por: Fernando Mayorga
La relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno del MAS se han modificado de manera sustantiva desde la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, involucrando a la institución militar en tareas de desarrollo
| Desde el ascenso de Evo Morales a la presidencia en 2006, las relaciones entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y el gobierno del MAS han sufrido notables transformaciones, no obstante en su seno no se han producido modificaciones institucionales de importancia. Esas transformaciones son resultado de la implementación del proyecto político del MAS en, por lo menos, dos aspectos relevantes: la nacionalización de los recursos naturales y las empresas públicas que restituye el rol protagónico del Estado en la economía, y la política internacional que está marcada por el distanciamiento respecto al gobierno de Estados Unidos y el establecimiento de estrechos vínculos con Venezuela y Cuba. Esos temas desplazaron la importancia del debate sobre el rol de la institución militar –y también el papel de la entidad policial– en la Asamblea Constituyente. De esta manera, algunas instituciones del anterior orden estatal no sufrieron cambios sustantivos en el nuevo texto constitucional, me refiero al presidencialismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre todo las instituciones encargadas del “orden social” y la “seguridad y defensa nacional”. Recién en el transcurso del año pasado se produjeron algunos acontecimientos en torno a la demanda de “descolonización” que pusieron en evidencia el rezago en la adaptación de las Fuerzas Armadas al Estado Plurinacional. Nacionalización y papel de las Fuerzas Armadas en la política del desarrollo La nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006 constituye un punto de inflexión en la labor de las Fuerzas Armadas con relación a su vínculo con las políticas de desarrollo. En el pasado, la institución militar estuvo ausente en la implementación de la política económica neoliberal, es más, algunas empresas de su propiedad sufrieron las consecuencias negativas de la ola privatizadora de los años ochenta y noventa. Tampoco objetó la política de capitalización de las grandes empresas estatales impulsada en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada pese a que alguna empresa (como la de ferrocarriles) estaba vinculada a temas de defensa y fueron concedidas a empresas con presencia de capitales chilenos. Empero, las tareas de las Fuerzas Armadas adquirieron un nuevo predicamento desde el 1 de mayo de 2006, pero no se trata de un hecho novedoso puesto que existe una suerte de “memoria nacionalista” en la institución castrense que proviene de anteriores experiencias de nacionalización de empresas extranjeras en el sector de hidrocarburos y que fueron ejecutadas por gobiernos militares: Gral. David Toro en 1936 y Gral. Alfredo Ovando en 1969. Su participación en la “toma” de instalaciones de las empresas petroleras en mayo de 2006 fue meramente simbólica pero implicó el inicio de una serie de tareas inéditas para la institución militar puesto que varios oficiales fueron incorporados al ministerio de Hidrocarburos, a instancias directivas de YPFB, y en los directorios de las compañías petroleras extranjeras en representación del Estado boliviano. Asimismo, miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en el reparto del bono Juancito Pinto y en las campañas alfabetización promovidas por Cuba y Venezuela. Por otra parte, el discurso gubernamental vinculó la modernización y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a su participación en el “proceso de cambio”, es decir no se trata solamente de recuperar una memoria nacionalista sino de conjugarla con las orientaciones indígenas del nuevo modelo estatal –en concreto, la descolonización y el Vivir Bien– y los valores de la democracia. Al margen de la adopción de un lema afín a la revolución cubana: “patria o muerte, venceremos” –que desde hace unos años se adjunta al tradicional dicho: “subordinación y constancia” proferido por las tropas– la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en la política de nacionalización produjo una resignificación del accionar militar en el pasado reciente (octubre de 2003), marcado por el estigma de la represión. Esta resignificación fue puesto de manifiesto por Evo Morales, desde su primera gestión gubernamental, cuando declaró: “Ustedes nunca han sido responsables de una confrontación interna. Sino [que] intereses externos, ajenos, impuestos desde arriba, importados desde fuera, les han dado un mal uso a las Fuerzas Armadas” (Los Tiempos, 8 de agosto de 2006). Finalmente, la modernización y el fortalecimiento institucional también se expresaron en la adjudicación de obras de infraestructura de manera directa –sin licitación– al Instituto Geográfico Militar y al Comando de Ingenieros del Ejército para la construcción de caminos, escuelas y otros trabajos civiles (Decreto Supremo 28759 del año 2006) y en el ofrecimiento de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las Fuerzas Armadas para la creación de un fondo dirigido a potenciar su rol en las fronteras. La última decisión presidencial al respecto corresponde al segundo trimestre de este año pero fue planteada en varias oportunidades en los últimos cinco años. En suma, la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno del MAS se han modificado de manera sustantiva desde la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 involucrando a la institución militar en tareas de desarrollo. Empero, este panorama de colaboración contrasta con la ausencia de reformas institucionales en el seno de la institución castrense. Reforma militar sin lugar en el proceso constituyente El debate pre-constituyente sobre la reforma en el ámbito militar se refirió a la modernización, tanto en términos de infraestructura y renovación tecnológica, como con relación a sus estatutos y su rol institucional. En este último caso, debido a los luctuosos hechos acaecidos en octubre de 2003 se desató una polémica respecto al carácter de la legislación militar puesto que las Fuerzas Armadas contaban –y cuentan en la actualidad– con leyes y códigos propios, los vocales que administran justicia no son juristas y los fiscales militares se nombran sin procesos de selección, además, no dependen de la Fiscalía General. Es decir, existe una suerte de “fuero militar” pese a que varios generales y oficiales fueron condenados a la cárcel por su participación en las acciones de represión en octubre de 2003. Con todo, a pesar de la existencia de una fuerte retórica sobre la transformación del Estado, la reforma militar no ocupó un lugar importante –ni secundario, como veremos más adelante– en la agenda de la Asamblea Constituyente, tampoco era un asunto crucial para la opinión pública puesto que ocupaba el último lugar en las encuestas que consultaban sobre los temas cruciales que debían ser considerados por la Asamblea Constituyente. El resultado, notable por cierto, es que no existe ninguna diferencia –solamente escasas adecuaciones formales– entre el acápite referido al Régimen Militar en la anterior constitución y en texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional. En el decurso del debate constituyente salió a relucir la irrelevancia de la reforma militar –y policial– puesto que en la Comisión de Defensa y Seguridad se produjo una confrontación entre constituyentes que “representaban” a policías y militares, en torno a la aprobación de informes. La disputa surgió porque un informe proponía artículos que limitan la labor de las Fuerzas Armadas a la seguridad externa planteando que “solo en casos de conmoción interna, cuando exista riesgo de que la Policía sea rebasada en su capacidad operativa… apoyarán y coordinarán las operaciones de restablecimiento del orden público”. Otro informe planteaba la desconcentración de la Policía en entidades especializadas bajo dependencia de distintas instancias gubernamentales, una propuesta apoyada por las Fuerzas Armadas pero cuestionada por policías en retiro, quienes realizaron una huelga de hambre en señal de protesta. Así, la directiva de la Asamblea Constituyente optó por rechazar ambos informes y las negociaciones entre oficialismo y oposición se encaminaron por una solución salomónica: mantener la redacción del Régimen Militar y del Régimen Policial. Sin embargo, el asunto de la obligatoriedad del servicio militar –pese a que tampoco fue modificado– siguió siendo motivo de debate y adquirió nuevos matices cuando, en 2005, el Estado boliviano se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a incorporar en la legislación militar el derecho a la objeción de conciencia respecto del servicio militar. Empero, en 208 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un proyecto de ley que ratificó el carácter obligatorio del servicio militar y rechazó la objeción de conciencia. En el trasfondo de este tema se encontraban otros aspectos del funcionamiento de la institución militar que salieron más adelante poniendo en cuestión la vigencia del nuevo orden constitucional en su seno; me refiero a la “descolonización”, uno de los ejes discursivos del Estado Plurinacional. Descolonización, derechos ciudadanos y Fuerzas Armadas Antes de la implementación de la nueva CPE, el tema dominante era la “inclusión étnica” en los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, una demanda que fue encarada con la inscripción de 25 indígenas –20 varones y 5 mujeres– como cadetes en el Colegio Militar del Ejército como parte de una política dirigida a “desterrar la exclusión social, étnica y de género”. Fue una política que contó con el apoyo de becas otorgadas por algunos países europeos como resultado del debate en torno a la multiculturalidad en las Fuerzas Armadas. Era una respuesta a una situación de exclusión social porque, en el pasado, los indígenas solamente podían postular a la Escuela de Sargentos y no así a la formación como oficiales, poniendo en evidencia una de las facetas de la discriminación étnica. A esa política institucional de “descolonización” de las Fuerzas Armadas se pueden sumar algunos eventos inéditos que tenían un fuerte componente simbólico, me refiero a la participación de las organizaciones indígenas en actos militares convencionales, desfiles o paradas militares, que en su momento provocaron intensos debates políticos respecto al uso de símbolos indígenas, como la wiphala, en actos oficiales. En suma, la demanda de inclusión indígena fue respondida con una política institucional de apertura y la participación de las organizaciones sociales en desfiles militares concluyó con la adscripción de los pueblos indígenas a la bandera tricolor, y una vez adoptados ambas banderas como símbolos oficiales del Estado Plurinacional también mermaron, hasta desaparecer, los desfiles mixtos. Después de un lapso de relativa inercia, el tema de la descolonización volvió a aparecer en escena, pero esta vez fue como resultado de un conflicto interno en las Fuerzas Armadas. En el primer semestre de 2014, sargentos y suboficiales se movilizaron en las calles para demandar la “descolonización” de las Fuerzas Armadas y la existencia de “igualdad de derechos” entre los miembros de la institución en el tema de ascensos y escalafón, es decir, la vigencia de la Ley contra toda Forma de Racismo y Discriminación, a la cual deberían adecuarse los estatutos de las Fuerzas Armadas. Esa protesta provocó una crisis institucional y el Alto Mando ordenó la destitución de centenares de uniformados y la detención de los suboficiales que encabezaron las protestas. Estos siguen detenidos bajo tutela de un tribunal militar pese a que existen varias conminatorias del Tribunal Departamental para que revise sus decisiones denotando la vigencia de una suerte de “fuero militar” que es reconocido por la CPE. En síntesis, las Fuerzas Armadas no fueron motivo de reforma institucional pese a que se diseñó un nuevo modelo de Estado. Asimismo, aunque el Estado Plurinacional y sus leyes concomitantes –como la norma que penaliza el racismo y la discriminación– están en proceso de implementación desde hace varios años, la adaptación institucional de las Fuerzas Armadas al nuevo orden estatal es lenta y contradictoria. La descolonización no ha sido asumida como política institucional y, más bien, fue planteada como demanda mediante movilizaciones de sus miembros de menor rango, un hecho que, lejos de propiciar un fructífero debate interno sobre la reforma institucional militar, ha provocado el reforzamiento de posturas conservadoras y anacrónicas. En ese sentido, la reforma militar y la adecuación institucional de las Fuerzas Armadas al Estado Plurinacional sigue siendo una tarea pendiente. Cochabamba, 24 de abril de 2015 * Fernando Mayorga, sociólogo y Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en la UMSS. |
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