diciembre 5, 2020

La competencia de la Corte Internacional de Justicia

por: Adriana Santos Negri 

El martes 15 de julio de 2014, la delegación chilena ha presentado una excepción preliminar de competencia a la Corte Internacional de Justicia. Con esta medida se ha paralizado el desarrollo normal del proceso y se ha abierto una fase preliminar que puede durar unos dos años en su tramitación, si se toma en cuenta que la Presidencia de Peter Tomka fenece en febrero de 2015 y también fenece el mandato de muchos jueces, entre ellos el mexicano Sepúlveda-Amor. Entonces el Consejo de Seguridad de la ONU deberá elegir nuevos jueces y confirmar la permanencia de otros. Esta situación ralentizará más aun la solución de esta excepción preliminar.

Pese al carácter reservado del documento, pues el mismo sólo será conocido cuando la Corte lo autorice, podemos explicar algunos elementos técnicos que son comunes a este tipo de excepciones preliminares, y a la vez animarnos a predecir algunos resultados.

La competencia de la Corte

El título principal de competencia en el caso Bolivia v Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948 o Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas.

Chile ratificó el Pacto de Bogotá el 21 de agosto de 1967, con la siguiente reserva:

“Chile estima que el artículo LV del Pacto en la parte que se refiere a la posibilidad de que se hicieren reservas por algunos de los Estados Contratantes, debe entenderse al tenor del N2 de la Resolución XXIX adoptada en la Octava Conferencia Internacional Americana”

El N2 de la resolución XXIX de la Octava Conferencia Internacional Americana (que fue del 9 al 27 de diciembre de 1938) señala:

“En el caso de adhesión o ratificación con reservas, el Estado adherente o que ratifique enviará a la Unión Panamericana, con antelación al depósito del instrumento respectivo el texto de la reserva que se proponga formular, para que la Unión Panamericana lo comunique a los Estados signatarios con el fin de averiguar si la aceptan o no. El Estado que se proponga adherir al Tratado o ratificarlo podrá o no hacerlo teniendo en cuenta las observaciones que formulen sobre sus reservas los Estados signatarios”

Es decir que Chile se reserva para sí la aplicación del Pacto de Bogotá ante la existencia de reservas. Esta figura es conocida como una “reserva espejo”.

Bolivia ratificó este Pacto el 14 de abril de 2011.

Chile, el 15 de junio de 2011, presentó una nota a la OEA objetando que Bolivia poseía aun reservas al Pacto. Bolivia aclaró que la objeción de Chile no ponía en duda la competencia de la Corte.

El 12 de diciembre de 2011 Chile mandó otra nota a la OEA aclarando, que en virtud de su reserva, el Pacto de Bogotá no era aplicable entre Chile y Bolivia. Dicho de otro modo Chile hacia valer su reserva: si otro Estado tiene una reserva al Pacto de Bogotá el mismo deja de ser aplicable para Chile.

Para dejar sin efecto la reserva, Bolivia, el 10 de abril de 2013, retiró ante la OEA toda reserva en busca de que el Pacto de Bogotá. Es decir logró la plena aplicabilidad del Pacto ante la posibilidad de un contencioso entre Bolivia y Chile.

Posterior al 10 de abril de 2013 la República de Chile no objetó la vinculatoriedad y aplicabilidad del Pacto de Bogotá a un proceso contencioso entre Bolivia y Chile. Es decir aceptó la competencia de la Corte.

Excepciones preliminares

Las excepciones preliminares paralizan el proceso, pues evitan que la Corte ingrese a considerar el fondo de un asunto.

Esta caracterización debe ser comprendida en su total cabalidad, por ello lo repetimos otra vez: si Chile impugna la competencia, la Corte paraliza el proceso y se inhibe de conocer el fondo del asunto para responderse a si misma si es o no competente.

Para que las excepciones sean efectivamente preliminares deben ser presentadas a los 90 días de la presentación de la Memoria. En este caso Bolivia presentó la memoria un 15 de abril, entonces Chile tenía como plazo 90 días, es decir hasta el pasado 15 de julio.

Conforme al Artículo 79, párrafo 1 del Reglamento de la Corte, las excepciones preliminares pueden ser de tres tipos:

a. Las excepciones a la jurisdicción o competencia de la Corte;

b. Las excepciones a la admisibilidad de la demanda;

c. Cualquier otra excepción.

La excepción de primer tipo es la que hace referencia a la jurisdicción y competencia. Sobre este punto no hay mucha discusión, la Corte posee competencia por el Pacto de Bogotá. Si Chile presentó una excepción de competencia basado en el Tratado de 1904 precisó ingresar al fondo de la cuestión, entonces la Corte rechazará la excepción pues ella no puede ingresar al fondo de la cuestión en una excepción preliminar.

Pero ojo, no sólo se pueden interponer excepciones en el plazo de 90 días, sino también con la presentación de la contra memoria, incluso si se presentara también una excepción en los 90 días de plazo, en esta caso en calidad de “plea in bar”. Sin embargo, como bien lo señala el profesor Rojas, cabe destacar que las excepciones presentadas fuera del plazo de los 90 días dejan de ser excepciones preliminares, pues ya ingresan a ver el fondo del tema en cuestión.

Competencia y fondo

La CIJ ha afirmado en términos claros la diferencia entre: a) La cuestión de la competencia; y b) Las cuestiones de fondo.

En el primer caso, la cuestión de la competencia se refiere estrictamente al consentimiento de los Estados, sin ingresar a ver el tema de fondo.

En el segundo caso, se precisa que la Corte ingrese a ver el tema de fondo.

Esta diferencia, que a simple vista es clara, se vuelve sutil cuando se trata de una excepción preliminar basada en una relación de la cuestión de competencia y el tema de fondo. Es decir, si por razones del tema fondo se piensa que la Corte es incompetente.

Esta diferencia sutil, se hace más compleja cuando la CIJ ha intentado recuperar la noción misma de excepciones preliminares como aquellas que permiten que el procedimiento sobre el fondo se suspenda.

Según la definición clásica que usa la Corte “una excepción preliminar es cualquier excepción que, de ser admitida, produce el efecto de interrumpir el procedimiento en el caso y que por tanto hace aconsejable a la Corte la considere antes de entrar al fondo del asunto” (P.C.I.J. Series A/B, N.76, p.16. y recientemente en Congo vs Ruanda, 2006).

Es decir, una excepción preliminar, específicamente de competencia, debe referirse sólo a la competencia y a lo que hace posible esta competencia, y no así al fondo, pues en todo caso no cumple con el carácter lógico de “preliminar”.

Si Chile plantea una excepción preliminar sobre jurisdicción o competencia, debe demostrar que no ha dado su consentimiento por ninguna vía, para constituir a la Corte en una entidad competente. Lo cual, dados los argumentos anteriores es muy difícil de probar.

Chile no podría ingresar al fondo del asunto. Y esto es, creemos, señalar que el diferendo fue solucionado con el Tratado de 1904. Para hacer uso de 1904, y hacer uso de razonamientos que lleven a pensar que “lo que en fondo pide Bolivia según ellos”, Chile debe ingresar a mostrar a la Corte que hay un tratado (1904), que otorga libre e irrestricto acceso al mar, y que toda negociación ha sido y es en el marco de este tratado. Tal vez Chile presente estos y otros razonamientos, en este punto de la discusión no importa y además desconocemos el fondo de la excepción presentada. Lo que importa es que no puede ingresar al fondo con una excepción preliminar, si nos atenemos al carácter puro de “lo preliminar” que la Corte ha delineado en su jurisprudencia.

Por lo analizado, es muy poco probable que la excepción pueda ser procedente. Chile sólo ha buscado ganar tiempo, pues esta excepción paraliza el caso por dos años, mucho más si deba de añadirse eventos como que la Presidencia de la Corte fenece en febrero de 2015, asimismo fenecen muchos nombramientos de jueces y el Consejo de Seguridad de la ONU debe elegir nuevos jueces o ratificar a algunos en ejercicio, como se dijo al comienzo de este texto.

Entonces este trámite tardará muchos meses y mientras tanto el caso Bolivia v Chile ingresa en una congeladora por un par de años. Lo suficiente para que la sentencia de este caso se lea en la gestión de gobierno de otros Presidentes. Dicho de otro modo, debido a esta impugnación de competencia, cuando la sentencia final se lea Bachelet ya no será Presidenta de Chile.


Chile ha elegido a su juez ad-hoc

El día martes 15 de julio Chile ha elegido a Louise Arbour como jueza ad-hoc en el diferendo Bolivia v Chile, más conocido en este medio como la demanda marítima boliviana.

Louise Arbour es una jurista canadiense de 67 años, fue la Alta Comisionada de la Oficina de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ha sido también magistrada de la Corte Suprema de Canadá. Su experiencia en el campo de los derechos humanos es bastante amplia, pues fue fiscal del Tribunal Penal Internacional para los crímenes de guerra para Ruanda y la antigua Yugoslavia. Ampliamente reconocida en el mundo de los Derechos Humanos.

Es un nombramiento muy sui generis, pues no tiene experiencia en casos como el de Bolivia v Chile ante la Corte Internacional de Justicia, pues no es una especialista en Derecho Internacional Público, pero como señala el jurista Marcos Aguirre, se acerca al equipo cercano al pasado laboral del canciller Heraldo Muñoz. No debe olvidarse que Muñoz trabajó en Naciones Unidas antes de ser canciller, como lo hicieron la misma presidenta Bachelet, y los asesores de Chile para la demanda boliviana: Koh, Pinto y Grossman. Ahora se une a este equipo de ex ONU la jueza ad-hoc de Chile Louise Arbour.

Bolivia tiene algunos días para aceptar o rechazar esta incorporación. Ojalá que la acepte. Desde mi punto de vista, una buena jueza, muy amplia y abierta a los derechos humanos y en consecuencia sensible a la causa boliviana. Chile apuesta a sus contactos, pero la señora Arbour es conocida por su ética profesional al servicio de los derechos.

Parece una contradicción que Chile primero objete la competencia de la Corte y a la vez nombre a su juez ad-hoc. Ya veremos como lo toma la Corte.


* Master en Derecho Internacional Público.

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