por: José Luis Exeni Rodríguez
Hasta el momento en que envío esta columna (jueves, final de la tarde), el Tribunal Supremo Electoral sigue dilatando innecesariamente la decisión sobre la demanda de cancelación de la personería jurídica de Unidad Demócrata por haber violado la prohibición legal de difundir encuestas electorales propias. Los afectados, en tanto, con el candidato beniano Ernesto Suárez a la cabeza, presionan con piquetes de huelga de hambre. Es evidente que la resolución del TSE tendrá severos efectos políticos.
La trama es muy simple: UD, como organización política, por boca de su comedido jefe de campaña en Beni, violó de manera inequívoca la prohibición establecida en el Artículo 35, parágrafo I, inciso c) de la Ley del Régimen Electoral vigente. No puede alegar, en descargo, el desconocimiento de la norma. Tampoco que la sanción sea “desproporcionada”. Ni menos que el asunto, como acaba de “descubrir” el lazartismo con cinco años de retraso, debiera remitirse al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La prohibición a las organizaciones políticas de difundir datos de encuestas contratadas por ellos mismos está vigente desde el año 2010. Y responde al principio fundamental de evitar el uso instrumental de las encuestas para fines de campaña. En principio todas las organizaciones políticas y candidaturas, entre ellas UD, cumplieron la norma en las pasadas Elecciones Generales de octubre. El problema surge ahora cuando se evidencia la magnitud de la sanción: pérdida de personería jurídica.
¿Por qué UD, a sabiendas, violó la Ley electoral? ¿Qué llevó a su jefe de campaña en Beni, Carmelo Lens, a hacerlo en conferencia de prensa? Circulan tres versiones, todas ellas objeto de sospecha. La primera, que el abogado Lens no leyó bien la Ley o, si lo hizo, no le importó. La segunda, que Lens, de manera premeditada, decidió perjudicar a Suárez en venganza por haberlo desplazado de la candidatura a gobernador. Y la tercera, que UD armó el asunto para llevar al ya desportillado TSE al límite.
Como sea, lo evidente es que, alterando el panorama electoral a pocos días de los comicios, un terrible misil ha caído en la Plaza Abaroa. Y toca al TSE definir de qué lado va a estallar. Tampoco tiene muchas opciones. La Ley es clara en los mentados artículos prohibitivo y sancionatorio. Lxs vocales no tienen forma de evadirla. Y no hay interpretación posible. A lo sumo podrían establecer un criterio técnico de aplicación para definir el alcance de la sanción contra UD: nacional o acotada al Beni.
La gran pregunta ahora es qué harán los Demócratas tras perder su personería jurídica y, por tanto, quedar fuera de las elecciones del próximo domingo. El todavía candidato Suárez ya dio una pista: seguirá haciendo campaña por sí mismo. “Aunque no estemos en carrera electoral, vamos a mostrarle al país porqué nos sacaron”, anunció. Ello significa que llamará a votar por UD, lo que implica la anulación del voto. El propósito es desportillar la legitimidad del próximo gobernador beniano.
Los usos de las encuestas (in)habilitadoras se han situado pues en el centro del debate político–electoral. Y la resolución del TSE sentará jurisprudencia, sea para una futura reforma normativa, sea para que nunca más las organizaciones políticas –y sus Carmelos– violen la Ley de una manera, digamos, tan “cándida”.
Deja un comentario