noviembre 28, 2020

Pacto Fiscal o Contrato Social

por: Max Murillo Mendoza

El paso de los años muchas veces tiene efectos contradictorios. Por un lado las muchedumbres olvidan fácilmente los complejos procesos que implicaron el recuperar la dignidad del país; y por otro, la incipiente comodidad y oportunidades tienen también efectos de triunfalismos incluso baratos, que opacan los verdaderos efectos y resultados de los avances en lo económico, social y de inclusión en general de las poblaciones más pobres. Es verdad que Bolivia es vista como un país que cambia, que se modifica y se transforma en un país más estable y desarrollado, lo que muchas de las veces es confundida miopemente para ser vista como un país desarrollado o medianamente desarrollado. En términos reales nuestro ingreso per cápita sigue siendo el más bajo de la región comparativamente, apenas con $us, 2. 700, es de lejos bastante bajo frente al de nuestros vecinos. Que hemos mejorado significativamente es cierto; pero que cantar victoria es de ingenuos y sospechosamente triunfalista. Nuestro país sigue siendo pobre, marginal y con pobreza extrema preocupante. Los impactos sociales se sentirán recién en unos 10 o 15 años más, cuando las políticas de Estado sean sostenibles y los beneficiarios hayan tenido realmente los cambios que se piensan hoy en día. Sin embargo las líneas asumidas son prometedoras. La redistribución de la riqueza es mucho más inclusiva y democrática, sobre todo hacia las regiones y poblaciones históricamente postergadas y marginadas.

Históricamente gran parte de las poblaciones fueron excluidas y marginadas desde el mismo Estado republicano colonial. Hoy los pueblos y las culturas tienen enormes expectativas del Estado Plurinacional en construcción. Eso tiene que ver con las expectativas económicas, y de oportunidades para la producción, desarrollo, de comercio interno y externo. Tiene que ver también con el acceso a los beneficios de educación, salud, vivienda y trabajo, como derechos que jamás se tenía en la época del Estado republicano colonial. En definitiva, los cambios que se están generando ayudan a modificar los escenarios de las regiones, donde se define con más claridad las inversiones que el Estado exige, planifica y ejecuta. Las instituciones matrices estatales, como las gobernaciones y las alcaldías, tienen que ser más operativas y de coordinación constante con las exigencias del Estado central. Así las visiones de las naciones y pueblos, empiezan a ver al Estado ya no como el instrumento de represión y saqueo de los recursos, sino como un instrumento que ayuda y promociona el desarrollo de todas las regiones. Visiones que en sí mismas son importantes, porque las visiones que tradicionalmente se consumían hacia el Estado eran negativas y autodestructivas: el Estado servía sólo para enriquecerse y aprovecharse en beneficio personal y familiar. No existían otras visiones hacia el Estado, porque las prácticas desde ella no eran precisamente las que se deseaban idealmente.

Bolivia es uno de los países más pobres del hemisferio y del mundo. Pero eso era visto como normal, es decir era normal en Bolivia tener miseria y pobreza, casi como un deporte aceptado y de consumo interno como externo. Los partidos políticos tradicionales, las instituciones de desarrollo y casi todas las demás instituciones se peleaban por tener pobres en sus filas, sea a nombre de militantes, beneficiarios o de caridad. Sobraban pobres para las fotos. Y las mejores fotos eran aquellas donde los pobres sonreían a pesar de su pobreza. Indios, obreros, mineros y mujeres pobres eran las fichas más deseadas para el turismo y la política. No preocupaba a las élites ni mucho menos el tener un país pobre y miserable, era la justificación de la existencia elitista y colonial. La insistencia en estos aspectos del pasado es muy importante, pues hay una sociología renegada y del resentimiento que insiste en que seguir hablando del pasado, y seguir machacando e idealizando el pasado simplemente perjudica, no hace posible hablar del presente y del futuro, lo cual es absolutamente falso y denota grados de resentimiento de aquellos sectores sociales antes privilegiados, y dueños de la renta económica del país, a quiénes les cuesta aceptar las nuevas realidades y visiones de Estado. A quiénes les cuesta aceptar las nuevas reglas de juego en Bolivia, más democráticas e inclusivas respecto de lo económico.

El Pacto Fiscal debería ser una oportunidad para un nuevo Contrato Social. Es decir para un nuevo Pacto Social. Esto es rayar la cancha de las relaciones entre las regiones, sus demandas e intereses, con el Estado central. El fortalecimiento del nuevo Estado tiene que incluir efectivamente lógicas de relacionamiento con las regiones, en los marcos de los nuevos escenarios establecidos en las luchas y conquistas sociales populares desde inicios del siglo XXI. El referente más importante es ciertamente la inclusión de las nacionalidades originarias, que son los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado, de los sectores marginados y empobrecidos bajo la lógica del Estado republicano colonial. Sin esta condición de inclusión económica y social no sería sostenible democracia alguna en nuestras realidades.

Las distintas regiones tienen también que forjar sus propias marchas, en sus propias construcciones. Las élites económicas y políticas, que provienen desde las épocas coloniales y republicanas, dueñas hasta hace poco de las instituciones y espacios regionales, empiezan a ceder dichos espacios por empuje de las conquistas políticas de las organizaciones sociales y populares. Y esas conquistas tienen que estar reflejadas en este proceso del Pacto Fiscal. Al final, las reciprocidades son importantes en nuestras culturas y los movimientos sociales y nacionalidades originarias están esperando esas reciprocidades, a sus sacrificios de forjar en sus luchas y conquistas un nuevo Estado, ojalá inclusivo y de corte humano y social. Pero quedan todavía enormes tareas para la consolidación del nuevo Estado. Probablemente enormes sacrificios por otro lado.

La economía y las finanzas, tan prostituidas y deslegitimadas en estos años por los países centrales industriales, o capitalistas, por la manera de manejarlas siempre en detrimento de los más pobres del mundo, son materias necesarias e importantes. Cuando están dirigidas transparentemente. Cuando su ciencia y sus intenciones están dirigidas a resolver la pobreza y las injusticias sociales, cuando no son objeto de oscuros ejercicios elitistas y corruptos que sólo empobrecen a miles de millones de habitantes. Los Estados contemporáneos tienen hoy ese papel de rescatar a las ciencias económicas y sus variantes, en favor de lo que siempre debieron ser: instrumentos para transparentar las inversiones y las finanzas. No materiales de corrupción de las élites capitalistas mundiales. En nuestros procesos sociales, para entablar combates contra la pobreza y la marginalidad, la economía es un punto crucial y clave. Sin ella nada es posible. Los discursos y las buenas intenciones no resuelven la pobreza, la marginalidad y el atraso. Y las políticas de inclusión requieren de mucho dinero disponible, si es que estas son realmente políticas claras y sinceras. La educación como la salud, son beneficios sociales que significan muchas inversiones económicas en construcciones, equipamientos, salarios, etc. Miles de millones de dólares. Pero necesarias si realmente el Estado quiere entregar a sus poblaciones oportunidades para mejorar la economía, las condiciones de vida y las posibilidades productivas a todas las regiones. Las experiencias mundiales al respecto son interesantes, desde las sociedades socialistas hasta las capitalistas como los países nórdicos o asiáticos como Corea del Sur. Sociedades que han hecho de sus Estados precisamente instrumentos de desarrollo y progreso, ofertando oportunidades a las poblaciones más vulnerables. Grados importantes de socialización de recursos económicos, que tienen impactos fuertes en el conjunto de la sociedad. En esa línea y excusa, que el Pacto Fiscal en Bolivia, sea una buena excusa para un nuevo Contrato Social entre sus regiones y el Estado central.

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