marzo 29, 2024

Déjà vu: Venezuela 2013 / Chile 1973

por: Rodrigo Hernández

“Todos tenemos alguna experiencia de la sensación, que nos viene ocasionalmente, de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho y hecho antes, en una época remota; de haber estado rodeados, hace tiempo, por las mismas caras, objetos y circunstancias; de que sabemos perfectamente lo que diremos a continuación, ¡como si de pronto lo recordásemos!” Charles Dickens.
Observando la situación actual de Venezuela, es inevitable sentir, como chilenos, la sensación que describe Charles Dickens y que se conoce habitualmente como Déjà vu. Algo “ya visto” o “ya vivido”.

Ciertamente, todos los procesos históricos tienen sus propias particularidades, lo que los hace únicos e irrepetibles en sus múltiples configuraciones. De hecho, es un axioma de la izquierda latinoamericana, aquel que señala que las experiencias políticas no son trasplantables. Sin embargo, no es menos cierto que también los procesos históricos presentan ciertas regularidades, ciertos rasgos de familia, que permiten compararlos entre sí, agruparlos o diferenciarlos y hacerlos, de alguna manera, inteligibles.

Es por esto que la situación actual de Venezuela presenta el aspecto de un déjà vu para nosotros. Más todavía cuando éste año se conmemoran los 40 años del golpe militar que le infligió la mayor derrota al movimiento popular chileno en toda la historia de nuestra patria, del que éste aún no se recupera.

Nos explicamos [1]:

El derrocamiento del gobierno de la UP en Chile, en 1973, se tiende a comprender como el resultado de la intervención abierta del imperialismo norteamericano, financiando directamente a la oposición de derecha y centro derecha, específicamente a la Democracia Cristiana (el Copei chileno); Financiando a los medios de comunicación opositores a Allende (periódicos y radios); Armando y entregando apoyo operativo a grupos terroristas (Frente Nacionalista Patria y Libertad; Comando Rolando Matus) y finalmente, infiltrando, cooptando y apoyando logísticamente a los altos mandos de las FFAA para consumar el golpe contra Allende, la Unidad Popular y el movimiento popular chileno [2].

¡Todo esto es cierto! Sin embargo, la intervención imperialista no sólo era previsible, para un proyecto que nacionalizaría los recursos mineros y grandes empresas, hasta entonces en manos de capitales norteamericanos, sino que era inevitable por razones geopolíticas. Por esto, el triunfo de la contrarrevolución en Chile no se explica suficientemente por la variable externa de la intervención extranjera.

Por el contrario, la eficacia de la influencia norteamericana en la precipitación de los acontecimientos en Chile, no se explica si no se consideran en el análisis, los vacíos y errores estructurales en la política llevada a cabo por la UP. Entonces, son las variables internas del proceso las variables realmente críticas, las que tienen un efecto multiplicador y amplificador de la intervención del imperialismo.

Uno de estos errores estructurales, fue la fijación estatal de la izquierda tradicional chilena. Desde los años 30 del siglo pasado y hasta el triunfo de Allende en 1970, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista habían participado en distintas coaliciones de gobierno. Salvo cortos periodos, habían mantenido una representación parlamentaria regular y habían participado regularmente de la administración estatal a través de municipios e instancias provinciales y regionales de gobierno. Si bien en distintos momentos habían impulsado la movilización de masas, su lógica de organización tendía al sindicalismo con un marcado carácter legalista.

Al asumir el gobierno de Allende, esta lógica no cambió, desaprovechando la oportunidad histórica de utilizar el aparato del Estado capitalista para ampliar la base social del proyecto adelantado por la UP, fortalecer la conciencia, la organización autónoma de los trabajadores e incorporar más sectores sociales a la lucha política contra los dueños del poder y la riqueza. En vez de eso, cada vez más, la UP se encapsuló en el Estado, pretendiendo llevar a cabo su programa de gobierno desde la administración estatal, en forma burocrática y autoritaria, de arriba hacia abajo, y peor, pretendiendo constreñir el desarrollo de la lucha de clases en el país en los estrechos límites de su legalidad.

Así, a pesar de la movilización masiva y espontánea del pueblo ante el paro patronal de octubre de 1972, que permitió mantener la producción y la distribución de bienes de consumo básicos, se les ordenó a los trabajadores devolver las fabricas ocupadas durante el black out, y se combatió como ultraizquierdistas las formas espontáneas de organización y lucha por ellos impulsadas…¡Para defender al gobierno!

Esto fue lo que ocurrió con los cordones industriales en las principales ciudades. Lo que ocurrió con la Asamblea Popular en la ciudad de Concepción, en el sur del país, y lo que sucedió con el movimiento campesino, ya que era el campo en donde las contradicciones sociales, políticas y económicas se expresaban más agudamente. Esto es lo que sucedió

en Junio de 1973, cuando ante una asonada golpista frustrada, más de un millón de trabajadores marchó exigiendo que su gobierno les armara para defender el proceso en curso y, en vez de eso, se les despidió a sus casas. Es lo que sucedió cuando el conjunto de las organizaciones sociales y políticas del puerto de San Antonio denunciaron las actividades golpistas de un Tte. Coronel llamado Manuel Contreras (que se convertiría en el jefe de la policía secreta de Pinochet) y no fueron escuchados. Dramáticamente, es lo que sucedió cuando, un mes antes del golpe, marineros y suboficiales de la Armada, leales al gobierno de la UP, denunciaron la infiltración de la CIA en la escuadra, y en vez de ser escuchados por su gobierno, este permitió que fueran encarcelados, torturados y procesados como sediciosos.

En vez de apoyarse en el pueblo para realizar, corregir y superar su programa, en vez de movilizar al pueblo en apoyo de una política que expresara sus intereses y aspiraciones, se ninguneó al pueblo, y se prefirió la negociación con la oposición en el parlamento y la incorporación de los militares al gabinete. Militares supuestamente neutrales, pero que ya entonces estaban institucionalmente embarcados en el golpe militar.

El segundo error estructural en la política de la UP, fueron las propias limitaciones del programa, sobretodo en sus formulaciones económicas, debido a la política de alianza de clases que propugnaba.

El capitalismo industrializador sustituidor de importaciones estaba en crisis, por lo que se planteaba superar esta crisis atacando el capital monopólico nacional y extranjero y el latifundio. Nacionalizar las riquezas básicas, expropiar algunas empresas estratégicas que pasarían al Área Social y profundizar la reforma agraria, beneficiaría a los sectores asalariados y clases medias, y en alianza con una burguesía progresista nacional, antiimperialista, estas medidas permitirían iniciar un nuevo ciclo de desarrollo en el país y sentar las bases para transitar de manera pacífica (y democrática) hacia el socialismo.

El problema, es que en Chile no existía esa clase empresarial nacional y progresista. Por el contrario, la cualidad específica del gran empresariado chileno, hasta el día de hoy, es su carácter rentista. Por esto, ante un mayor poder adquisitivo de los trabajadores, no aumentó la producción, sino que se limitó a aumentar los precios y a especular con el aumento de la inflación, con el mercado de divisas y el mercado negro. Y en un sentido absolutamente contrario a lo que esperaba la UP, pero evidente desde el punto de vista político, en un contexto de creciente polarización social (o lo que es lo mismo, de agudización de la lucha de clases) el empresariado, consciente y organizado como clase, reaccionó en bloque contra la amenaza que suponía la mera existencia del gobierno popular.

Las medidas económicas, al no dar los resultados esperados y desatar una espiral inflacionaria, de especulación financiera, desabastecimiento y mercado negro, impactaron el nivel de vida de todo el mundo y arrojaron en brazos de la burguesía reaccionaria, la derecha y la DC, a amplios sectores de las clases medias asalariadas de la empresa privada, pero también del Estado, a los gremios de profesionales y de transportistas, y también a pequeños comerciantes, que controlaban la red de distribución de productos a nivel local.

En general se ha señalado que la UP no logró ganarse a las clases medias. Por el contrario, es muy probable que más bien perdiera su apoyo por sus errores y vacilaciones. Más complejo que la relación de la UP con las clases medias, fue la relación de la UP con su propia base social de apoyo: La propia definición de tres áreas en la economía (privada, mixta y estatal) y la limitación a 80 hectáreas de riego básico de los latifundios expropiables por la reforma agraria de la UP, dividió a los trabajadores y campesinos en la base misma del proceso productivo, excluyendo a un porcentaje significativo de ellos de los beneficios del proceso político y social en marcha.

Se ha calculado que los trabajadores y campesinos excluidos del proceso de cambio alcanzó aproximadamente a un millón setecientas mil personas [3], las que obviamente no se iban a quedar tranquilas viendo a la historia pasar frente a sus narices.

Frente a la movilización en principio inorgánica, pero con un profundo sentido de clase de estos sectores, a la toma de industrias y de predios agrícolas no considerados en “el programa” la posición oficial del gobierno fue rechazarlas y tacharlas de ultraizquierdistas. Esto es, cerrar los ojos ante el proceso de agudización de la lucha de clases, buscar reprimir estas movilizaciones, aislar a las organizaciones políticas que las apoyaban, aunque también fueran parte de la misma UP, e insistir en darle garantías a los partidos de la oposición, que ya estaban embarcados también en el uso de cualquier vía a su alcance para derrocar al gobierno.

Como se puede ver, la UP, siendo una coalición popular y teniendo un programa de cambios políticos, sociales y económicos enfocados en dar los primeros pasos en función de avanzar hacia el socialismo, cometió profundos errores en el tratamiento de su base natural de apoyo. En vez de avanzar con el pueblo, se recluyó en el Estado y burocratizó su relación con los sectores más interesados en su éxito. No sólo eso, sino que al definir erróneamente sus mecanismos de acumulación de fuerza social y política, excluyó a un porcentaje no menor de sus propios adherentes del proceso que pretendía llevar a cabo, y bloqueó el desarrollo autónomo de sus formas de organización y de lucha, olvidando que el proceso de la lucha de clases no se puede detener por decreto.

Al momento del golpe militar, uno de los movimientos populares más importantes para la historia de nuestro continente, se encontraba golpeado por su propio gobierno, desgastado y replegado. La tormenta que se desató posteriormente hizo retroceder prácticamente un siglo las conquistas de los trabajadores, situación que sólo 40 años después estamos recién remontando, a un costo altísimo.


1    A continuación seguimos en lo grueso una reflexión del periodo progresista de Fernando Mires, desarrollada en La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina (1988). Paradojalmente, esperamos hacerlo trabajar para defender el proceso iniciado por Chávez.

2    Si bien el Golpe de Estado significa la derrota del proyecto reformista de la UP en Chile, cuya última tragicómica consecuencia es la incorporación, 40 años después, del Partido Comunista al bloque binominal del neoliberalismo, no es menos cierto que, en un nivel más profundo aún, afectó al conjunto del movimiento popular y al pueblo chileno.

3    Georg Simonis, “Die Politik der Unidad Popular zwishen Partizipation und Herrschaftskrise”, en Peripherie N° 1, junio de 1980, pp. 36-52. Citado en Mires, op cit.

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