noviembre 24, 2020

Tercera gestión del MAS, la amenaza externa

por: Fernando Mayorga

El tercer mandato de Evo Morales se inicia en enero de 2105 enfrentando un contexto económico externo que conlleva factores de riesgo para la continuidad y profundización del “proceso de cambio”, un riesgo inexistente en las dos anteriores gestiones bajo la conducción del MAS. Como contrapartida, el contexto interno muestra rasgos de estabilidad política y continuidad institucional que se constituyen en recursos idóneos para la ejecución de una estrategia gubernamental dirigida a mitigar el impacto de la caída del precio del petróleo que, más temprano que tarde, afectará a la “economía del gas”, uno de los sostenes del patrón de desarrollo, puesto que el precio del gas natural está indexado al del petróleo. Como se sabe, el patrón de desarrollo boliviano es una combinación de estabilidad macroeconómica, elevados ingresos por exportación de materias primas, inusitado crecimiento de reservas internacionales y redistribución de excedentes estatales incrementados por la nacionalización de los hidrocarburos.

Esta situación podría modificarse si se reducen los ingresos por la venta de gas a Brasil y Argentina que constituyen más de la mitad de las exportaciones. Como señala la CEPAL, la economía boliviana se sostiene en un patrón primario-exportador puesto que casi el 90% de los ingresos depende de la exportación de materias primas y alrededor del 70% corresponde a hidrocarburos -sobre todo gas natural-, y minería, cuyos precios también descendieron. La economía se constituye en el tema central de la agenda del tercer gobierno de Evo Morales. Su importancia es crucial y no se limita a la esfera económica, tal como reconoció, implícitamente, Evo Morales al afirmar: “ahora vamos a ver si somos proceso… somos revolución o no” (Página Siete, 20 de diciembre 2104). En suma, está en juego la sostenibilidad del proyecto estatal y, también, la cualidad estructural de las transformaciones ante una amenaza coyuntural.

Otros asuntos de carácter aparentemente secundario para las necesidades del gobierno pero de importancia estratégica para la edificación del Estado Plurinacional se refieren a temas institucionales. Por un lado, la necesaria renovación/reestructuración de los órganos judicial y electoral por necesidades de legitimidad y eficiencia; por otro lado, la consolidación de las autonomías departamentales e indígenas, por su importancia para la ejecución de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y la cristalización de la democracia intercultural que definirán la cualidad institucional del Estado Plurinacional.

Para evaluar las condiciones del accionar gubernamental es preciso realizar un esbozo del pasado. La primera gestión del MAS se caracterizó por la polarización política en el marco del proceso constituyente y la aprobación del Estado Plurinacional, cuyos alcances fueron limitados debido al accionar de la oposición regional y parlamentaria. El rasgo sobresaliente en esta etapa fue la combinación entre “gobierno dividido” (la oposición controlaba la cámara alta) y “pugna vertical de poderes” (mayoría de prefectos eran rivales del presidente) que provocó una situación de crisis resuelta con la aprobación de la CPE.

El segundo gobierno de Evo Morales se distinguió por el crecimiento económico y el impacto de las políticas redistributivas, así como por el rechazo a varias decisiones gubernamentales. Los conflictos en torno al “gasolinazo” y al TIPNIS pusieron en evidencia los límites del decisionismo presidencial pese a la concentración de recursos de poder institucionales en el MAS. El partido de gobierno tuvo el control de las dos cámaras y la mayoría de las gobernaciones con un poder inmune al control multipartidario (parlamento) y contramayoritario (órgano judicial). Sin embargo, sus decisiones fueron revertidas por la movilización ciudadana denotando los límites de la capacidad hegemónica del proyecto estatal. Por esa razón, la segunda gestión se caracterizó por una construcción minimalista del Estado Plurinacional reforzada con un giro programático en el proyecto gubernamental dirigido a ampliar –diversificándola– su base social de apoyo.

Ese giro programático fue una respuesta a la pérdida de popularidad de Evo Morales y se expresó –en 2013- en la adopción de la Agenda Patriótica del Bicentenario como programa de gestión estatal; también se manifestó en la realización de cumbres con la participación de actores sociales antaño ausentes en el discurso oficialista, como los empresarios. Ese giro tuvo varios efectos políticos y explica, en cierta medida, la victoria electoral de Evo Morales; también –una consecuencia no buscada- estableció algunas pautas para la definición de la estrategia dirigida a enfrentar la caída del precio del petróleo. Me refiero a la confluencia de intereses entre el gobierno y el empresariado cruceño en torno a la ejecución de la Agenda Patriótica en el rubro de seguridad alimentaria y que, en la actualidad, aparece como una opción para resistir los impactos de un contexto económico externo desfavorable.

Es decir, en la medida que no se ha modificado el patrón primario-exportador puesto que las inversiones en industrialización tendrán resultados a mediano y largo plazo, las acciones gubernamentales se dirigen –al margen de las medidas en hidrocarburos– a propiciar alianzas con sectores empresariales para orientar las inversiones al incremento de la producción agrícola y agropecuaria. Es decir, la visión gubernamental pretende convertir una amenaza en una oportunidad apuntando a modificar la centralidad de los hidrocarburos y minerales en el patrón de desarrollo. En suma, encara la transformación del patrón de acumulación en modelo de desarrollo cuyos contornos se definirán en la tercera gestión del MAS. Sin duda, un aspecto crucial será la consecución de puntos de equilibrio entre intereses empresariales y derechos colectivos indígenas.

Respecto a los desafíos político-institucionales las tareas son sencillas. El MAS controla el proceso político decisional porque mantiene su mayoría calificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ende, en sus manos está la renovación de los órganos electoral y judicial. La transformación de la entidad electoral en órgano de Estado no cumplió su propósito debido a errores en la conducción de una institución que, al margen de su desempeño en los procesos electorales, no se constituyó en la instancia capaz de encarnar la democracia intercultural, el principal aporte institucional del “proceso de cambio” al debate global sobre la democracia. La única responsabilidad de la bancada oficialista, en agosto, será apuntalar un proceso de elección de autoridades electorales con base en la meritocracia. Una decisión similar deberá adoptar respecto al órgano judicial, ya sea en la preselección de candidatos o en su designación congresal, aunque es previsible que el referéndum sugerido por el poder ejecutivo defina otro procedimiento habida cuenta del fracaso de la elección popular de magistrados. En ambos casos, el oficialismo debe evaluar el rol del órgano ejecutivo en el funcionamiento del Estado Plurinacional pensando en la legitimidad de sus decisiones y en la calidad de la democracia boliviana. Esta renovación institucional debe acoplarse al fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, al margen de los resultados en los comicios de marzo. De ello depende la ejecución eficaz de la Agenda Patriótica, otra manera de paliar los efectos negativos de la caída del precio del petróleo sin encadenarse a la coyuntura.

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