octubre 28, 2020

La ANP y El Diario

El embargo de Impuestos Internos sobre algunos bienes de la empresa “El Diario”, no puede ni debe ser entendido como la clausura de un medio de comunicación, ni menos como un atentado contra la libertad de prensa o la libertad de expresión.

Pretender mostrar que el ejercicio de una atribución totalmente legal de la administración tributaria para la recuperación de recursos que finalmente pertenecen a todos y todas las bolivianas, es un atentado a dichas libertades es, para decir lo menos, un exceso.

La ANP, agrupación de los propietarios de medios de comunicación principalmente escritos, señala que “silenciar o pretender silenciar a cualquier medio de comunicación, aún bajo el argumento de normas fiscales o administrativas de cualquier naturaleza, constituye siempre un atentado contra el ejercicio libre de derechos ciudadanos que son fundamento básico de la democracia”.

Bueno pues entonces, que las empresas de comunicación se pongan al margen de la ley, dejen de tributar, incumplan las normas que les son obligatorias y se conviertan en un superestado, a título de que están ejerciendo un derecho que efectivamente está garantizado por la Constitución.

La democracia y la convivencia en sociedad establecen derechos y obligaciones para todos, incluso para los propietarios de los medios de comunicación. La racionalidad indica que para exigir derechos debemos también cumplir con las obligaciones y lamentablemente y de manera reiterada, los dueños de “El Diario” no lo hicieron. Es una vieja historia, a nadie sorprendió el embargo, se veía venir porque era lo correcto, lo contrario solo hubiese sido un funesto antecedente para quienes tienen a su cargo esa labor de control tributario.

El mismo desubicado comunicado de la ANP agrega que “Ese hecho permite interpretar la ejecución del “embargo” como medida con fines políticos antes que de cumplimiento de normas fiscales. Buscar el amedrentamiento o la revancha política contra los medios de comunicación o contra cualquier persona natural o jurídica mediante amenaza de sanciones administrativas atenta contra derechos ciudadanos elementales”.

Se ha convertido en el expediente más fácil para la oposición y dentro de ella para algunos empresarios de la comunicación, presentarse como víctimas de amedrentamiento o persecución política, para soslayar el cumplimiento y la vulneración de normas y la ANP ratifica esa posición, la cual solo muestra una vez más que su mayor interés no está en la defensa de ninguna libertad que no sea la de su actividad empresarial, incluso al borde de la ilegalidad, sino en hacer política con cualquier acción administrativa del gobierno.

La libertad de expresión es un derecho que va más allá de los medios y que corresponde al conjunto de los ciudadanos de nuestro país y que de ninguna manera se puede pretender utilizarlo para incumplir obligaciones comunes a todos los bolivianos para con el Estado o para evitar las sanciones que corresponden. El Diario no fue clausurado, sigue circulando, pero tiene obligaciones con el fisco que debe cumplirlas de la forma que señala la ley, así como debe cumplir otras obligaciones pendientes con sus trabajadores. Dura Lex Sed Lex.

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