noviembre 27, 2020

La perspectiva política del Pacto Fiscal

por: Gonzalo Zambrana Ávila 

El tratamiento del Pacto Fiscal debe tener una mirada política, que se sitúe en los marcos del modelo autonómico y de desarrollo plasmados en la Constitución Política del Estado.

La discusión del pacto fiscal se ha convertido en los últimos meses en uno de los temas de las reflexiones autonómicas debido principalmente a los intereses electorales de la oposición que han pretendido utilizar el tema para criticar al gobierno por el retraso en la publicación de los resultados oficiales del censo y en base a ello presionarlo sobre un tema que todos saben que es de gran relevancia política y por tanto electoral, como es el cumplimiento de la Disposición Decima Séptima de la Ley Marco de Autonomías la cual definía un plazo de 6 meses, después de publicados los datos oficiales del censo, para la presentación de una propuesta técnica sobre el pacto fiscal al Consejo Nacional de Autonomías, para iniciar el proceso del Pacto Fiscal. El Gobierno ha instalado el funcionamiento del Consejo y ha recibido la propuesta técnica por las instancias competentes dando cumplimiento al artículo referido en todos sus términos y el tema ha desaparecido de los discursos electorales porque ya no es tema que se pueda criticar al Gobierno.

Nostalgias neoliberales

Sin embargo, desde hace mucho tiempo y particularmente desde la formulación de la Ley Marco de Autonomías una serie de actores han estado reflexionando y proponiendo lineamientos de diferente alcance, referidos al Pacto Fiscal. El Pacto Fiscal evidentemente ha sido gestado en tiempos neoliberales como parte del modelo autonómico neoliberal que concebía las autonomías municipales como un valor en sí mismo, competitivas y complementarias al achicamiento del Gobierno Central; ahora, más allá de criterios técnicos de distribución equitativa, ecualización, eficiencia, etc. etc. en los la distribución del excedente, el tema del Pacto Fiscal se ha convertido en una preocupación de muchos de los constructores del modelo autonómico neoliberal plasmado en la Ley de Participación Popular y desde un enfoque más operativo se ha convertido en una reivindicación de los segmentos neoliberales más conservadores asentados en las gobernaciones de Santa Cruz y el Beni a través de su propuesta de una distribución paritaria (50-50) para el gobierno central y los gobiernos autonómicos de los recursos financieros.

Al revisar las múltiples reflexiones y propuestas que, sobre el Pacto Fiscal, se han realizado en diferentes escenarios, principalmente externos al gobierno, para interpretar el fundamento teórico del modelo de autonomías continua siendo el que se configuro a partir del proceso de la Participación Popular y en muy pocos casos se está haciendo el esfuerzo de entender que Bolivia está reconfigurando completamente el modelo de Estado y por tanto el modelo autonómico, aunque avanzando lentamente y con dificultades está concebido para ser parte de los esquemas gubernativos y territoriales del Estado Plurinacional y por definición ideológica se diferencia completamente del modelo autonómico neoliberal, aunque por ahora todavía este utilizando componentes instrumentales gestados desde la formulación de la Ley 1551 y otros procesos anteriores a la formulación de la Constitución Política del Estado.

Evidentemente, una parte importante de las estructuras normativas e institucionales de las épocas neoliberales aún se mantienen, como la Ley 843 que es el sustento de la teoría neoliberal del derrame, pues pretende promover la acumulación de capital como instrumento, de mejoramiento de la condiciones de vida de la población, lo cual está a contrapelo del modelo de desarrollo propuesto en la Constitución Política de Estado y las políticas redistributivas del Gobierno. Por otra parte el Sistema de Planificación Integral del Estado aún no se ha puesto a tono con las necesidades de construcción del Estado Plurinacional y mantiene aún el instrumental teórico y metodológico legado por el neoliberalismo.

El año 2104, el Concejo Municipal de La Paz organizo un evento denominado “De la Participación Popular al Estado Autonómico” y ahí presentaron exposiciones varios de los funcionarios que tuvieron a su cargo la construcción de la Participación Popular, estas exposiciones, como es obvio, estuvieron cargadas de posiciones ideológicas no explicitas, pues de manera general se desacredito en forma subjetiva el modelo autonómico actual, denotando así una nostalgia y añoranza de los tiempos neoliberales de la Participación Popular, demostrando además una total falta de comprensión de la realidad boliviana.

Pacto fiscal neoliberal

Uno de los aspectos más destacados en este discurso nostálgico neoliberal y que de manera natural está influyendo directamente en las reflexiones y propuestas para el Pacto Fiscal es, la intención de mostrar que las autonomías tienen un valor en sí mismo y que sin importar el modelo de Estado “se deben fortalecer estos escenarios de gobierno para hacer más oportunos, eficientes y extensivos los servicios a la ciudadanía” y como complemento, se supone que el modelo autonómico actual es una extensión mal gestionada del modelo de la Participación Popular, es decir una visión “apolítica” que en realidad se constituye en una posición conservadora neoliberal nostálgica.

Sobre la base de esta visión política-ideológica conservadora se han ido configurando la diversidad de propuestas que, con más o menos instrumentos técnicos, consideran que el Pacto Fiscal, está al margen de la política, el tipo de Estado y el Modelo de Desarrollo y por tanto se concentran en una discusión de criterios de equidad, oportunidad, suficiencia, etc. en la generación y distribución de los recursos financieros para el funcionamiento de los diferentes tipos de autonomías. En general se identifican los siguientes aspectos:

• Distribución equitativa de las transferencias de recursos de coparticipación, IDH y otros

• Mejoramiento de los ingresos propios a pesar de las limitaciones de la Ley de Clasificación de Impuestos.

• Endeudamiento autonómico

• Aclaración y definición de roles entre los diferentes niveles de gobierno y costeo competencial

• Eficiencia en la ejecución de recursos y aplicación de criterio de medición de resultados.

• Equilibrio, sostenibilidad y neutralidad fiscal.

Por otro lado existen algunas propuestas institucionales como la de la Federación de Asociaciones Municipales que con mejor criterio político sitúa la discusión del Pacto Fiscal en un escenario más amplio que la distribución de recursos financieros, sin embargo considera que para e inicio del proceso de concertación del Pacto Fiscal se debe efectuar previamente una redistribución del IDH.

La propuesta de los Gobiernos Departamentales de Beni y Santa Cruz, es un ejemplo de un alto contenido ideológico conservador, en la línea de su discurso autonomista que hace unos años se tornó en separatismo. Según su concepción “el Pacto Fiscal es el acuerdo entre el Gobierno Central, los Gobiernos Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas y las Universidades Públicas con los objetivos de garantizar la autonomía en la gestión y administración de los recursos asignados a cada uno de éstos, además de las fuentes de financiamiento necesarias para el ejercicio de las competencias transferidas”.

Efectúa una serie de observaciones relacionadas con los recursos necesarios para el ejercicio de los diferentes tipos de competencias y la necesidad de que el Gobierno Central tenga menos participación en las definiciones financieras de los gobiernos autonómicos. La propuesta sugiere que de los recursos de Coparticipación Tributaria modifiquen su distribución reduciendo la participación del Gobierno Central al 50%, para mejorar la participación de los actores que coparticipación de estas transferencias. Por otra parte propone la reasignación a los departamentos de los impuestos a las Transacciones Financieras, al Juego, a la Participación en Juegos y los regímenes Integrado y Agropecuario.

Y, ¿en que basa esa propuesta de reducción de recursos del Gobierno Central?, esto ya es más o menos conocido, pues además de las reivindicaciones regionales históricas, la necesidad de mantener los privilegios de poder que las oligarquías cruceñas perdieron en el Gobierno Central y el supuesto de que las autonomías son un mecanismo automático y apolítico de eficiencia en la gestión del desarrollo territorial, la propuesta de la Gobernación de Santa Cruz, al pretender reducir los ingresos del Gobierno Central, está expresando claramente su conservadurismo neoliberal pues además de las insuficiencias técnicas de su “sencillo” esquema 50-50, pretende mantener un modelo de autonomías que evidentemente no corresponde al modelo autonómico derivado de la Constitución Política del Estado y, la ratificación de esta posición político-ideológica conservadora de la Gobernación de Santa Cruz (que es seguida a pie juntillas por la Gobernación del Beni), es el bloqueo que han realizado a la elaboración de su Estatuto Autonómico porque no les interesa adecuarse a la Constitución Política del Estado.

Pacto fiscal para la construcción del Estado Plurinacional

Entonces, la discusión del Pacto Fiscal debe superar la nostalgia neoliberal a la que quieren conducir algunos operadores nostálgicos del neoliberalismo como las Gobernaciones de Santa Cruz y Beni y asimismo o algunos técnicos que andan difundiendo las virtudes intrínsecas y neutras de las autonomías, proponiendo que los temas a tratar se reduzcan únicamente a los aspectos de distribución del excedente.

El tratamiento del Pacto Fiscal debe tener una mirada política, que se sitúe en los marcos del modelo autonómico y de desarrollo plasmados en la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, el Pacto Fiscal, tiene que ser considerado como un instrumento, muy importante, del proceso autonómico y este, a su vez, debe situarse como un componente territorial gubernativo de la construcción del Estado Plurinacional; es decir, el proceso autonómico y por tanto las ETAs, desde el marco constitucional y competencial, no deben ser concebidas como entidades con valores e intereses intrínsecos, diferenciados del interés nacional como se plantea, por ejemplo, en la Propuesta del 50-50 de las Gobernaciones de Santa Cruz y Beni.

Es evidente que la ETAs deben responder a necesidades específicas de las poblaciones de sus jurisdicciones territoriales como, recojo de basura o transporte urbano, por ejemplo, pero existen funciones de mayor complejidad que requieren una articulación interautonómica vigorosa tanto entre ETAs, como con el Gobierno Central. Por ejemplo, la apremiante necesidad de la diversificación económico-productiva, para superar la dependencia del extractivismo requiere instrumentalizar los complejos productivos integrales o enclaves productivos cuya base territorial supera la colonial división política municipal y departamental, por lo que su tratamiento solo puede ser gestionado bajo criterios territoriales regionales y una articulación multinivel.

Pero, si bien las ETAs, tienen la responsabilidad indelegable de responder a necesidades básicas locales concretas, su función central radica en su articulación con el Gobierno Central para la construcción conjunta de Estado Plurinacional, que ha definido un modelo de desarrollo orientado al socialismo comunitario en base a la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales y un esquema de redistribución de la riqueza que avanza simultáneamente. Cabe recordar que estos temas están establecidos en la Constitución Política del Estado y, como política pública, ha sido apoyada en sucesivas elecciones por dos tercios de la población boliviana.

Finalmente debe quedar claro que el modelo de desarrollo, basado en un modelo autonómico articulado al carácter integrado del desarrollo territorial nacional, para el cumplimiento del mandato constitucional en la construcción del Estado Plurinacional, requiere de esfuerzos planificadores territoriales muy vigorosos y en ese sentido se debe recuperar la concepción inicial del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Planificación cuyos fundamentos se basaban en la integralidad del desarrollo y la articulación territorial como base del desarrollo territorial.


* Economista – Magister en Dirección y Gestión del Desarrollo Local.

Be the first to comment

Deja un comentario