noviembre 26, 2020

Una evaluación de la minería en Bolivia

por: Luis E. Loredo Medina y Humberto S. Zambrana C.

Cada fin de año suelen evaluarse los fenómenos sociales con un ritualismo formal y a gusto de la tecnocracia, en apariencia imparcial. En esta evaluación militante y sin ningún ritual, empezamos destacando la aprobación en mayo de éste año de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535. Su promulgación no fue fácil al ser instrumentada por una burocracia que no quiso entender siquiera el carácter plural [1] de la economía y menos aún el proceso epocal de cambio y transición revolucionaria que vive Bolivia.

Detrás de ella nuevamente se filtró y manifestó el interés transnacional, sea en su forma empresarial o cooperativa para que a través del control de la producción, del rescate y mercadeo al exterior de los minerales y concentrados, se exporte la mayor cuantía posible de excedentes remozando la vieja relación extractivo-exportadora y dependiente, con la burguesía criolla siempre en un rol cipayo de socia minoritaria del capital extranjero y la subsunción de las cooperativas.

Sin embargo esa burocracia quintacolumnista fue barrida en el tramo final y se promulgó la ley que pese a sus limitaciones en cuanto a favorecer intereses privados y de grupos corporativos, al deterioro y relajamiento de la “responsabilidad y competencia del Estado en el control y manejo de los recursos naturales estratégicos” y del respeto a los “derechos de la Madre Tierra”, [2] posibilita el fortalecimiento de la economía estatal con la transformación y promoción de la COMIBOL como una empresa estratégica nacional y un motor generador de excedentes para el desarrollo social y económico del país.

Con ése marco jurídico-institucional, la COMIBOL debe encaminarse a industrializar las materias primas y a desarrollar encadenamientos productivos que transformen a los minerales en bruto, metálicos y no metálicos, agregándoles valor previamente a su exportación. La atención y el cumplimiento adecuado de este objetivo requieren a la vez una planificación, así como el despliegue orgánico e intensivo de las “actividades de prospección, exploración, explotación, concentración” [3] así como las de industrialización fundición y comercialización soberana de la producción.

Ello es consecuente con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional donde se establece que “la industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios”, además de la priorización en cuanto a articular la extracción de los “recursos naturales con el aparato productivo interno” [4]

La industrialización y fundición de materias primas mineralógicas agregándoles valor al interior de la economía nacional y por empresas parte de la COMIBOL, genera en sí altos efectos multiplicadores en el ingreso y la transformación de la matriz productiva sectorial. Ello y la mediación del Estado, a su vez garantiza la generación de efectos redistributivos del ingreso, otorga mayor poder de compra la población y expande la demanda efectiva.

Aquí radica precisamente el potencial económico resultante de la nacionalización de los recursos naturales, generador de excedentes productivos controlados directamente por el Estado, para usarse internamente no sólo con fines economicistas como la reposición y depreciación del equipo y maquinaria, la re-inversión y ampliación del capital de trabajo, la nueva inversión, entre otros, sino para atender las necesidades de vida de la población y el desarrollo social integral particularmente de las clases populares que en el pasado fueron mayoritariamente marginadas.

La reactivación después de 30 años de la fundidora de Karachipampa es un otro hecho destacable este año; su horno fue encendido en enero de 2013 y se habilita para producir lingotes de plomo y plata con calidad del 99.9%. Su producción insumiría un tercio de la producción diaria de concentrados de estos minerales de la privada San Cristóbal, cuya materia prima tendría que ser vendida a la fundición estatal a un precio que cubra los costos de producción, más un margen de utilidad razonable y pagos de tributos y regalías, sin alinearse al precio internacional de los mismos.

Esa fundidora y la de Vinto – Oruro [5] que en 1999 se transfirió a una empresa transnacional a un precio de $us 14.7 millones siendo que el Estado había invertido $us 140 millones desde su implementación en 1970, son emblemáticas en la economía política boliviana del siglo XX y representan un desafío como parte de la nueva COMIBOL, en cuanto a superar el modelo primario exportador y la dependencia del mercado internacional.

Es relevante articular la producción de los concentrados mineros como materia prima con su fundición en el país. [6] Este fue uno de los objetivos incumplidos en el capitalismo de Estado, resultado de la llamada “revolución nacional” de 1952, que casi fue totalmente neutralizado por el neoliberalismo (1986-2005). Sin embargo, la industrialización de los minerales, metálicos y no metálicos, sólo está aun larvariamente ligada con la producción de maquinaria, equipos, material de construcción como el fierro y de bienes de consumo final en general, sustitutiva de las importaciones.

Asimismo se debe avanzar más en el control de los excedentes productivos como en la comercialización directa y a gran escala de la producción de la COMIBOL y del sector minero metalúrgico en general, librándola de las redes de rescatadores e intermediarios particularmente en la exportación. La CPE establece también que “en la comercialización de los recursos naturales y energéticos estratégicos, el Estado considerará, para la definición del precio de su comercialización, los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deben pagarse a la hacienda pública”. [7]

Por último, cabe referirse al descenso del precio de nuestros principales minerales, a la fecha con el nivel más bajo desde mayo de 2013, pero en una coyuntura con precios favorables en el mercado internacional durante los primeros seis meses de éste año, principalmente apoyada en la demanda de EE.UU, China y Europa. Empero en el segundo semestre de este año, el precio de nuestros minerales mostró un descenso que en algunos casos llega a más de 5% en comparación con su nivel promedio alcanzado en 2013.

Tal descenso responde a varios factores, destacándose la contracción de la demanda en China que absorbe alrededor del 45 % de la oferta mundial y que ha sido cubierta por otros países como Filipinas y Myanmar entre otros como productores de estaño. Otro factor es la crisis en Europa donde el crecimiento se ha estancado en los últimos cuatro años.

Un otro factor que induce a la baja del precio de los minerales principalmente del oro, es el fortalecimiento del dólar en condiciones en que la mayoría de las materias primas se comercializan a nivel mundial con esta divisa, originando una depreciación de las otras monedas fuertes respecto del dólar. Asimismo también influye el efecto demostración de la caída del precio del petróleo.

Se espera que al finalizar el 2014 baje aún más el precio del hierro que no es parte de nuestros minerales de exportación, seguido de una baja del precio del cobre. No obstante en 2015 no se espera cambios significativos en el precio del estaño y el plomo mientras que el precio del zinc y del níquel podría incrementarse en 13 y 16%, respectivamente, con relación a su precio promedio de éste año que finaliza, si se diesen una recuperación de la economía estadounidense y mejores condiciones macroeconómicas en los países desarrollados en general.


1 Alfredo Rada V. a tiempo de anotar que en “la construcción del programa de gobierno” para el periodo 2015-20 se partió de “grandes avances conseguidos en los ocho años anteriores”, plantea consolidar y fortalecer “el nuevo modelo económico social y comunitario que no es el de economía plural por ser ésta una noción conservadora”, como “una de las tareas más importantes y decisivas” del proceso de cambio. “La Razón, Suplemento Animal Político”, 16/2/2014: “El liderazgo social, el bloque revolucionario y la construcción programática”.

2 Arturo D. Villanueva I.: “Ley minera: para evitar la corporativización legislativa” y “Vladimir Díaz C.: “Hay que parar esta nueva ley minera desnacionalizadora”, en “Escuela de Formación Política-Construyendo el Cambio Revolucionario hacia el Socialismo Comunitario”: http://escuelanacionaldeformacion.blogspot. com/

3 Textos del artículo 61, numeral I, de la Ley Nº 535.

4 Artículo 319º, numeral I, de la CPE.

5 Que funde principalmente estaño y fue construida para tratar los concentrados de las minas de Huanuni, Colquiri, Catavi y Santa Fe, entre otras

6 Cabe destacar la producción de las empresas de COMIBOL en Quechisla y Coro Coro, que producen bismuto y cobre metálico respectivamente.

7 Artículo 319, numeral II.

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