diciembre 1, 2020

La fiscal y la diputada

por: José Luis Exeni Rodríguez

Cuando a fines de noviembre del año pasado, Patricia Santos fue posesionada como nueva fiscal de Distrito del departamento de La Paz, su mensaje de lucha contra la corrupción de sus colegas fiscales –huelgan casos y denuncias– fue tan claro como propicio: “vamos a hacer el seguimiento detallado y además vamos a poner mano dura, porque es necesario poner fin a este tipo de situaciones en que dicen ‘están cobrando”. Buena señal para el Ministerio Público, buen inicio de la flamante autoridad.

Mano dura contra los fiscales que, para actuar o no hacerlo, “están cobrando”. Listo. Lo que no sabíamos es que la fiscal, cuando hizo tal declaración pública, llevaba más de dos años viviendo en un departamento sin pagar alquiler. En otras palabras: ella y su esposo decidieron vivir gratis, burlándose de la propietaria del inmueble, cuyos intentos por denunciar el hecho y obtener justicia fueron vanos. ¿Habrá mano dura también contra las y los fiscales que, abusando de su poder, “no están pagando”?

Como resultado de la presión de algunos medios de comunicación que pusieron el tema en la agenda pública –en especial Erbol–, la pareja comprometió la devolución del inmueble y el pago de los 33 meses de renta adeudados. Es evidente que tal acuerdo se produjo debido a que la fiscal fue expuesta ante los reflectores mediáticos, que incluso obligaron al Fiscal General a darle 48 horas de plazo para que “solucione su contrariedad” (sic). Lo que es negado por la amañada justicia, está visto, lo logran los medios.

En otro ámbito, gracias a la postura firme de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, las y los ciudadanos nos venimos a enterar que la diputada opositora Norma Fiérola se cree propietaria de una oficina en la Cámara de Diputados. La reelecta señora se asumió dueña de dicha oficina pública incluso cuando había renunciado a la Asamblea para postularse en las pasadas elecciones de octubre. Y se negó a la entrega del ambiente y de los activos correspondientes. Qué malas artes, diputada.

“Esas no son las maneras de hacer eso en una institución pública. Si está acostumbrada a manejarse de esa manera en su casa no es problema de la Cámara de Diputados. No vamos a permitir caprichos de parte de nadie”. Así de clarito se lo dijo la presidenta Gabriela Montaño. Entonces, madame Fiérola, más allá de sus conocidos modales, que son cosa suya, lo que usted no puede hacer es apropiarse de un espacio público como si fuera su tienda privada. Ni que hubiese alquilado el local, pues, como la fiscal.

Más allá de estos simbólicos casos, quedan para el debate las (no) fronteras entre lo público y lo privado. Cuando una periodista le preguntó a la fiscal Santos sobre la denuncia en su contra ella se negó a tocar al asunto: “son cosas personales”. ¿En serio? ¿Que una fiscal de distrito no pague 33 meses de renta es algo personal? ¿No será más bien un asunto público? ¿Y qué extravíos pasarán por la cabeza de la diputada Fiérola al querer apropiarse, para su uso privado, de una oficina pública?

La justicia boliviana está en crisis. Eso lo sabemos todos. Como lo están el Ministerio Público, otras instituciones, la oposición política… Lo público, de verdad, merece mejor suerte.

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