noviembre 26, 2020

Descentralización y pacto fiscal

El debate actual sobre el pacto fiscal se viene dando en torno a la organización política territorial del país, relacionada con la generación y distribución de ingresos fiscales, la determinación y ejecución de los gastos, la contratación y asignación de recursos por endeudamiento, entre otros aspectos de la política fiscal-financiera. Como es sabido, los actores institucionales de esta política estatal son el gobierno central, los municipios y las gobernaciones.

Empero, la problemática del pacto fiscal es más que un simple acuerdo institucional entre los niveles de gobierno nacional y sub-nacionales. En esta problemática como en todo fenómeno social, a momentos implícita o explícitamente en otros, más allá que la ejerza la autoridad formal y burocrática o la hegemonice abierta o veladamente un bloque de poder más o menos representativo, hay contraposición entre grupos sociales aún de las mismas regiones que no necesariamente tienen ni asumen intereses similares, aun con identidad regional común. Así, no es posible plantear un “pacto fiscal” sólo como mero resultado de una negociación institucional entre representantes políticos formales de las regiones y de éstos con el gobierno central.

Otra simplificación en torno al “pacto fiscal” es plantear simplonamente que cualquier estado “moderno”, asume una forma o un modelo desconcentrado y descentralizado de organización territorial. Esta suerte de culto al modernismo vela la realidad histórica del centralismo como una impronta colonial y del estado republicano que nombraba a las autoridades regionales entre otras razones, solamente para poder “ejecutar recursos y programas…financiados y presupuestados por el nivel central”. [1]

No obstante que fueron las oligarquías regionales y la derecha en general, las que izaron banderas de descentralización o ruptura del centralismo buscando enfrentar al proceso de cambio, atrincherándose y tratando de movilizar a una supuesta “nación camba”, será con la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009) que se da lugar a las regiones para generar y controlar sus propios tributos, asignar recursos y determinar los sectores y rubros para el gasto fiscal. Esto ya es claro en cuanto a concepción y funcionamiento a nivel de los municipios.

Sin embargo algunos consideran que la “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, enmarcada en la CPE, plantearía una forma de organización estatal “ambiciosa” pero “altamente compleja”, [2] al reconocer al Estado unitario y los cuatro niveles de autonomía territorial: nacional, departamental, municipal e indígena originario campesina; lo complejo radicaría en los distintos alcances y diferencia de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, otorgando sólo a los territorios indígena originario campesinos el autogobierno y la libre determinación.

Es en torno a esas consideraciones y sobre todo al posicionamiento político de la derecha y algunos gobiernos departamentales, que se plantea un “pacto fiscal” so pretexto o como medio para empantanar y desgastar al proceso de cambio, quitándole su contenido transformador de las viejas estructuras colonial-republicanas apuntalado en el movimiento participativo de sectores sociales populares en las regiones y por cierto, a nivel nacional.

No obstante varios analistas plantean y otros exigen, un “pacto fiscal” como una suerte de coordinación tecnocrática-institucional entre el gobierno nacional y los subnacionales, que logre una supuesta eficacia y eficiencia operativa con el diseño y la ejecución conjunta de políticas fiscales. [3] Los que exigen velan así su oposición política a principios como la complementariedad, equidad, solidaridad y ayuda mutua, respeto y reconocimiento a la diversidad cultural y regional, así como a la política estatal no sólo con sentido social, sino con alcance local, urbano y rural, como regional, en procura de construir la base material y empoderar al sujeto y bloque social revolucionarios, para trascender desde la economía plural hacia el socialismo comunitario.

La problemática del “pacto fiscal” y el posicionamiento en torno a él son propios de la economía política. En un artículo en “La Razón”  [4] se cita un informe del Banco Mundial de 2006; el BM consideraba que “la descentralización del último periodo en Bolivia (era) causa de la disputa sobre el excedente de los recursos naturales”. Esta consideración se aproxima a la realidad, aunque en rigor no sólo existió una confrontación entre grupos sociales por el control de éste excedente, más cuando la oligarquía oriental pretendía revertir el ascenso del MAS y de los movimientos sociales al gobierno, sino entre el capital transnacional y lo nacional-popular.

En dicho artículo se plantea también que en “tono más exagerado y años antes, José Luis Roca, en su libro “Fisonomía del Regionalismo Boliviano”, apuntaba que en Bolivia la historia fue parida no por la lucha de clases, sino por la lucha entre el centralismo y la autonomía, así como (en) el histórico idilio entre Taiwán y China”. Además de destacar que el articulista indica que “no le (cree a Roca) del todo” aunque sí a “su acierto” de evaluar “el conflicto que sacudió al país en 2008”, cabe notar que J.L. Roca ignoraba, no sabemos si por malicia ideológica, el carácter y las manifestaciones de la lucha de clases, no sólo en China sino también en Bolivia, obviamente con sus propias particularidades históricas en cuanto al tiempo y al espacio. En 2008, la oligarquía movilizaba a la “nación camba” y pretendía el control del excedente de la actividad hidrocarburífera, enfrentando así al proceso de cambio; pugnaba por la división de Bolivia al tratar de separar del territorio nacional a los tres departamentos de las tierras bajas, a Chuquisaca y Tarija, cual una “media luna”.

El articulista también indica, aunque no creemos con total acierto, que “para los últimos 43 años, Roberto Laserna y su estudio sobre la conflictividad en Bolivia, le dan la razón a Roca: un conflicto por día y sobre todo basado en la propiedad de la renta de los recursos naturales”. Se acierta en el motivo de la conflictividad: el control de la renta, pero sólo imbricado o abigarrado con la problemática regional.

Finalmente, cabe notar que organizaciones eclesiales como Jubileo y laicas (Prisma, UNIR), entre otras ONGs, se manifestaron en torno al “pacto fiscal” definiéndolo como un “espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, [5] en el cuál, a través de un proceso de concertación, se trataran los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos”, como una especie de “temas pendientes del proceso constituyente… fundamentales para el desarrollo del país”.

Esas ONGs conciben un pacto y en un año electoral, nada menos que como “oportunidad para un acuerdo entre actores” de todo tipo, debatiendo y definiendo “las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo a fin de superar la pobreza y las inequidades en la generación, administración y distribución de la riqueza del país”. [6] Dadas así las cosas, no resulta tampoco casual el debate en torno a la organización, ejecución y a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012.


1    “Política Pública. Autonomías Fiscales”. Vladimir Ameller Terrazas y Carlos Rocabado Mejia. PNUD –Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas en Bolivia. 2013.

2    Idem.

3    En el documento citado antes se explica que el Pacto supone “el despliegue de esfuerzos técnicos y políticos, ya que, además de la dotación y manejo de información técnica, se requerirá de procesos de negociación sobre la base de la construcción de un nuevo esquema de gestión y manejo de los recursos financieros e institucionales.

4    “Sobre el Pacto Fiscal”. Rafael López, 9 de febrero de 2014.

5    Se apela a la Disposición Transitoria N° 17 de esa Ley: I. El Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomía y Ministerio de Economía y F. P, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal, analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. La propuesta deberá apegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la CPE, considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos. II. En un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden.

6    Página en internet de dichas organizaciones, titulada como el “Pacto por el bien común”.

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