diciembre 4, 2020

Formar una comisión para saber la verdad

La creación de una Comisión de la Verdad se presenta como una necesidad para reconstruir la memoria de una sociedad maltratada por un pasado reciente, ¿cómo buscar la reconciliación nacional, sin tener justicia?

Desde hace ya algunos años, las luchas por la memoria de los desaparecidos políticos de la última dictadura militar tienen una importancia decisiva en el escenario de Bolivia y de toda América Latina. El clamor de justicia de los familiares de las víctimas, han conducido en diferentes países la creación de comisiones investigadoras de la verdad que pretende ser un informe con conocimiento sobre la amplitud de las desapariciones y asesinatos para elaborar una verdad pública sobre lo ocurrido. “El objetivo de formar una Comisión es tener un organismo independiente que investigue los hechos y sugiere sanciones o resarcimiento, porque no es un poder paralelo que tenga poder de decisión”, señalan Nila Heredia y Ruth Llanos en conversación con La Época, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (ASOFAMD).


La Época (LE).-¿Qué expectativas tiene con la formación de una “Comisión de la verdad”?

ASOFAMD.- 
Queremos que sea una instancia independiente, formada por personalidades de reconocida trayectoria ética, donde no estén ni el Estado ni las víctimas. No obstante, formaremos un consejo de apoyo con toda la información que recolectamos durante estos años y si hay alguna víctima en la comisión, será por su trayectoria y no por su calidad de víctima.


LE.-En diciembre de 2013, el Senado aprobó la conformación de una Comisión, ¿qué sucedió con esa ley?

ASOFAMD.-
 Es una ley que está muy mal hecha, mal planteada, donde se determina que los integrantes de esa comisión deberían ser miembros del Ministerio de Defensa, Gobierno, Justicia, RR.EE., Asofamd y otras organizaciones de víctimas. En enero de 2014, Asofamd revisó en detalle esa ley y consideró que no cumple con los estándares de lo que debe ser una buena comisión, que tiene serios problemas en cuanto a su composición, alcance y los objetivos que plantea. Queremos una nueva ley que sea clara, que no incluya a organizaciones de víctimas y tampoco a agentes estatales. Como Asofamd, insistimos en que esa ley no nos representa. En Washington cuando estuvimos en la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). en marzo pasado, trabajamos 12 horas por una comisión autónoma, independiente, con capacidad de autonomía administrativa, financiera, descentralizada y con autoridad nacional.


LE.- ¿Por qué la ley se aprueba en el Senado y se detiene en la Cámara de Diputados?

ASOFAMD.- 
Porque aprobaron sin leer. Porque si uno lee los informes el Ministerio de Justicia, se nota que hay un desconocimiento total primero de lo que significa la normativa internacional, las experiencias internacionales de Comisiones de la Verdad, no revisan, no comparan, y es que hay lecciones aprendidas. Es una copia prácticamente de la constitución del comité del CIEDEF que se formó cuando gobernaba Sánchez de Lozada. Además hay una confusión fatal en el Ejecutivo, y es que ellos creen que son “defensores” y que son víctimas. Y por tanto quieren actuar en calidad de defensores y no en calidad de Estado que tiene la obligación de defender, de garantizar el derecho, no es Evo el que cometió las violaciones pero está en representación del Estado.

LE.- ¿Ustedes no apoyaron el resarcimiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada?

ASOFAMD.- 
Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que era neoliberal pero se mostraba interesado por los DDHH, a través del diputado Fernando Kieffer aprobó la ley de resarcimiento económico. Esta ley termina dividiéndonos porque entre los reglamentos que exigen para poder acceder a la indemnización, pedían que se documente que la gente ha sido perseguida, detenida y torturada. Esto es imposible en algunos casos, ya sea porque lograron evadir la prisión o no tienen testigos de haber sido torturados o violados. Por eso, respetamos a quienes aceptaron esta compensación pero nosotros luchamos por la investigación, la justicia y la reivindicación de los compañeros. En el caso de la Comisión, ellos insisten en que debe haber una representación de las víctimas, sin embargo, nosotros hemos peleado porque solo sea de “verdad y justicia” y ellos han incluido la “reparación”.


LE.- Como víctimas, ustedes están decididas a no ser parte de la Comisión, ¿quiénes serían los actores?

ASOFAMD.- 
Tenemos un planteamiento que además está aprobado por nuestra organización, queremos que sean cinco personas de reconocida trayectoria que tengan realmente un reconocimiento de la sociedad civil, de la parte estatal, de que son personas probas. Entendemos que van a hacer un trabajo muy difícil, complicado, pero no creemos que necesariamente tengan que ser expertos en derechos humanos, ¿por qué? Por ejemplo, en la Argentina Ernesto Sábato no era un experto en derechos humanos y lo hizo bien, condujo –con todas sus limitaciones– un informe final.

LE.- En Argentina hay una secretaria de DD.HH. que depende del Estado.

ASOFAMD.-
 Lo que pasa es que la Comisión de la Verdad ha generado todo eso pero, quién debe ejecutar esas políticas es el Estado. Si ese Estado, como en Argentina, está conduciendo y generando otra cantidad de políticas y procesos, alguien tiene que hacerse cargo, ese es el Ejecutivo y no el Parlamento.


LE.- ¿Y cuál es la relación del Ejecutivo con ustedes?

ASOFAMD.-
 En lo personal, muy bien, pero como Estado se ha desentendido y mira a las víctimas desde la ventana del Ministro de Justicia, pensando que todo el mundo anda buscando plata. Y eso nos ha enojado. En Washington la ministra presentó un informe muy malo sobre el tema de resarcimiento económico. Informe con mentiras también.


LE.- ¿Por qué se decide llevar a Bolivia a la CIDH?

ASOFAMD.- 
Como Asofamd en el año 2008 llevamos a Bolivia a la Corte, porque el CIEDEF no funcionaba, fue muy duro el debate que tuvimos en ese momento. Pero lo decidimos porque no se hacía nada desde hace tres años. Se habían acumulado varios casos y las familias estaban cada una por su lado. En el medio surgió lo del resarcimiento de medio millón de dólares. Entonces evaluamos y dijimos que no puede ser que solamente por los recursos financieros hagamos una pelea, la tenemos que hacer estructural y tenemos que tener una respuesta integral.

Entonces hicimos y llevamos los casos. La audiencia actual fue un seguimiento porque también queríamos llamar la atención a la Corte de que nos habíamos presentado. Pero además estaba el tema de que en este tiempo la CIDH tiene una actitud muy especial, muy ligada a Amnistía y que ha sacado publicaciones del tema bastante sesgadas, entonces en esta audiencia en que los otros grupos iban a ir con Amnistía –nosotros no íbamos a ir– concluimos participar ya que la actitud de esa comisión iba a ser mucho más hostil y sesgada. Pensamos que teníamos que ir para generar un espacio más coherente con el propio Estado, que no confunda a todos en una misma bolsa y al mismo tiempo se posicione y ubique.


LE.- ¿Cómo ven la coyuntura del proyecto de Comisión?

ASOFAMD.- 
Hemos logrado que el Plan Nacional de Derechos Humanos incorpore para este año la aprobación de una ley de la Comisión de la Verdad, y para el próximo año pretendemos una Comisión de la Verdad funcionando. Por eso, este año queremos socializar la ley entre los sectores que fueron golpeados y que han perdido la memoria de sus masacres, héroes y mártires. Necesitamos un trabajo político con las organizaciones matrices. También necesitamos un trabajo político con los nuevos diputados y senadores de esta legislatura, que no saben nada de Comisiones de la Verdad ni sobre el pasado, queremos trabajar internacionalmente para aprender y no repetir los errores de otras comisiones y sacar las mejores experiencias.

Si el próximo año tenemos aquello nos parece que el 2017, que se cumplen los 50 años de la muerte del Che, estaríamos teniendo un Informe. Esa es nuestra meta, tener un Informe en el 2017. Aunque el objetivo político es que a nivel de movimientos sociales entiendan qué fue y es una dictadura.

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