noviembre 25, 2020

Del oportunismo cooperativista o la negación de la lucha de clases

por: Fernando Rodriguez Ureña 

El Estado del 52, Nacionalista y Revolucionario había generado lo que se denominó un “empate catastrófico” como expresión de la inviabilidad dentro el sistema, de alcanzar un nuevo pacto social porque no habían elementos aglutinadores que articulen los intereses de quienes se encontraban en los extremos de la brecha social y económica.

El neoliberalismo había terminado de distanciar a los pobres de los ricos de una manera sideral y encontrar escenarios de concertación era sumamente complicado porque en la práctica no había mucho para compartir. El fantasma de una guerra civil era el pan nuestro de cada día a finales del siglo pasado y entrado el presente. La única solución posible parecía que estaba en el campo de la fuerza.

Esta perspectiva económica además estaba cruzada por otra de orden étnico cultural que casualmente ponía a los unos en un extremo de la brecha y a los otros en el otro extremo. Un indio pobre era algo normal. No ocurría lo mismo con un mestizo occidentalizado que siempre tenía muchas más oportunidades que el indígena para no situarse en la pobreza.

El juntar estos dos factores socioculturales con un tercero de orden regional, que tenía que ver con la pertenencia a tierras altas o bajas, terminaba por fabricar un coktel altamente explosivo. Por eso la guerra civil se la sentía a la vuelta de la esquina. No en vano se habían acercado al país durante el año 2000 misiones internacionales que antes habían visitado estados fallidos.

Como siempre que estábamos al borde del abismo, dimos el paso atrás y el desempate se rompió de la única manera posible dentro del sistema democrático liberal: se dio la vuelta la torta y se inauguró una etapa de inclusión social, antirracismo y respeto del origen cultural como no había ocurrido antes en la historia republicana.

Se produjo la revolución democrática y cultural y los indios nunca más seran los indios del Estado Republicano y se les abrirían las puertas del Estado para ocupar en igualdad de condiciones como dice la Constitución Política del Estado Plurinacional, cualquier cargo en el Estado o en cualquier otro escenario de la vida social.

Así como la Asamblea Plurinacional Legislativa se transformó en su estética y los aguayos sus colores la invadieron, lo mismo ocurrió con restaurantes de cinco estrellas, hoteles de lujo e instituciones de comercio, que hasta hacían algunos años, eran el reino de la casta dominante.

Bien, se había logrado en los hechos una profunda transformación en el alma de los dominantes y de los dominados. Se acabaron los abusos y todos fuimos iguales. Gran logro de una revolución democrática. Ese logro no retrocederá nunca más y así debió haber sido siempre. Finalmente las culturas y sus hombres y mujeres valían todos por igual.

Bajo ese discurso de igualdad, sin embargo, se perdió la dimensión económica del proceso. Se desdeñó el análisis clasista de la realidad y seguramente bajo ese horizonte se concibió el proceso del Estado Plurinacional como un proceso de igualdad absoluta de oportunidades para todos. Obviamente no era el “sueño americano” pero alguien le puso un nombre y dos apellidos: capitalismo andino amazónico.

Bien, esta acá llegamos. Todos iguales. Y por eso había que dar oportunidad a todos a ser parte de la construcción del Estado Plurinacional. La pregunta era, “Hacia dónde vamos?” al socialismo comunitario, al capitalismo andino amazónico, a la inserción en la economía internacional? Hacia donde?

Y las respuestas se fueron dando en el plano Legislativo. La sobredeterminación de la economía se puso en duda, pues en el proceso de cambio, la contrarevolución se camufló en las leyes y normas que habrían de regir a los sectores de la economía del país.

Casi imperceptiblemente se aprobó una Ley de Cooperativas; entre conflictos ajenos a la discusión de la norma, una Ley de Inversiones y ante la firme posición de algunos parlamentarios y miembros del ejecutivo conscientes de su rol, se frenó a aprobación de la Ley de Minería.

Esta ley permitió develar los roles y a los actores del proceso de desnacionalización de los recursos mineros, amparados en Códigos, leyes e interpretaciones interesadas de la propia constitución política del Estado.

Claro. Ahora éramos iguales y esa igualdad ante la ley, sacramentaba nuestra supuesta igualdad ante el mercado. Sin embargo quedaba expuesta la diferencia entre quienes aún a nombre de cooperativistas, son los patrones y quienes son los obreros, quienes tienen intereses nacionales y quienes no lo tienen, quienes se apropian mediante una norma de la posibilidad de contaminar el medioambiente de todos y de quienes son los abanderados de la economía plural (concepto ajeno al texto Constituyente de Oruro y embutido en la aprobación del Congreso Republicano).

Tenía que saltar la perdiz. Se estaban aprobando leyes capitalistas y antinacionales, se estaba protegiendo los intereses de los iguales propietarios en desmedro de los iguales sin propiedad.

La guerrilla se corrió de las montañas a los bufetes y a las oficinas de algunas bancadas legislativas. Sin darse cuenta, el gobierno estaba siendo cercado por sus iguales con poder económico, sus iguales culturales, sus pareceros en la revolución democrática y cultural.

Este evento deja claro que en los movimientos sociales, la lucha de clases también está presente. Que no es lo mismo ser igual con plata y propiedades y ser igual sólo con dignidad.

Volvamos a la perspectiva clasista, si queremos impulsar adelante la revolución democrática y cultural con una clara definición socialista comunitaria.


*    Fernando Rodriguez Ureña es zoociologo, con maestría en quimeras. Hizo su doctorado en la pluriversidad de Los Sauces en Lian Ma He Nan Lu. Alguna vez fingió como diplomático.

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