noviembre 29, 2020

Principio de autoridad y disciplina en la fuerza pública

“La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”. “Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria”. Estos preceptos constitucionales entran en contradicción con lo que está sucediendo con preocupante frecuencia, con las mal llamadas “movilizaciones” de grupos policiales.

Es de suponer que siempre habrá demandas que no se consideran adecuadamente atendidas en los distintos conglomerados sociales. Sin embargo, en el caso de los miembros de esta institución parece que no fuera así. Una rápida revisión del tratamiento que ha tenido al policía en los últimos años, marca una enorme diferencia con lo que sucedía en anteriores gobiernos.

Pese a las permanentes denuncias de involucramiento de varios de sus miembros en hechos delictivos y de corrupción, el gobierno mantuvo su apuesta al fortalecimiento institucional; por una parte, en un adecuado equipamiento traducido en infraestructura, dotación de motorizados, helicópteros y recursos tecnológicos de última generación, que le permitan desarrollar su labor de manera óptima. Por otra parte, el reconocimiento en lo salarial al trabajo de los policías, especialmente de los de menor rango, expresado en un incremento verdaderamente significativo, muy por encima del que recibieron otros sectores laborales durante los últimos ocho años.

Entonces, el argumento de quienes encabezan la movilización policial no tiene sustento y deja al descubierto que son otras las motivaciones que realmente la impulsan. No es casual que un par de días antes de que se desaten estos hechos, un grupo de esposas de policías suscriba un acuerdo electoral con una alianza opositora que, entre otras cosas, les ofrece como parte de su oferta electoral un incremento salarial demagógico e imposible de realizarlo. Pero no solo eso, desde los propios policías surge la denuncia de que existe un acuerdo entre la asociación de policías (ANSSCLAPOL) y la referida agrupación política. Se requiere más evidencia para establecer a qué responde este accionar inconstitucional?

Las acciones desarrolladas por estos policías no puede considerarse como una parte de una reivindicación sectorial y deben ser calificadas como lo que son, como actos de insubordinación e indisciplina, cuando no de amotinamiento, y sus actores, los que encabezan y los que participan de estas acciones, tendrán que ser sancionados con todo el rigor que establece la normativa policial y la legislación vigente.

Obviamente, el mandato constitucional mencionado al inicio no se cumplirá si no se impone el principio de autoridad y la prohibición expresa de no deliberación al interior de la institución del orden. El hacerlos cumplir es una obligación de los mandos naturales de la Policía Boliviana que no pueden dejar que la situación se extienda. Dar otro enfoque a estos lamentables hechos será un flagrante desconocimiento del ordenamiento constitucional, pondrá en riesgo la institucionalidad de la policía y dejará en total indefensión a la sociedad.

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