noviembre 26, 2020

¿Dónde fueron los recursos de ocho años de gestión?

A menos de dos meses para el día de las elecciones el discurso de los candidatos se vuelve candente y como era de esperar se concentra cada vez más en la parte económica, toda vez que resulta ser, incluso para los más escépticos, la principal fortaleza de este Gobierno.

Algunos de esos candidatos en un intento de plantear una agenda temática, a falta de propuestas serias y concretas, acompañados de datos un tanto paupérrimos tratan de cuestionar el destino de USD120.000 millones que se habrían “malversado” durante el periodo 2006 – 2013.

El primer error en el que incurren resulta ser el aritmético y económico, ya que la suma total de los presupuestos consolidados del Estado de ese periodo ascienden a USD117.335 millones, considerando la evolución del tipo de cambio.

Comparativamente la cantidad de recursos administrados equivale a más de tres veces lo dispuesto durante el periodo 1998 – 2005 (USD33.032 millones), desde luego en un contexto de políticas distintas. No es desconocido que entre 1985 y 2005 los que ahora son candidatos de oposición formaron parte de los gobiernos que privatizaron las empresas estratégicas de todos los bolivianos, por lo que el nivel de ingresos era pequeño y la pobreza grande.

En el contexto actual el país recobró su soberanía con la aplicación de un modelo y políticas económicas que responden a un protagonismo estatal en la actividad económica, basado en la recuperación de los recursos naturales, apropiación del excedente y su redistribución, que posibilitaron el incremento sustancial de los ingresos nacionales.

El segundo error en el que incurren es que asumen que el total de esos recursos son administrados por el nivel central, haciendo gala de un desconocimiento de las normas y competencias institucionales, cuando en realidad el presupuesto esta compuesto por 544 entidades de las cuales 67% son administradas por autoridades electas (339 alcaldías, 9 gobernaciones y 14 universidades) y no simplemente por los Ministerios del Órgano Ejecutivo.

El 30% del gasto público total de ese periodo fue administrado por el nivel central, el 21% por las alcaldías, gobernaciones y universidades, 36% por las empresas publicas, el 13% restante por las entidades descentralizadas, de seguridad social y financieras.

Durante el periodo señalado, un 18% fue destinado a inversión pública, 15% al pago de salarios (la mitad para Magisterio, Médicos, Policías y Militares), 18% a la compra de insumos para la producción y comercialización de hidrocarburos por parte de YPFB, 10% para los gastos de operación y de funcionamiento del resto de las entidades, 5% por el pago de la deuda, 4% para las rentas de nuestros jubilados, 4% por concepto de políticas sociales como la Renta Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azurduy; 21% corresponde a saldos de caja y bancos, y gastos devengados de la gestión anterior, este último conocido comúnmente como “deuda flotante”, aquellos servicios como sueldos y servicios básicos, cuyas planillas y facturas del mes de diciembre se pagan en el mes de enero. El otro 5% corresponde a otros gastos que se destinan principalmente al pago de aportes a la seguridad social, beneficios sociales y otros.

Es evidente que esta forma de administración ha sido fundamental en el logro de los resultados que hoy vive el país, incluyendo los superávits fiscales después de 66 años de continuos déficits, mismos que han sido motivo de elogio a nivel internacional, que a diferencia de anteriores gobiernos no se conoce el destino de los recursos que administraron por años.


* Economista

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