noviembre 26, 2020

El juicio a Costas

por: José Luis Exeni Rodríguez

Siete años, siete. Con indolencia a prueba de cinismo, el pasado jueves se reanudó el juicio por malversación de recursos públicos contra el gobernador reelecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y 27 de los suyos. Semejante demora procesal reafirma el bochornoso dato de la retardación de justicia en el país, por un lado, y la forma instrumental en la que se (re)activan y/o archivan los procesos judiciales, por otro. El “reinicio” duró poco: el mismo jueves en la tarde la audiencia fue suspendida.

¿De qué se trata el asunto? Es muy simple. Costas & Cía están siendo enjuiciados por haber utilizado recursos públicos (Bs. 10 millones), de la entonces Prefectura de Santa Cruz, en la realización de un “referendo” ilegal. Fue en mayo del año 2008, cuando en su afán de abortar la aprobación del nuevo texto constitucional, las élites cruceñas impusieron una consulta para validar un estatuto departamental in-cons-ti-tu-cio-nal. Lo hicieron desconociendo también la institucionalidad electoral.

En su defensa, los imputados alegan “con orgullo” que la consulta tenía legitimidad (el simbólico “Cabildo del millón”), que fue un hecho histórico, que abrió cauce al proceso autonómico departamental… Todo ello es cierto. Pero no niega el hecho evidente de que, como autoridades, usaron recursos públicos en un referendo que si bien podía gozar de “presunción de constitucionalidad”, se convocó y administró al margen de la Ley del Referendo. Y ello, claro, genera responsabilidades.

Más todavía. Es importante recordar que el “modelito” de la élite cruceña de elaborar velozmente un estatuto departamental inconstitucional y forzar su “aprobación” en una consulta ilegal, fue replicado/calcado por las élites de Tarija, Beni y Pando. En estos tres casos, pues, también hubo malversación de recursos públicos. Así se armó el caballo de batalla de la “Media Luna” en aquel agitado 2008 (el año que vivimos en peligro), como sostén/preludio de la posterior toma de instituciones.

Siete años. Tan lejos y tan cerca. ¿Hemos olvidado acaso que con su “proceso estatuyente”, en clave de trinchera, las élites conservadoras del país jugaron su carta más sincronizada y fuerte para bloquear el proceso constituyente? ¿No quedó claro que apostaron todo por “sus” estatutos departamentales, para blindar privilegios, y no querían una nueva Constitución Política del Estado? Ahí están, como operadores, el enjuiciado Costas, el derrotado Suárez, el procesado Leopoldo, el fugitivo Cossío…

¿En qué estamos hoy, cuando apenas recordamos el hecho por una noticia suelta sobre las fallidas audiencias en el juicio contra Costas y sus colegas? ¿Se ha cerrado ya este episodio cuyas expresiones extremas fueron la Masacre de Porvenir y la célula terrorista/separatista de Rózsa, ambos casos también malogrados/retenidos en el vergonzoso órgano (per)judicial? ¿No será necesario activar la memoria, no en clave de vendetta o ajuste de cuentas, sino como fundamental aprendizaje democrático?

Igual queda en agenda la paradoja del estatuto departamental de Santa Cruz que, luego de haber sido izado como bandera, hoy está empolvado por la incapacidad de Costas y los suyos –unos blandos, otros duros– de concertar su adecuación al texto constitucional. Siete años. “Sólo una cosa no hay. Es el olvido”, como bien decía Borges.

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