noviembre 29, 2020

México: La partidocracia de la muerte

por: David Barrios Rodríguez

Las irregularidades ocurren en el marco de un sistema político, que de manera cada vez más frecuente, militariza distintos actos y rituales públicos para contener el repudio de la población.

Los procesos electorales más recientes en México (2006, 2009, 2012), tienen tras de sí episodios de fraude electoral abierto y prácticas sistemáticas y generalizadas de corrupción como la compra de votos masiva, o el voto clientelar duro (como el que efectúa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su partido Nueva Alianza), esto por señalar aquellos que se han dado con posterioridad a la “transición a la democracia”, es decir, desde el año 2000.

Al mismo tiempo, con especial énfasis desde la década pasada, ha sido notoria la creciente imbricación entre las estructuras del Estado mexicano y el llamado “crimen organizado”. Muy diversos ejemplos tenemos de ello, siendo la masacre de Iguala de septiembre pasado, seguida de la desaparición de 43 normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el testimonio más elocuente de esta tragedia; caso que en contra de lo expresado por el gobierno federal no constituye la excepción, sino el parámetro con el cual se puede calibrar lo que ocurre en otros lugares del país.

En aquellos crímenes, aún impunes, existe evidencia de la participación, en distintos grados y modalidades, del ex Alcalde José Luis Abarca, policías municipales, federales, el propio ejército mexicano, así como una variedad de funcionarios públicos menores.

La crisis del sexenio de Enrique Peña Nieto, potenciada por los acontecimientos en Iguala, pero marcada en términos generales por el descontento social, el incremento de la violencia (que en caso de seguir la tendencia superará los más de 100 mil asesinatos de la gestión de su predecesor) y el descrédito de las instituciones, tenía como reto mayor la realización de las elecciones en este año. Resultaba del todo necesario que el sistema político intentara “legitimarse” o al menos sostenerse. Para ello se recurrió a personajes como Lorenzo Córdova, investigador de la UNAM y “líder de opinión” quien fue elegido como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, tan sólo unos días antes de la elección, y a través de la filtración de una llamada telefónica, supimos que en privado se mofaba de los pueblos indígenas con los que tiene que interactuar en su carácter de funcionario público. El racismo que se evidenció con ello contrastó con la invitación realizada por el INE a la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, cuya fundación recibió 10 mil dólares directamente de la dependencia electoral (además de otros 40 mil a cuenta de instancias privadas por concepto de una conferencia) por participar como “observadora” del proceso electoral en Guerrero; donde, entre otras cosas, alentó a la población a participar en las elecciones y conminó a los padres de los normalistas desaparecidos a decir la “verdad” sobre las actividades de sus familiares desaparecidos. Las declaraciones emitidas el mismo día que se cumplieron ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes, generaron malestar por la acusación solapada en ellas.

En este 2015, los diez partidos que concurrieron a las elecciones federales, además de aquellos con presencia exclusivamente local, y los candidatos independientes (quienes participan de manera legal por vez primera en este tipo de procesos), contendieron por más de 2 mil cargos entre diputaciones locales y federales, alcaldías, ayuntamientos, jefaturas delegacionales en la capital del país, así como 9 gubernaturas de los estados de la República. Además de ello estaban convocadas a votar alrededor de 82 millones de personas que cuentan con credencial para votar y están inscritas en el padrón electoral.

Se utilizaron ingentes recursos del presupuesto público para llevar a cabo estas elecciones que, entre otras cosas, destinó a las campañas políticas más de 7 millones de spots publicitarios en los medios de difusión masiva, durante los 8 meses que duró el proceso electoral en su conjunto y alrededor de un mes ya con candidaturas definidas. Esto además de toda la propaganda colocada en las calles, llamadas telefónicas promoviendo a las y los candidatos, así como toda aquella que circula por las llamadas redes sociales.

Durante las campañas también hubo distintos episodios de violencia, cada vez más diluidos por la normalización de este tipo de eventos, pero queremos resaltar algunos elementos que destacan de éstos. Al menos una veintena de personas fueron asesinadas durante el proceso electoral entre precandidatos, candidatos, integrantes de las campañas, funcionarios o exfuncionarios, militantes de los partidos políticos en contienda, familiares o acompañantes de las víctimas. Tan sólo dos días antes de la elección, el viernes 5, en Xalapa, Veracruz, bastión del priísmo [1] más añejo, un comando de encapuchados, armados con tubos, machetes y palos ingresó a una reunión de jóvenes estudiantes y los golpeó salvajemente con el objeto de incrementar el terror de la población que, como en otros lugares del país, proviene de la actuación de los grupos del llamado “crimen organizado”, las fuerzas del estado y de grupos paramilitares.

Al mismo tiempo, diversos sectores sociales en distintos puntos de México convocaron al boicot de las elecciones, por un lado retirando la propaganda de los partidos, y por otro, evitando la instalación de las casillas electorales. Además, paquetes electorales con boletas, actas y demás, fueron sustraídos y quemados en los días previos a la cita electoral así como el propio 7 de junio. En estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otros, organizaciones sociales lograron evitar la instalación de las casillas, lo que se saldó con decenas de personas detenidas, heridas y, como ocurrió en el caso de Tlapa, en el estado suriano de Guerrero, la muerte por herida de bala de Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) el propio día de las votaciones.

Las irregularidades mencionadas ocurren en el marco de un sistema político, que de manera cada vez más frecuente, militariza distintos actos y rituales públicos, para contener el repudio de la población, como la toma de posesión del Ejecutivo, los informes presidenciales, las sesiones del Congreso, donde se han discutido y aprobado las llamadas “reformas estructurales”, y como en la elección del último 7 de junio, rito de legitimación del régimen.

Los resultados de la jornada electoral nos dicen que la desconfianza y desinterés de la población en estos procesos es creciente: la estrategia del anulismo, que en México tiene varias intencionalidades (una de ellas es evitar el fraude electoral), mostró un despunte histórico, pues de acuerdo a las cifras oficiales, esta superó a 4 de los partidos en contienda: Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y el Partido Humanista, estos dos últimos incluso perdieron el registro. Los votos nulos llegaron de esta manera a la cifra de 1.900.000, que sumado a la abstención de alrededor de 40 millones de personas, da cuenta de la escasa credibilidad del sistema político mexicano.


* David Barrios Rodríguez, investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM (México).

1 Adherentes del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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