noviembre 24, 2020

Una de cal y otras de arena

La Constitución Política del Estado Plurinacional tiene como una de sus peculiaridades el haber recogido todo el catálogo de derechos humanos contenido en los instrumentos universales y regionales. No hay Pacto, Convención ni Declaración Específica de Derechos Humanos que no esté contenida en nuestra Constitución.

Por eso la nuestra, es considerada como una de las Constituciones más avanzadas, no sólo porque como Estado se obliga al cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos, sino que además, por el bloque de Constitucionalidad, les dan un carácter supraconstitucional, cuando el derecho protegido este mejor contenido en la norma internacional.

Para una Revolución Democrática y Cultural, ese es su límite extremo, es decir, significa la radicalización de la democracia a su más alto grado, en el marco de las democracias occidentales.

Pero al mismo tiempo, significa también, no el techo, sino la base de la conceptualización de derechos, más allá de los límites de la concepción moderna, pues recogiendo todo el catálogo de derechos humanos, -que tiene un carácter antropocéntrico-, salta hacia un nuevo horizonte, de carácter cosmocéntrico, donde ya no es el ser humano el centro de la creación o evolución, sino que se reconoce que es la pachamama, la tierra, el planeta, la naturaleza del planeta, la que constituye el eje, el centro, el fulcro alrededor del que se construye el nuevo horizonte civilizatorio y de derechos, por lo que se plantea explícitamente, que la tierra es sujeto de derechos y no un conjunto inerte de recursos.

Sin duda alguna, esta conceptualización es una revolución del orden jurídico, que por supuesto ha de tener repercusiones en lo político, cultural, económico, institucional y todo orden relativo a lo social.

Esa alta vara expresada en la Constitución Política del Estado, ha de implicar como corresponde una adecuación normativa en todos los ámbitos, para evitar la colusión normativa para de esta manera desestructurar los escenarios de conflicto que en futuro inmediato habrán de producirse.

Este encuentro de potencias es resultado de que nuestra constitución está navegando en el tínku de fuerzas. Por un lado donde se hallan los resabios de la concepción moderna y liberal y por otro, el impulso de una visión transmoderna, que más que aparato jurídico maduro, tiene madurez filosófica y de multitud política en su concepción del tiempo y la historia de la humanidad, que expresa el tiempo del pachacuti.

En esa línea, es absolutamente saludable que obligaciones libremente asumidas, como la puesta en vigor de la Ley de Consulta Previa para los pueblos y naciones indígenas, haya tenido un tratamiento de tanta calidad en su debate, negociación, participación, involucramiento de actores institucionales evidenciando la voluntad política del Estado, de reafirmar su compromiso libremente asumido y además enriquecido con normas como la Ley de la Madre Tierra.

Y es tan evidente la construcción colectiva de la norma, que son bien pocos los que se quedaron por fuera con una visión que de tan liberal, resulta siendo ultraconservadora y reaccionaria por los resultados políticos que implica. En definitiva, así se deben producir las normas, con la participación de las multitudes expresadas en los movimientos sociales.

Lo preocupante y doloroso es que casi al mismo tiempo, se produce y se aprueba en las dos cámaras de la Asamblea Plurinacional, otra norma fundamental para nuestra país, como es la Ley Minera, pero esta vez, en contra ruta no sólo de la filosofía del proceso de cambio, sino también poniendo en duda lo expresado en la Constitución Política y otras normas como la Ley de la Madre Tierra.

La minería es un sector estratégico de la economía boliviana y por tanto es uno de los pilares sobre los que se constituye la plataforma económica de nuestro proyecto político. Por eso justamente debe tener una orientación hacia el cambio, hacia el futuro, hacia el sentido de construcción del nuevo orden civilizatorio. Pero no lo logrará, con normas como la que se está a punto de promulgar, entrando en contradicción, sufriendo de doble personalidad, pues normas como la de la propuesta, se quedan en el pasado, privilegiando a aquellos actores que podrán ser de piel cobriza y bailar morenada con el mejor estilo, pero que en su cabeza son neoliberales puros y duros y por tanto reaccionarios y enemigos ideológicos del proceso.

Y ojo, no hablamos de todos los cooperativistas mineros, sino de los “cooperativistas empresarios”, -gran contradicción conceptual en pleno proceso de transición-, pero que ya nos muestran su correlación de fuerzas a su favor, una correlación de fuerzas que de mantenerse, estarán conduciendo al proceso de cambio a peligrosos retrocesos, que echen por la borda no sólo los avances expresados en la Constitución Política, en normas como la Ley de la Madre Tierra y de la Consulta, sino que pongan en riesgo Estado Plurinacional, anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista que estamos construyendo.

No es lógico ni comprensible, que la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, apruebe normas tan contradictorias entre sí, y que por supuesto conducen a nuevos escenarios de conflicto y posibles quiebres del bloque social revolucionario del Proceso de Cambio. No podemos ni debemos poner en riesgo la construcción del Socialismo Comunitario, objetivo final del Estado Plurinacional.


*    Fernando Rodríguez Ureña es zoociologo, con maestría en quimeras. Hizo su doctorado en la pluriversidad de Los Sauces en Lian Ma He Nan Lu. Alguna vez fingió como diplomático.

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