Nunca antes el Censo de Población y Vivienda alcanzó tanta importancia para los habitantes de Bolivia, como el que se verificó el 21 de noviembre de 20012. En el pasado, no dejaba de ser un momento que rompía la rutina y propiciaba la reunión familiar.
Atrás, casi olvidado, ha quedado el sorprendente Censo de Población de 1900, reputado como el primero de carácter científico en Bolivia, alarde del positivismo liberal, parido del núcleo modernista de fines del siglo XIX: la Dirección de Estadística e Inmigración, creada por Manuel Vicente Ballivián. En ese censo y en el de 1950, se registraron a los pobladores de la selva como “salvajes” y “selvícolas”. Eran, apenas, cifras estadísticas vagas, sin contexto ni explicación.
Hoy, el Censo de Población y Vivienda se convierte en un verdadero desafío por su carácter de instrumento para la planificación y el desarrollo del Estado boliviano. Los resultados del Censo de 2012 permitirán formular políticas sociales para responder a las necesidades vitales de la sociedad boliviana. Podremos conocer cuántos somos, cuántas viviendas existen, cómo estamos interconectados a las nuevas tecnologías, sabremos cuánto prevalece de nuestra identidad cultural de origen. Con esos datos la clase política tiene la obligación de planificar mejor la redistribución del excedente, diseñar la política de vivienda social, garantizar la construcción de escuelas y hospitales, y vertebrar al país por medio de venas viales articuladoras.
Nunca antes el Censo de Población y Vivienda alcanzó tanta importancia para los habitantes de Bolivia, como el que se verificó el 21 de noviembre de 20012. En el pasado, no dejaba de ser un momento que rompía la rutina y propiciaba la reunión familiar. El Censo, a pesar de su importancia, pasaba casi desapercibido, excepto para los actores políticos, como aconteció en el Censo de 2001, que fue resistido por organizaciones laborales y militantes de partidos radicales de izquierda, sin ninguna repercusión en su desarrollo. El censo de 2012 fue criticado por la oposición (incluida en ella la Iglesia), la que sin embargo no hizo campaña para evitarlo.
La resistencia vino desde las bases poblacionales mismas: las OTB y Juntas de vecinos de los municipios, que conscientes de la importancia del Censo, afloraron sus reivindicaciones de límites intermunicipales (y por ende, provinciales y departamentales), siendo 84 los que plantearon oportunamente recursos para resolver sus conflictos limítrofes, a los cuales —en tanto no sean resueltos— el INE les asignó “Código Cero”, es decir que esos centros poblados no serán adjudicado a uno u otro municipio, en tanto no se resuelva la cuestión. Sin embargo, los centros poblados que no han interpuesto demandas en ese sentido, agudizaron la protesta con medidas extremas como el bloqueo de caminos, exigiendo la asignación del “Código Cero”, de forma extemporánea lo que ató de manos al INE, que sin embargo busco el consenso entre los municipios contingentes.
Siempre hay una luz al final del túnel, esa es la gran virtud de la clase política en el buen sentido de la palabra, es decir que los agentes políticos tienen el deber de evitar el conflicto y alcanzar la solución por el diálogo y la conciliación.
Otro efecto inmediato del Censo será la reasignación de escaños en la Asamblea Plurinacional, determinante a la hora del debate parlamentario que sanciona las políticas de Estado en forma de leyes estatales.
Los conflictos generados alrededor del Censo, son una muestra patente de su importancia, pues sus resultados determinarán la cantidad de recursos que se le asignará a cada una de las unidades políticas administrativas. Allí cobra sentido la protesta por definir su jurisdicción, pues de la cuantificación estadística dependerá en última instancia, la calidad de la asistencia estatal, traducida en recursos y en su concreción: obras para el desarrollo.
En otro plano, las regiones medirán su calidad de control del poder político (rediseñado a la luz de los acontecimientos sociales desde 2003), que de manera inédita y dramática, devolvieron la potestad de decidir sobre la calidad de su presente y futuro a la bases mismas de la sociedad, poder plasmado bajo el concepto político-administrativo del Control Social, con el que las organizaciones sociales (Cif. La indicada base social) son capaces de controlar la calidad del desarrollo del Estado, por medio de su presencia activa y militante en la fase de formulación de las políticas (POAs) y la fase de su ejecución (obras), que se verifican por medio de la rendición de cuentas, que por mandato constitucional están obligados a realizar las máximas autoridades de las entidades estatales. El Control Social se fortalece cada día que pasa.
Pero la base para esta nueva forma de poder que fiscaliza la planificación y construcción del Estado, parte de la asignación de recursos a las regiones, departamentos y municipios, y por ello se torna vital, esencial y determinante, contabilizar a los habitantes en su residencia (digamos) ‘real’. En ese sentido fue sabia decisión la del INE de decretar la realización del censo a media semana, para sujetar a la población económicamente activa en sus lugares de trabajo, por ende, de esa residencia ‘real’.
Sin embargo, es importante anotar que surgió, en los núcleos familiares del occidente, interesantes estrategias de dispersión controlada de la población. Así, una familia compuesta por cinco miembros (esposos e hijos), al verse sometida a presiones de su núcleo urbano (‘La Junta Vecinal ha instruido la expulsión de los que se ausenten durante el censo’) y de la presión de sus comunidades rurales (‘Es obligatorio censarse en la comunidad, so pena de sanciones por usos y costumbres’), optaron por una solución, salomónica y efectiva, que tiene una claridad sorprendente: el padre de familia permanece con uno de sus hijos en el centro urbano, así demuestra a su junta vecinal u OTB que está presente. En tanto, su esposa e hijos menores, viajaron a su comunidad y allí harán acto de presencia real.
Condarco y Murra, estudiaron, cada cual en su tiempo, la característica tradicional del doble domicilio, es decir la capacidad de los habitantes del occidente del país de apropiarse y dominar su espacio geográfico por medio del control vertical de pisos ecológicos. Tal parece que la naturaleza histórica-cultural de esa institución ancestral prevalece en el siglo XXI, siglo de nuevos paradigmas y desafíos.
* Historiador y archivista. Docente de la Carrera de Historia de la UMSA. Servidor público
Deja un comentario