octubre 24, 2020

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: La ampliación del principio del derecho a la igualdad como expresión del socialismo del siglo XXI

por: Nicolás Artiles

Desde que surge la lucha de clases, surge el Estado como defensor del status quo y surge también la lucha de los hombres por el derecho a la igualdad y a la no discriminación como parte de esa lucha de clases, por lo que la pugna por la igualdad está íntimamente relacionada a la lucha contra la esclavitud y contra la dominación de hombre sobre el hombre.

Aun cuando en una forma menos elaborada, el concepto de igualdad mora en la mente de cada uno de los seres humanos, mucho antes de que lo consagrasen las distintas declaraciones de derechos, que han sido aprobadas por las revoluciones burguesas que se han sucedido a través de la historia, tales como:


1.    Declaración de los Derechos de Virginia: Adoptada el 12 de junio de 1776 por la Convención de Delegados de Virginia, y considerada la primera declaración de Derechos Humanos de la historia moderna, establece en su artículo I “Que todos los hombres son por naturaleza igualmente[ 1] libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la felicidad y la seguridad.”.

    Como se puede observar, el concepto de igualdad es incipiente y poco extendido, ya que se trataba de consagrar principios y conceptos hasta entonces nada elaborados y que la sociedad norteamericana necesitaba definir y reivindicar como fundamento de la independencia de las primeras trece (13) colonias británicas en América. En efecto, fue adoptada unánimemente como parte de la Constitución de Virginia. No obstante, dado a que su esencia es producto de la concepción de una revolución burguesa, en la cual el interés principal era la independencia de las colonias británicas y desplazar el orden esclavista echando las bases para erigir un sistema democrático burgués, que requería de un régimen jurídico liberal que permitiera la libre contratación de la mano de obra y por lo tanto el cese de la esclavitud. En consecuencia, pese a que tal declaración fue adoptada unánimemente como parte de la Constitución de Virginia, no fue obstáculo para que se desarrollara un régimen como fundamento de una sociedad donde prevaleció la esclavitud, la discriminación racial y la falta de derechos para las mujeres.

2.    Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano: Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, la cual en su artículo 1° consagra “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos…”. Lo fundamental de esta declaración es que establece que los principios de la sociedad serán la base de la nueva legitimidad, acabando con los principios, las instituciones y las prácticas de la monarquía y del estado feudal, para dar paso a las instituciones del estado burgués, por tal motivo la noción de igualdad resulta muy básica a los intereses de los Derechos Humanos.

3.    La Declaración Universal de los Derechos Humanos: Adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948, significó la consagración del respeto de los Derechos Humanos para todas las personas del mundo. No obstante, muchos países en sus constituciones nacionales, asumieron la protección de dichos derechos de distintas maneras, limitando y menoscabando su protección y su ejercicio, y en la práctica su plena vigencia.

    La referida declaración, desde su preámbulo y en todos los artículos referidos a los derechos de las personas, consagra el principio de la igualdad de las personas ante la ley y complementariamente la prohibición de la discriminación. En efecto, el artículo 2 consagra el principio al derecho a la igualdad en los siguientes términos:

    “Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
 sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ademásno se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”

Complementariamente, el derecho a la no discriminación lo consagra el artículo 7 en los siguientes términos:

    “Artículo 7: Todos son 
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

No obstante, la Constitución Nacional de la República de Venezuela promulgada en 1961, acogió dichos principios, en los siguientes términos:

    “Artículo 61º
    No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social.
    Los documentos de identificación para los actos de la vida civil no contendrán mención alguna que califique la filiación.
    No se dará otro tratamiento oficial sino el de ciudadano y usted, salvo las fórmulas diplomáticas.
    No se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.”.

Como se puede apreciar, el artículo precitado significó la adopción de éstos principios de manera limitada, ello obedeció a una concepción del Estado como un mecanismo de organización de la república y de preservación del orden jurídico establecido, el cual tenía como objetivo fundamental la preservación de los privilegios de clases, de un sistema que garantizase la explotación de los recursos naturales en beneficio de una clase dominante y el suministro de los mismos a la potencia que habían logrado ejercer su influencia en favor del establecimiento de ese orden jurídico, el cual distaba mucho de un Estado garante de los derechos de todas las personas y de la procura y protección del bien común.

En efecto, muchos derechos del ser humano considerados fundamentales para su pleno desenvolvimiento y el disfrute de la vida en sociedad, no fueron contemplados en la referida constitución, tales como el derecho al Habeas Data, a la indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado en Relaciones Extra Contractuales y un cúmulo de elementos que funcionaron como fuentes de discriminaciones, creando verdaderos estados de indefensión e inseguridad jurídica especialmente para los débiles jurídicos, y sobre todo ante situaciones de confrontación de intereses con personas naturales y jurídicas económicamente más poderosas, así como también contra el mismo Estado.

En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) de inspiración humanista y garantista de los derechos humanos, contiene el principio de igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley, de manera amplia y desarrollada.

En efecto, debido a que la protección al débil jurídico es entendida como uno de los fundamentos en la concepción de un “estado democrático y social de derecho y de justicia”  [2], la CRBV propugna, entre otros principios, la igualdad entre todos los seres humanos como uno de valores superiores de su ordenamiento jurídico.

En razón de que en la práctica se dan situaciones de discriminación distintas a las contempladas taxativamente en la constitución, las cuales constituyen violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, tales como la condición política o ideológica, la educación, la nacionalidad, el lugar de residencia, alguna discapacidad y un amplio etcétera cuyo limite es la imaginación, el constituyente de 1999 recogió una realidad que superaba con creces las limitadas estipulaciones contenidas en la Constitución Nacional de 1961, para consagrarla en los siguientes términos:

    “Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley…”

La ampliación del principio del derecho a la igualdad jurídica, se materializa en cinco (5) preceptos adicionales que vienen a complementarlo y a permitir su materialización, los cuales se citan a continuación:

1.    Ampliación del principio de la no discriminación:

    Artículo 21.1. “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.”  [3]

Esta ampliación de la prohibición, significa que abarca a cualesquiera otros actos emanados de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que atenten contra el derecho a la igualdad de cualquier persona, por lo cual se crea el fundamento constitucional para que ante cualquier acto de este tipo, sea demandada su nulidad absoluta por inconstitucional.

2.    Otorgamiento de rango constitucional a la facultad de ejercer las potestades del Estado para garantizar la igualdad de las personas:

    “Artículo 21.2. “La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”.

Esta ampliación es de trascendental significado, toda vez que permite que los preceptos constitucionales vayan mas allá de la enunciación, al darle rango constitucional a la facultad del Estado para hacer uso de sus atribuciones en función de remover los obstáculos económicos, sociales, políticos y culturales que constituyan limitantes en el acceso y pleno disfrute del derecho a la igualdad, la cual debe entenderse en un sentido mucho más amplio que la enunciada igualdad jurídica, para así materializarla mediante la equiparación de las diferencias, en pro de la igualdad de oportunidades, de la honra, de la identidad personal y cultural, del pluralismo, de la seguridad jurídica, etc.

Esto significa darle rango constitucional a la facultad de aplicar la discriminación en positivo cuando sea necesario, para tratar igual al que es igual y diferente al que es diferente, en pro de garantizar ese pleno goce y disfrute de los derechos a todas las personas.

3.    Carácter ius naturalista de los Derechos Humanos:

    “Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”.

Esta disposición significa que en materia de Derechos Humanos, su aceptación no debe limitarse a la los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios, ni a los contenidos en los Tratados Internacionales, ya que el Derecho Natural es inherente a la naturaleza humana y por lo tanto, anterior, superior e independiente a los derechos consagrados en los ordenamientos jurídicos, por lo cual no hace falta positivizarlos mediante normas, ni ningún cumplimiento de este tipo de requisito, y por lo tanto faculta a las Cortes, Tribunales, Magistrados, Jueces y demás operadores jurídicos a interpretar la protección de los Derechos Humanos mas allá de las leyes, reglamentos y demás disposiciones formales y decidir conforme al derecho natural.

4. Eliminación de la distinción entre persona natural y persona jurídica para ampliar la protección de los derechos inherentes a ambas

Otra forma de discriminación derivada de la concepción conservadora burguesa de la constitución de 1961, es la diferenciación entre las personas naturales y jurídicas para el reconocimiento de los derechos, lo cual en la práctica se constituía otra forma de discriminación. En tal sentido, la CRBV, sabiamente, eliminó tal diferenciación creando igualdad de condiciones para el reconocimiento de los derechos, en los siguientes términos:

    “Articulo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Esta homologación de derechos cobra mayor importancia al consagrase el derecho del acceso a la justicia a todo tipo de persona jurídica, incluyendo las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, vecinales, comunales, estudiantiles, etc.

5.    Consagración de la justicia gratuita como un Derecho Humano, como forma de garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a las poblaciones de escasos recursos

    “Artículo 26: (…)
    El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”.

De acuerdo a la constitución de 1961, el principal obstáculo que tenía la población de escasos recursos para acceder a la administración de justicia y hacer valer sus derechos, era la imposibilidad de sufragar los costos que ello implicaba, creando un verdadero estado de indefensión, por lo cual los preceptos constitucionales se convertían en letra muerta.

La CRBV de 1999, viene a consagrar la gratuidad del acceso a la justicia como un derecho humano, como parte del derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, que tiene por objeto garantizar el libre acceso de todas las personas a la administración de justicia, sin discriminación alguna. En tal sentido, y para evitar vulneraciones a este derecho, le da rango constitucional a la prohibición al poder judicial para fijar tasas, aranceles, así como, para no poder exigir pago alguno por sus servicios. Complementariamente, establece el servicio de defensa pública gratuita, lo cual viene a garantizar la gratuidad del acceso a la justicia.

Solo una concepción socialista de la sociedad, puede crear un cuerpo normativo orientado a garantizar el derecho a la igualdad para todas las personas sin discriminaciones, ni privilegios de ningún tipo y dotando a las instituciones del Estado de los fundamentos jurídicos, para que su accionar esté orientado a garantizar este derecho en los términos consagrados en la Constitución.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es faro que ilumina el Derecho Constitucional y el Derecho Comparado en materia del derecho a la igualdad y en Derechos Humanos en muchos países. Desde su promulgación es un referente en los procesos constituyentes de los pueblos que luchan por una sociedad más justa, en la cual cesen las discriminaciones de cualquier tipo y donde las oportunidades para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar sean para todos.


*    Es venezolano, Abogado y Administrador Comercial con Postgrado en Finanzas. Profesor Universitario de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y colaborador de este semanario.

1    Destacado nuestro

2    Articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

3    Subrayado nuestro para indicar la ampliación del texto original.

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