La ciudad española de Cádiz ha sido escenario, el viernes y sábado pasado (16 y 17 de noviembre), de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en un contexto radicalmente al pasado.
En primer lugar, se produce en medio de una situación económica diametralmente distinta entre los países de América Latina y los dos países europeos que forman parte de la denominada Iberoamérica. Las ex colonias registran niveles de estabilidad y crecimiento económico, mejores mecanismos de redistribución de la riqueza y notables avances para alcanzar la justicia social, particularmente en los países gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas.
Los dos países europeos que forman parte de la Cumbre Iberoamericana (España y Portugal) están recurriendo a las recetas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hicieron y desarrollaron en América Latina desde los 70, con el único fin de proteger los intereses de sus burguesías bastante conectadas a las transnacionales hegemónicas: recortar los gastos sociales, elevar la edad de jubilación, disminuir los salarios, flexibilizar la contratación de fuerza de trabajo e incrementar los impuestos.
En segundo lugar, los estados de América Latina y el Caribe se encuentran por el camino de construir un sentimiento latinoamericanista y conquistar, desde esa recuperación de la soberanía, mayor autonomía frente a los Estados Unidos. Un ejemplo de esa tendencia es la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En cambio, España y Portugal cruzan los dedos para que los poderosos de la Unión Europea no los pongan contra la pared más de lo que ya están e incluso se esfuerzan por dar señales políticas claras a Alemania y Francia para que sientan seguros de que cuentan con ellos como sus más leales aliados.
En tercer lugar, América Latina está viviendo a nivel de los pueblos un proceso de emergencia y protagonismo social sin antecedentes en nuestra historia. La interpelación al modo capitalista de organizar la vida social es creciente y todos apuestan a construir distintos paradigmas emancipadores desde sus propias especificidades. Unos lo hacen todavía desde el llano, otros en plena coordinación con los gobiernos cuya fuente de su mandato surge de los pueblos.
En síntesis, la ciudad de Cádiz, dónde la corona española aprobó en 1812 su primera constitución como respuesta a las intenciones francesas de ocupar su territorio, sin que eso implicase la voluntad de renunciar a su condición de metrópoli de las colonias al otro lado del mar, ha encontrado a los pueblos de América Latina en otro momento de su lucha por la plena emancipación.
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