aunque seguramente de manera intencional— que la actual composición de la Asamblea Legislativa no es producto de la voluntad del Presidente, de algunos ministros, ni de dirigentes sociales, sino que es la expresión de la voluntad del pueblo boliviano, manifestado a través de su voto en una justa electoral democrática, con amplia participación ciudadana y calificada de transparente por observadores nacionales y extranjeros y no existe ninguna posibilidad de restarle legalidad y legitimidad, (como le está sucediendo precisamente a él al interior de su asociación).
Los diputados y senadores en funciones, del oficialismo o de la oposición, representan al electorado y, por tanto, lo que hagan en cumplimiento de ese mandato deberán explicarlo y en su caso asumir la responsabilidad política ante quienes los eligieron. Esa es la democracia que pregona el dirigente periodístico, pero que al parecer le incomoda cuando se trata de proteger ciertos intereses.
Entonces no hay que tener miedo a la democracia, hay que respetar como funciona y seguir sus procedimientos, hay que ser demócrata en las buenas y en las malas. Me alegra saber que se reconozca que es necesario actualizar la ley de Imprenta que data de 1925 como ley, aunque fue elaborada muchos años antes. Hay muchos puntos que son inaplicables por diferentes razones, pero sobre todo por haber quedado obsoletos por el desarrollo de la tecnología y la dinámica de las sociedades.
Bajo la lógica perversa del dirigente periodístico no debiera legislarse nunca, debiéramos vivir sin leyes o sobrevivir con las que dieron origen a la república o las que nos legaron los colonizadores o, tal vez, con aquellas que convienen a ciertos intereses, pues siempre habrá mayorías y minorías, así funciona la democracia, verdad?.
El Derecho no surge por la voluntad de Dios ni por la existencia de fuerzas sobrenaturales, como sugerían las corrientes tradicionales, sino que son el resultado de la lucha de clases y ésta, en periodos democráticos trasladan a otros escenarios ese enfrentamiento, como a la Asamblea Legislativa, sino dónde?, y es allí donde se debe debatir la ley, esta o cualquier otra, entendiendo a ésta como una norma de convivencia entre los ciudadanos, que debe proteger los derechos sobre los intereses.
La ocurrencia del dirigente de descartar el debate de actualización de la ley de Imprenta por la composición del legislativo, si no fuera irracional y lejos de toda lógica, seguramente daría paso a que tampoco se actualicen otras normas como la ley de bancos, de inversiones o muchas otras que por la dinámica social empiezan a tornarse obsoletas y requieren su actualización o su adecuación a la realidad social que vive el país.
Lo bueno de todo esto es que se ha logrado evidenciar que la defensa de la Ley de Imprenta no es por principios sino por intereses y no se requiere ser demasiado perspicaz para advertir qué tipo de intereses son los que están en juego.
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