diciembre 1, 2020

El juicio de dos magistradas

La suspensión y posterior aprobación de la proposición acusatoria contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional por dictar una resolución contraria a la Constitución Política del Estado, está bastante lejos de los cálculos electorales del oficialismo como, una vez más, la oposición ha tratado de posicionar en la opinión pública.

Desde el punto de vista político, es evidente que el argumento de la oposición, en sentido de que el oficialismo quiere controlar el TCP para introducir la figura de la reelección continua se cae por su inconsistencia, pues la CPE establece muy claramente la ruta para modificar la Carta Magna. Por lo tanto, pensar que se está haciendo cálculos para las elecciones del 2019 cuando todavía faltan un poco más de dos meses para las elecciones del 12 de octubre no es serio ni mucho menos responsable. Lo que hace es confirmar el carácter reactivo de una oposición que en sus distintas manifestaciones no es capaz de presentar una propuesta alternativa a la población.

Desde el punto de vista jurídico, es evidente que las dos magistradas enjuiciadas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional violaron la CPE cuando emitieron un fallo por el cual suspendieron la aplicación de la ley del Notariado a la sola admisión de una demanda, sin emitir sentencia en el fondo, lo que ciertamente ha perjudicado —como afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera— al funcionamiento del Estado y al ciudadano común.

La proposición acusatoria está ahora en manos del Senado y habrá que esperar el plazo que establece el procedimiento para este tipo de casos. El juicio no estará exento de interpretaciones electorales de parte de la oposición, en un momento en que no encuentra el camino para disminuir la amplia ventaja que el MAS le tiene.

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