octubre 30, 2020

Es constitucional y también es legal

por: Eduardo Maldonado

La posibilidad de la re-elección del Presidente en las elecciones de diciembre de 2014 ha despertado una serie de pasiones políticas que se disfrazan frecuentemente de manera torpe con ropajes de legalidad y constitucionalidad.

Ha habido quienes —desde las filas del oficialismo—, señalaron que la re-elección es viable porque hay el antecedente de la habilitación de Paz Zamora luego del acortamiento de mandato del Gobierno de Siles Zuazo; otros dijeron que al ser Bolivia un nuevo Estado sólo cuentan los mandatos iniciados con la nueva Constitución; e inclusive hubo quien desde una alta magistratura política ha señalado que se aplicó una estrategia envolvente para burlar a la oposición.

Por su parte, también han habido quienes —desde las filas de la oposición—, señalaron que hubo acuerdos congresales postconstituyentes para limitar la posibilidad de re-elección del actual Presidente; otros dijeron que fue el mismo Presidente Morales Ayma que renunció públicamente a la re-elección; y también hay quienes en el pasado quemaban el texto constitucional y hoy se presentan como fervorosos demócratas y defensores de la Constitución.

En fin, hay de todo, pero la gran mayoría esgrime argumentos basados en hechos políticos, y lo que en realidad hace falta es orientar en términos jurídicos. Tal vez debido a que no siempre es de fácil comprensión el lenguaje jurídico, muchos han eludido su análisis y han optado por aferrarse a premisas o posicionamientos políticos antes que razones o argumentos jurídicos.

Siendo mi deber como Asambleísta, pronunciarme en un tema que adquiere tanta significación para la vida política e institucional del país, a continuación comparto algunas consideraciones que hemos compartido en análisis conjunto con mi equipo jurídico y que va en la siguiente relación:

1.      El pueblo boliviano aprobó con su voto el actual texto de la CPE y la ley que puso vigente el nuevo texto constitucional, fue promulgada el 7 de febrero de 2009.

2.      La CPE promulgada el 7 de febrero de 2009 en su Disposición Transitoria Primera Parágrafo Primero señala:

         “El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la República; la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009.”

          Y continúa en su Parágrafo Segundo señalando:

         “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.”

         En cumplimiento de esta previsión constitucional, el entonces Congreso Nacional de la República, sancionó la Ley 4021 (Ley del Régimen Electoral Transitorio), ley con la que se eligió a las autoridades de los Órganos Legislativo y Ejecutivo actuales.

         Si consideramos que existe una estrecha relación que supone una condicionalidad legal del segundo parágrafo con respecto del primer parágrafo, entonces bien podemos afirmar que la Disposición Transitoria Primera se cumplió.

3.      La CPE promulgada el 7 de febrero de 2009 en su Disposición Transitoria Segunda señala:

         “La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.”

         Elegidas las autoridades de los Órganos Legislativo y Ejecutivo en las elecciones del primer domingo de diciembre del 2009, el plazo a computar para sancionar las cinco leyes estructurales del nuevo Estado Plurinacional comenzó a correr el 22 de enero de 2010 y las/los Asambleístas electas/electos procedieron a dar estricto cumplimiento de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, inclusive antes del plazo constitucional citado.

4.      Para una cabal comprensión de las disposiciones transitorias, corresponde señalar que las mismas —tal como su nombre indica—, son de carácter transitorio, es decir temporal, debido a que están condicionadas en su existencia a una norma legal, un hecho o un plazo y deben cumplir un propósito expreso que en el caso que nos ocupa fue el de la transición del estado de molde republicano a otro de molde plurinacional.

5.      Al promulgarse la Ley del Régimen Electoral (Ley Nº 026 del 30 de junio de 2010, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional), se abrogó (eliminó) expresamente la Ley de Régimen Electoral Transitorio (Ley 4021 del 14 de abril de 2009, sancionada por el Congreso Nacional), con lo se cumplieron los dos presupuestos condicionados y transitorios, quedando en consecuencia, vigente y subsistente como único artículo de aplicación constitucional el 168º, referido a la re-elección del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional.

6.      El Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado por la viabilidad de la re-elección y entre los fundamentos de la Declaración Constitucional del 25 de abril de 2013, ha señalado que la parte orgánica de la Constitución es susceptible de desarrollo normativo para su aplicación, por lo que siendo la voluntad del constituyente el poder originario del nuevo Estado Plurinacional, corresponde aplicar el tenor del art. 168 que viabiliza la re-elección para los primeros mandatarios del país.

Sin ingresar en mayores consideraciones sobre el pronunciamiento vinculante (obligatorio) del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero también sosteniendo los argumentos jurídicos expuestos, como Asambleísta del Estado Plurinacional de Bolivia, considero mi deber expresar mi posición sobre este tema afirmando que la re-elección es constitucional y también legal.

La única manera de consolidar el orden constitucional en el estado constitucional de derecho del Estado Plurinacional de Bolivia, es siendo respetuosos de los ámbitos de actuación de cada Órgano de Poder y en este caso concreto del Tribunal Constitucional Plurinacional, que al final, seremos únicamente las bolivianas y los bolivianos que con nuestro voto digamos si queremos o no seguir teniendo a Evo Morales Ayma como Primer Mandatario del país.

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