diciembre 5, 2020

Los ejes discursivos de la oposición en el proceso de cambio

por: Gastón Nuñez

A medida que se acerca el día de las definiciones electorales para octubre en Bolivia, la desesperación cunde y hace presa sobretodo de la oposición. Las mil y una piruetas ensayadas hasta ahora, para lograr un lugar en la nueva realidad del país, no han tenido ningún efecto. Si se trata de propuestas serias, no han logrado hilvanar un programa alternativo, y si lo tienen, es el retorno a los días del neoliberalismo privatizador, claro está que no lo dirán, incluso tratarán de ocultarse detrás de figuras históricas de la luchas de liberación nacional, son sólo discursos restauradores del viejo orden.

La oposición política e intelectual, siempre vinculada a los medios de comunicación sus principales aliados, ha tomado como programa de gobierno, entre otros, el tema del TIPNIS, muy ligado a lo ocurrido en Chaparina, y remueve de manera forzada temas que refieran a derechos humanos; sobre este caballo pretende ganarse la misericordia de la población, es más, ha llegado a poner en práctica la importancia de tener presente la identidad.

Una mirada al conjunto de argumentos de la oposición en los últimos meses, permite identificar que prácticamente carece de un proyecto alternativo de país y más bien, tiene un cuestionamiento al cómo se ejerce la gobernabilidad. De ahí que los ejes del discurso opositor se concentren sobre todo en inhabilitar política y moralmente al gobierno, que como veremos más adelante, nos hablen de recuperación de la democracia, recuperación de la institucionalidad, la corrupción, narcotráfico y contrabando.

Antecedentes históricos

Las luchas sociales de inicio de siglo contra el modelo neoliberal tuvieron como cúspide en aquella rebelión popular de octubre de 2003, que junto a la guerra del agua y la expulsión de Sánchez de Lozada, marcaron el nuevo escenario de la política boliviana, de las nuevas fuerzas protagónicas, de las tendencias emergentes y decadentes y de las orientaciones potenciales y en el periodo de transición.

Los partidos tradicionales que jugaron el pasanaku electoral desde los primeros años de la implementación del modelo, tanto el MNR, ADN, NFR y MIR prácticamente fueron expulsados del escenario político quedando sólo resabios regionales que cambiaron de nombre. La polaridad entre el oficialismo y las nuevas oposiciones generadas a raíz del ascenso electoral y político del MAS desde 2006, estuvo claramente marcada por el partido de gobierno y sus aliados los movimientos sociales, enfrentando a las oligarquías locales, comités cívicos y logias tradicionales de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija, con respaldo de los sectores empresariales y corporativos más importantes en hidrocarburos, minería, la banca y finanzas, comercio y agroindustria.

El recurso político que sirvió a la confrontación en los primeros años del gobierno actual fue el referido a la implementación de las Autonomías departamentales. Este choque se manifestó en los antagonismos de los Prefectos, ahora gobernadores, de la denominada “media luna”, de los departamentos del oriente, Chuquisaca y el sur del país con el gobierno nacional; posteriormente se trasladó a la Asamblea Constituyente los años 2007 a 2008 y luego a varias regiones, ciudades, caminos, plazas y cabildos, lugares donde se produjeron enfrentamientos violentos y muertes.

Este antecedente fue el principio del fin de la conducta política de la oposición que tuvo resultado en las elecciones, calificada como derrota electoral, social y política, como por las acciones emprendidas desde el Estado, la Fiscalía, Ministerios, Órgano Judicial, etc. contra dirigentes opositores que tenían cuentas pendientes de sus gestiones ante la justicia, alcanzando a los exprefectos como: Leopoldo Fernández de Pando y Manfred Reyes Villa de Cochabamba, y luego extenderse sobre los exgobernadores de Tarija Mario Cossio y Ernesto Suarez del Beni elegidos el 2010.

En este panorama general y los hechos que se sucedieron en los dos últimos años por las decisiones de gobierno, aparece una gama muy amplia de opositores políticos, unos con sigla política o sectorial y otros no. Unos vinculados en el pasado al gobierno, como Juan del Granado y el MSM, otros que formaron parte de la estructura gubernamental con cargos en el Ejecutivo, como Alejandro Almaraz, Raúl Prada, Rebeca Delgado y otros.

A estas alturas las fuerzas de oposición han concentrado su decisión de participar en elecciones en tres frentes distintos para competir contra el partido de gobierno; el Frente Amplio, que viene con base de la militancia de Unidad Nacional, UN, de Samuel Doria Medina; el Movimiento Demócrata Social, a la cabeza de Rubén Costas; y el Movimiento Sin Miedo, con Juan del Granado. A éstos se suman otros grupos opositores que, aún sin tener sigla, dieron a conocer su intención de competir en las elecciones.

Ejes discursivos de la oposición

No teniendo sustento en una propuesta seria y alternativa, la oposición boliviana nos lleva a especulaciones teóricas que siendo coherentes en el análisis, se han vuelto agresivas, van más allá de los argumentos y se han convertido en pálidos reflejos de lo que fue el propio discurso de quienes gobernaron el país en los últimos años. Los resabios del neoliberalismo colonial invocan ahora a la democracia para justificar su incapacidad, recurren a los fantasmas que huyeron del pueblo el 2003 para ensayar retornos, repiten viejos esquemas maniqueos para superar su falta de propuestas.

Identificamos cuatro argumentos como los ejes principales del discurso opositor y que marcará su intensidad en los meses previos al escenario de la contienda electoral, con fuerte respaldo de corporaciones empresariales y de medios privados de comunicación.

Lucha contra la dictadura

También se puede leer como “poner fin a la dictadura masista”. El discurso tiene como dos sustentos. Primero, que existe una “dictadura” desde los movimientos sociales, -algunos utilizan la palabra corporativismo, para referirse al mismo-, y entonces argumentan que la “libertad” ha desaparecido con este gobierno (en los últimos años dicen algunos). Segundo, es dictadura la gestión de Evo Morales, porque existe “soberbia” del gobierno y que está concentrada en el Presidente Evo Morales, por lo tanto es un “dictador”. Se trata entonces de restituir la democracia.

Los prófugos de la justicia boliviana, que se encuentran en Estados Unidos, recurren a ese argumento que en Bolivia se vive una dictadura, que la justicia está controlada y que son perseguidos políticos. Quieren mostrarse como víctimas por sus ideas opositoras, cuando en realidad en el ejercicio de cargos públicos cometieron graves delitos.

Recuperación de la democracia

Este es uno de los más fuertes discursos que no solamente va asociado al tema de la dictadura, sino a la pérdida de ese valor en el seno del pueblo, “el pueblo ya no es demócrata”, “vota como ganado”, en este argumento no se ha podido asimilar el cambio en el concepto, por ejemplo de la democracia comunitaria que rompe el molde de la democracia y derechos individuales, sustituyéndolos por los derechos colectivos y la toma de decisiones basada en el bien común.

En muchos escenarios mediáticos la oposición señala el argumento que el gobierno hace gala de adjetivos y de insultos y, que la democracia está amenazada desde la misma democracia, cuando desconoce la legitimidad de sus adversarios y usa la guillotina jurídica para amedrentar a opositores y medios de comunicación. Discurso que los propios medios privados bolivianos agrandaron cuando, la mano derecha de Sánchez de Lozada, como es Carlos Sánchez Berzaín, habló de recuperar la democracia, en su criterio perdida desde que ellos huyeron del país.

Recuperación de la institucionalidad

Especialmente los analistas políticos, formados en el pensamiento clásico liberal, apelan a este discurso porque ven un paulatino deterioro de las instituciones liberales, incluidas las subjetivas que tienen que ver con una sociedad racista, porque no olvidemos que todo “es una representación”, especialmente entre los fenómenos sociales en los que la política es la primera.

Opositores recurrieron a las afirmaciones del diario derechista paraguayo ABC, en sentido que en Bolivia, no se respeta la institucionalidad y “se vive en dictadura”, e indicaron que “la democracia se demuestra en el respeto a la disidencia; sin embargo en Bolivia todo opositor es objeto de persecución y si no se respeta la disidencia existe una dictadura. El Poder Judicial ha sido tomado por el Ejecutivo para hacer persecución política. Eso ha deteriorado toda actitud democrática al no respetar la independencia de poderes”.

Frente a esas posiciones habrá que fundamentar que la institucionalidad es el esqueleto de la sociedad, es el pensamiento traducido en el aparato burocrático-legal emergente de las ideologías que le dan origen. Si estamos en un proceso revolucionario los cambios en las instituciones tendrán que ser profundos y seguramente serán parte importante de las políticas que este gobierno está diseñando para el futuro próximo.

La corrupción

El discurso de la corrupción no recibe una contundente respuesta desde los mecanismos gubernamentales que se han implementado para luchar contra este mal que es inherente a la naturaleza humana, no es que el “gobierno es corrupto”, son las personas que cometen delitos y, si analizamos la relación política-corrupción, veremos que parecen hermanos mellizos, pues se trata del ejercicio del poder para fines individuales, una gestión colectiva como las asambleas comunales son los remedios eficaces para poner fin a este problema.

Si bien la oposición recurre a fundamentar la existencia de mayor corrupción en este gobierno, es muy cierto señalar también que ningún partido opositor puede mostrar credenciales de estar limpio de este mal, es más, lo institucionalizaron. Los gigantes casos de corrupción de los neoliberales quedaron enterrados por esos administradores de justicia como pago de la factura de su nombramiento. Hasta la ex Corte Electoral tenía su “banda de los cuatro” como vulgares asaltantes del voto popular.

Otro argumento ligado a este tema es el de la persecución y que, los que se encuentran fuera del país, son “perseguidos políticos por el gobierno”. Si conocemos a fondo esos casos veremos que se tratan de perseguidos por las propias leyes. Aquellos que se fugaron, pensaron que eternamente iban a ser impunes, que nadie les iba a tocar, pretendían convertirse en los faraones de sus regiones. El pueblo le dijo sí a la nueva Constitución que establece que la retroactividad se aplica en casos de corrupción. Fue el pueblo que permitió aprobar la Ley Anticorrupción.

Por ahí se afinan las posiciones y argumentos que la oposición manejará con mayor énfasis, como ya lo hizo desde inicios de la gestión de Evo Morales, para tratar de descalificar, desacreditar lo que se viene haciendo como parte de un proceso político de grandes transformaciones y que será sustento a la hora de desarrollar una propuesta futura en el marco de la agenda de 2025 y su estrategia para las elecciones de octubre.

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