Circula, desde fines de 2012, una obra editada por encargo de YPFB Corporación. Sus 356 páginas impresas en papel couché, encuadernadas en pasta dura, están matizadas con ilustraciones históricas en blanco y negro y a colores. Son detalles que expresan el interés de YPFB en informar de su historia y de su rol actual en el desarrollo del país.
Esta obra tiene el propósito de informar sobre los antecedentes históricos de YPFB, y a través de esta empresa, de la administración de los hidrocarburos en Bolivia. En lenguaje simple, pero basándose en fuentes sólidas, hacen saber cuál fue el carácter de las empresas transnacionales, a partir de la Stándard Oil Company, transnacional que entró en Bolivia “por la puerta trasera” y tuvo un desempeño vil durante la guerra del Chaco.
Se refiere a la historia del petróleo en Bolivia y las primeras concesiones, con lo que nos traslada hasta la era precolombina cuando el petróleo era conocido por los quechuas como ‘copey’ y en la época colonial, los españoles se referían al oro negro como ‘jugos de la tierra o bitúmenes’. Destaca, como referencia fundacional, la gesta de Manuel Cuellar quien en 1896 “descubrió accidentalmente manantiales de petróleo en Mandiyuti, en el Chaco boliviano”. Le siguieron otros pioneros como Luis Lavadenz (1907) quien junto a inversionistas chilenos fundó la Compañía Petrolífera Caupolicán (1913) y el capitalista inglés Percival Farquhar perforó el primer pozo exploratorio en Cuevo y Charagua, sin éxito (1911). El capítulo abarca hasta las primeras concesiones de 1920, pedidas por Richmond Levering Co., Jacobo Bacus y otros.
RL & Co. era un palo blanco, pues transfirió sus concesiones a la Standard Oil Company, empresa de John D. Rockefeller, con desconocimiento aparente del gobierno. La SOC fundó una filial en 1922 en territorio nacional, erigiéndose en dueña del petróleo boliviano con un total de 7 millones de hectáreas de concesiones. En 1929 producía 132.000 barriles de crudo al año, aunque esta empresa, fraudulenta a todas luces, no pagaba impuestos y contrabandeaba su producción hacia la Argentina por medio de un ducto clandestino. Recién en 1932 empezó a pagar patentes parcialmente. Los historiadores afirman que en esa época defraudó al Estado 85 millones de bolivianos.
Durante la Guerra del Chaco (1932-1935) tuvo una actuación canallesca, pues como señala la obra, saboteó la movilización del Ejército boliviano, subió el precio del galón de gasolina y se negó a producir combustible de aviación para los aparatos aéreos nacionales, al mismo tiempo desviaba petróleo a Argentina, para aprovisionar a motorizados del ejército paraguayo. El gobierno le acusó de traición a la patria, ordenando su intervención, contratando en consecuencia al Ing. Guillermo Elder Bell para la administración de las refinerías de Camiri y Sanandita.
Al término de la guerra (1936), el gobierno militar decretó la caducidad de las concesiones, transformándolas en ‘adjudicaciones’ (7 de junio de 1936), con serio daño a la economía nacional, lo que provocó un nuevo golpe de Estado que llevó al poder al joven Tcnl. Germán Busch, quien firmó el decreto de la primera nacionalización (21 de diciembre de 1936), promulgó el Decreto Ley que declaró la caducidad de las concesiones de la SOC (13 de marzo de 1937), y promulgó la Ley Orgánica de YPFB (mayo de 1937), declarándolo como “administrador de todos los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la extinguida SOC”. El primer directorio fue conformado por Jorge Muñoz Reyes, Humberto Vásquez, Dionisuio Foianini, José Lavadenz y Guillermo Mariaca. Sin embargo, YPFB se encontraba reatado al Código del Petróleo de 1920, lo que en los hechos impidió su potenciamiento durante los gobiernos militares ‘socialistas’.
Esta obra histórica muestra la campaña internacional de la transnacional para desprestigiar al país y su desempeño doloso, pues antes de retirarse de los campos nacionalizados, sustrajo los archivos de documentación e información técnica y operativa referida a los campos. Durante el gobierno del Gral. E. Peñaranda logró el pago de una indemnización de US$ 1.750.000 más 250.000 US$ de intereses, “bajo la figura de un convenio interinstitucional de compra de planos y estudios sobre la caduca concesión”, es decir, ¡vendió los mismos archivos que había sustraído dicha empresa! En 1941, YPFB explotó 234.788 barriles al año, triplicando la producción de la SOC.
Ante la salida forzada de la SOC de Bolivia, EE.UU. decidió intervenir directamente en el desarrollo económico nacional, enviando a la Misión Económica encabezada por Merwin Bohan, “un efecto directo del arreglo económico a la SOC”, afirma el libro. Bohan diseñó el perfil del desarrollo hidrocarburífero boliviano, para evitar otra nacionalización. Esa ingerencia en asuntos internos devolvió las perdidas prerrogativas a las empresas petroleras internacionales. Hábilmente, como resultado de las ‘recomendaciones del Informe Bohan, en ese nuevo ciclo entreguista el gobierno puso a YPFB bajo la tuición de la Corporación Boliviana de Fomento, entidad bajo control de la Export Import Bank de EE.UU., parte de la hábil estrategia intervencionista norteamericana. No obstante, hasta 1949 YPFB extrajo 4.219.043 barriles de una reserva probada de 40.340.000 barriles. Por otra parte, en 1956, desarrolló el poliducto Cochabamba-Oruro-La Paz, el oleoducto Camiri-Santa Cruz, y el oleoducto Sicasica-Arica (1958).
En 1956, EE.UU. encontró en el gobierno del Dr. Víctor Paz un valioso aliado, pues al promulgar el decreto de 26 de octubre de 1956, puso en vigencia el Código del Petróleo ‘Davenport’, que abrió las puertas a las empresas petroleras transnacionales, permitiendo “la explotación libre por parte de empresas internacionales, debilitando de manera significativa el poder del Estado”. En poco tiempo 15 empresas petroleras, entre ellas la Gulf Oil Co. (23.5.1956), se apoderaron de la riqueza petrolera nacional.
Le costaría mucho al Estado romper esa nueva dependencia, pero con la insurgencia de una nueva generación de militares progresistas liderada por el Gral. Alfredo Ovando (lo cual es una paradoja para la historia) y el apoyo del pueblo, se viabilizó la segunda nacionalización. El Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, a tiempo de denunciar la “presión imperialista” contra el gobierno revolucionario y acusar a la Gulf “de ejercer, a través del Banco Mundial, chantaje de orden político y económico para evitar la realización de una labor revolucionaria en materia de hidrocarburos”, anunció la nacionalización de los hidrocarburos, incluyendo “todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien” (Decreto de 17 de octubre de 1969) con la consecuente derogación del Código del Petróleo y la expulsión de la GOC (26 de octubre de 1969). Volvió nuevamente a fortalecerse a YPFB, ya con el carácter de empresa autárquica, con lo que se erige como segundo pilar de la economía nacional, junto a la minería.
En la coyuntura neoliberal, el 1 de noviembre de 1990, se promulgó la Ley 1194 de Hidrocarburos, que facilitó el ingreso de poderosas empresas transnacionales del petróleo que compiten con YPFB. En el ínterin, los precios habían trepado desde 14 a 25 dólares y el alza continuaba. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada dio un paso más, al promulgar la Ley 1544 de Capitalización, que dispuso la transferencia de los bienes de YPFB a las transnacionales y vino el golpe de gracia con la modificación de la Ley de Hidrocarburos que transfirió “legalmente la propiedad de los hidrocarburos a manos de las transnacionales y [eliminó] la participación de YPFB en cualquier emprendimiento del sector” y autorizó la rebaja de los impuestos (regalías y participación) del 50% al 18%. La perversa Ley 1689 de Hidrocarburos (30.4.1996), relegó a YPFB a la oprobiosa condición de administradora de contratos de riesgo compartido, que pretendían una vigencia de 40 años. El desmantelamiento de YPFB fue evidente: Las transnacionales Chaco y Andina se hicieron cargo de la exploración y desarrollo; el Transredes se hizo cargo del transporte y comercialización. Paulatinamente los mercados de Brasil y Argentina se consolidaron y se pretendió exportar gas por Chile, hecho que provocó la insurgencia social que rechazó la venta de gas exigiendo su industrialización, lo que provocó una cruenta represión para levantar los bloqueos de caminos (septiembre 2003) y una masacre sangrienta en la ciudad de El Alto (Guerra del Gas, octubre 2003), que eclosionó en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Losada y su huida a EE.UU., imponiendo la llamada “Agenda de Octubre”.
El régimen neoliberal perduró hasta la tercera nacionalización que se produjo el 1° de mayo de 2006, ya en el gobierno del presidente Evo Morales (Decreto 28701 “Héroes del Chaco”), con lo que se restituyó a YPFB sus competencias en toda la cadena de exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos.
Precisamente, el Capítulo 2 está dirigido a mostrar los resultados efectivos del proceso de la nacionalización y el Capítulo 3, muestra los planes de YPFB para completar el circuito productivo y el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, que se efectiviza luego de un tránsito dramático, que busca la construcción de las plantas de separación de líquidos de YPFB, en Río Grande (Provincia Cordillera de Santa Cruz) y de Gran Chaco (Yacuiba, Tarija), a los que se suman las Plantas de Amoniaco Urea (Bulo Bulo, Provincia Carrasco, Cochabamba), la Planta de Etileno Polietileno (Provincia Gran Chaco, Tarija).
1 Historiador, docente de la UMSA, Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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