noviembre 27, 2020

Reconstrucción institucional

por: Verónica Rocha

Es preciso recapitular que tanto oficialismo como oposición han sido afectados, durante los recientes procesos electorales, por decisiones del TSE.

Para tristeza de pocos, desquite de otros, alegría de muchos y pérdida de todos, la coyuntura actual parece apuntar a que, finalmente, la crisis en la que estaba sumida el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha desatado. Y ésa es la mejor referencia literal que se le puede hacer a lo que pasa en estos días, producto de una crisis latente de aproximadamente cinco años y que se venía ahondando desde hace 10 meses, en la máxima instancia electoral. Se espera que al día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral se encuentre liberado de la incompetencia y esté más bien inaugurando un proceso de reestructuración institucional, demandado con urgencia.

Una clave fundamental sobre la que debe arrancar este proceso, que debe encabezar la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que está obligado a involucrar la mayor cantidad de voces desde la sociedad, es la de otorgar certidumbre acerca de la realización de los referendos autonómicos el próximo 28 de julio. De éstos, cinco son de nivel departamental y cinco de nivel municipal (dos de ellos de autonomías indígenas); lo que hace que, según la normativa electoral y sobre autonomías, puedan ser perfectamente administrados por los tribunales departamentales electorales que continúan con un normal funcionamiento. Arribar a la convocatoria de estos referendos ha sido un camino que la norma ha hecho por demás largo y complejo, sobre todo para los municipios que esperan constituirse en autonomías indígenas; es por ello pero también porque es necesario dar señales de que el Órgano Electoral Plurinacional no queda paralizado, por lo que hay que garantizar la realización de estos procesos ya convocados.

Otra clave es la de no sembrar dudas en torno a un recambio institucional urgente, con base en las necesidades políticas coyunturales ni por parte de los unos ni de los otros. Esto es, concretamente, evitar generar cualquier incertidumbre sobre el actual padrón electoral o la constitución de gobiernos en todos los niveles, producto de la deslegitimación de procesos electorales pasados.

Para ello, existen instancias correspondientes y todas ellas -a esta altura- se encuentran por fuera del Órgano Electoral. En ese sentido, es preciso recapitular que tanto oficialismo como oposición han sido afectados, durante los recientes procesos electorales, por decisiones -acertadas o no- del TSE.

Una clave más consiste en la necesidad de asumir este proceso de reconstrucción institucional con cimientos en lo andado, que es bastante y es valioso. Quizás uno de los errores que fue cometido al calor del horizonte de la construcción de un nuevo Estado Plurinacional fue el de aplicar la lógica del “borrón y cuenta nueva” en algunas instancias. Han sido varias las alertas que, desde la opinión publicada y desde la pública, se lanzaron para señalar que la misma era innecesaria siendo que bastante se ha andado ya en las décadas anteriores.

Esto refiere concretamente a que no sólo el país exigirá que el proceso de selección de vocales para el nuevo TSE sea lo más meritocrático, plural y transparente posible, sino que también debiera contemplar la idea de recuperar lo más valioso posible de una extinta Corte Nacional Electoral; en tanto sujetos, ideas y funcionamiento; siempre en apego, claro, a la nueva normativa electoral (y con la misión de completar con urgencia este “paquete” normativo).

Finalmente, todas estas claves debieran coincidir para erigirse sobre el cimiento histórico más poderoso de nuestra democracia, que es la cultura electoral de nuestra población; y armonizarse en busca del objetivo mayor que más que nunca se constituye en anhelo: el horizonte de la democracia intercultural.


* Tomado del sitio web de la Escuela Nacional de Formación Política.

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